Qué fue de la ley de protección integral de violencia contra las mujeres

A seis años de la sanción de la Ley de protección integral de violencia contra las mujeres 26.485, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó un informe que señala cuál es el nivel de implementación y efectividad de las acciones que siguieron a su aplicación.

Según el análisis, hubo un avance en la creación de herramientas y en la implementación de políticas, pero su coordinación, cobertura y alcance con cuestionables. “La violencia contra las mujeres no se resuelve con leyes solamente”, precisa el informe. Y agrega: “Deben ser acompañadas por políticas públicas eficaces”.

Las siguientes conclusiones se  precisan en el informe:

•    La ley marcó el inicio de un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia hacia las mujeres en la Argentina. Sin embargo, no existe un plan nacional contra la violencia, “aprobado, con amplia difusión pública y cuyo monitoreo y evaluación  pueda hacerse a través de la verificación de información pública”.

•    Hay una falta de sistematización de datos estadísticos sobre la forma en la que incide y prevalece la violencia, así como sobre las políticas implementadas en el país. La información es fundamental para diseñar, implementar y monitorear políticas adecuadas, y la ley establece como responsable de su generación y difusión al Estado. Según el informe, la información disponible es “poca y desarticulada”, ya que no hay ningún organismo del Estado que la centralice. En cambio, existe información dispersa en diferentes sitios. En 2012, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para tener un diagnóstico real sobre la violencia de género en la Argentina, pero no ha habido difusión sobre los avances de ello.

•    Una de las acciones más importantes llevadas a cabo por el CNM fue la creación de una línea telefónica para llamadas gratuitas de alcance nacional. Sin embargo, ELA destaca que existe una gran disparidad geográfica y de recursos en su aplicación. Mientras que en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se registran 1051 centros de atención (40 por cada 100 mil habitantes), en otras provincias no llegan a ser 100, como en Formosa, donde se registran 87 centros (16 por cada 100 mil habitantes).

•    Se señala como un avance la inclusión en el Código Penal de la figura del femicidio como delito o agravante, pero insiste en que, aun así, no se produce información específica sobre esa forma de homicidio.

•    En el informe, se destaca la inclusión en la ley del concepto de “violencia simbólica”, como la que se produce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos. Pero advierte, asimismo, que los medios de comunicación aún reproducen estereotipos que justifican el delito y responsabilizan a las víctimas.

La ley no estableció un presupuesto en particular para la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino que se desprende del presupuesto general de la Nación. El informe destaca la falta de datos concretos referidos al presupuesto asignado a esos programas, y precisa que el Estado no informa sobre lo ejecutado cada año para la lucha contra la violencia de género (para más información, ver “Cuánto se destina a luchar contra la violencia de género“).