Aportantes que no cierran: tres funcionarios de ARBA pidieron a la Justicia salir del listado de donantes de Scioli

Tres funcionarios bonaerenses declararon ante la Justicia que fueron incluidos en el listado oficial de aportantes del Frente para la Victoria (FpV) sin que hayan puesto un sólo peso para la campaña presidencial del candidato Daniel Scioli. El dato, presente en los informes financieros finales de las elecciones primarias que hoy analiza el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE), confirma las irregularidades detectadas por Chequeado y detalladas en la investigación publicada el 23 de octubre último.

Paso a paso: de la denuncia a las rectificaciones

El 24 de septiembre último, tres de las 204 personas del listado original que desaparecieron con la primera rectificación del FpV se presentaron ante el área de Control Patrimonial de la Secretaría Electoral de la Capital Federal, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, para denunciar que ellos no habían puesto dinero alguno para la campaña de la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini.

Ellos son Julio Noguera, Martín Miraglia y Mónica Diez, que desconocieron “haber realizado el aporte de pesos veinte mil ($ 20.000) a la Alianza Frente para la Victoria Orden Nacional”, como consta en las fojas 154, 155 y 156 del expediente Nº CNE 4829/2015 de dos cuerpos al que Chequeado tuvo acceso. Además, los tres solicitaron “la remoción de su nombre y sus datos personales del listado de aportantes del informe”, de acuerdo con las tres impugnaciones que la Secretaría Electoral redactó con un mismo formato y sin pedir detalles ni precisiones sobre las irregularidades denunciadas por Noguera, Miraglia y Diez.

Los tres son funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Según la agenda oficial de ARBA y su página de LinkedIn, Noguera se desempeña como jefe del Departamento de Arquitectura, mientras que Miraglia es uno de los administradores de las bases de datos de ARBA y Diez es programadora de sistemas de la Agencia. Todos figuraban aportando $20.000 cada uno a la fórmula Scioli-Zannini, algo que rechazaron ante la Justicia.

El 25 de septiembre, un día después de las denuncias, las autoridades partidarias del FpV presentaron una rectificación, la cual fue oportunamente analizada por Chequeado.

El resultado fue que un total de 204 personas (incluyendo 182 funcionarios de ARBA) desaparecieron del listado, al tiempo que 213 nombres nuevos hicieron su ingreso en el informe rectificado, como revela este análisis. En este segundo informe el monto final de aportes privados declarado fue exactamente el mismo que en el primero: $26.018.060. La mayor parte de los nuevos agregados pertenecen a tres áreas del Gobierno bonaerense: la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Producción bonaerense y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia.

“Los cambios son muy llamativos, por la exacta correspondencia en el monto de los aportes y por la pertenencia de la mayoría de los supuestos aportantes a la planta de empleados de reparticiones públicas”, señaló Delia Ferreira Rubio, abogada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y miembro de la organización Transparencia Internacional.

Además, la especialista en financiamiento partidario planteó dos hipótesis que podrían aplicarse al caso y violarían la ley: “La aparición de los nuevos donantes podría significar que estos habían donado efectivamente y el FpV ocultó la información al presentar el informe, es decir no reportó todas las donaciones recibidas como ordena la ley. O, como segunda opción, que los nuevos aportantes podrían ser también ficticios como los aportantes originales ahora reemplazados. La mecánica elegida sería la de encubrir aportes reales a través de aportantes ficticios provenientes de la guía telefónica, el padrón electoral o, en este caso, la planta de personal de una oficina pública”.

Las explicaciones: un error ‘involuntario y fortuito’

¿Cuál fue la explicación que brindaron las autoridades del FpV ante la Justicia? Que el primer listado incurría en una serie de “errores”, ya que incluyó los nombres de los “invitados a una cena de recaudación” (un argumento oficial diferente al mencionado acá), y no todos terminaron poniendo plata para la campaña del partido gobernante.

Según argumentan los responsables financieros del FpV en la foja 217 del expediente, los datos vertidos en el primer informe “no reflejan de manera verosímil la realidad de los aportes privados recibidos, toda vez que se ha incurrido en un error humano de carácter involuntario y fortuito durante su carga masiva desde un archivo de Excel armado con posibles invitados a una cena de recaudación, y por ende posibles aportantes, quienes finalmente no asistieron ni hicieron aporte alguno a la campaña electoral, siendo incorporados a la carga por equivocación”.

“Producto de esta confusión”, además, “se omitió informar en tiempo y forma a determinados aportantes, los cuales sí corresponde incorporar”, explica la nota presentada el 17 de septiembre que lleva las firmas de Rodolfo Garrido (responsable económico-financiero) y Néstor Leguizamón (apoderado). Ambos ratificaron y dijeron que no agregarían ningún otro comentario a lo dicho en el expediente Nº CNE 4829/2015.

Sin embargo, esta no es la única versión de lo que ocurrió. El mes último, Chequeado recibió dos denuncias de empleados de la agencia de recaudación provincial que pidieron el anonimato y denunciaron haber sido incluidos en el listado de aportantes del FpV sin haber entregado un solo peso, además de haberse negado ante un superior a ser parte del listado.

“A mí me ofrecieron figurar como donante del Frente para la Victoria, ante lo cual yo manifesté que no estaba de acuerdo y me negué. En algunas áreas se planteó en grupo, los reunieron y les plantearon la situación, en otras fue uno a uno”, contó una funcionaria provincial de ARBA, quien se vio sorprendida cuando algunos días después encontró su nombre dentro de la lista oficial publicada. “Luego de que me alertaran sobre esta situación, le pedí a mi jefe que me sacaran. Siempre he tenido una actitud apolítica dentro de la Agencia y nunca me había encontrado ante esta situación”, agregó.

Este último punto es central, ya que el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe que las alianzas políticas reciban “contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores”.

Consultado por Chequeado, el gerente general de Administración de ARBA, Pablo Delgado, desmintió que haya habido algún pedido por parte de directivos de ARBA para que gerentes, subgerentes, directores o empleados pusieran plata en la campaña.

El Cuerpo de Auditores tiene, según la ley de financiamiento, 210 días para realizar la auditoría de los estados contables de los partidos políticos e informar los resultados. Sin embargo, el Cuerpo no chequea la identidad de todos los aportantes, sino que realiza una selección aleatoria para determinar la veracidad de la identidad de los donantes. Vencido el plazo, la jueza con competencia electoral -en este caso Servini de Cubría- tiene 30 días más para resolver y emitir una resolución.

“Si yo fuera el juez o el fiscal convocaría a todos y cada uno de los nuevos aportantes para que ratificaran el aporte y además investigaría su declaración impositiva y el movimiento de su cuenta de sueldo y otras cuentas bancarias para verificar que figuren debidamente declarados los aportes -sugirió Ferreira Rubio y concluyó-. Además, libraría orden a la repartición pública para que envíe las liquidaciones de sueldo en el período correspondiente a efectos de verificar si el aporte se hizo a través de descuento por planilla de pago”.

Esta nota contó con la colaboración de Manuel Tarricone (@ManuelTarricone).

Además: De la Sota finalmente develó el nombre de sus aportantes.

Chequeado en el expediente.