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Justicia a destiempo

El acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en forma expresa en la Constitución Nacional desde 1994. Este derecho es un requisito para el ejercicio de otros muchos, entre ellos, el derecho al voto.

Conocer a los verdaderos aportantes o desenmascarar a los donantes ficticios de la campaña de la fórmula del Frente para la Victoria, que aparece primera en intención de voto en todas las encuestas y fue la única que presentó un informe rectificador de aportantes ante la Justicia con importantes cambios, parece una información relevante para los votantes antes de los comicios.

Sin embargo, y pese a que la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos lo garantiza, la jueza federal porteña con competencia electoral, María Servini de Cubría, decidió no responder antes de las elecciones del domingo el pedido de acceso a las impugnaciones presentadas por ciudadanos que realizaron hace 11 días hábiles Matías Di Santi y Federico Poore como periodistas de Chequeado.

La respuesta judicial de la semana última de que faltaba una resma de hojas para proceder a la entrega no puede menos que interpretarse como una excusa o dar lugar a la risa (o al llanto).

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