Acuerdo con el FMI: qué compromisos y proyecciones prevé el acuerdo y cómo evolucionaron esas variables

La Cámara baja debate el proyecto de ley mediante el cual se busca ratificar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que se busca refinanciar el crédito que el país obtuvo en 2018, durante la gestión de Cambiemos.

Además de los desembolsos y los plazos, el entendimiento incluye objetivos que el Gobierno argentino debe cumplir y otras metas generales que no son de cumplimiento obligatorio.

En esta nota, repasamos cuáles son los compromisos asumidos por el Gobierno nacional y cuál es, hasta ahora, su desempeño en esas variables.

La clasificación del acuerdo

El entendimiento distingue, principalmente, entre 2 tipos de metas: los criterios de desempeño (o de ejecución cuantitativo) y las metas indicativas cuantitativas. Las primeras son “condiciones específicas y cuantificables que han de cumplirse en las revisiones pactadas; siempre se refieren a variables macroeconómicas que están bajo el control de las autoridades, como los agregados monetarios y de crédito, las reservas internacionales, los saldos fiscales o los préstamos externos”, describe el texto del acuerdo.

Las metas indicativas, por otro lado, “comprenden a los indicadores cuantitativos que facilitan la evaluación de los avances realizados para cumplir los objetivos de un programa, o cuando no pueden definirse criterios de ejecución”. Es decir, se trata de metas que facilitan las revisiones y evaluaciones, pero no condicionan la refinanciación por parte del organismo.

Los criterios de desempeño y su situación actual

Déficit primario. El Gobierno se comprometió a reducirlo al 2,5% del PBI en 2022 (en 2021 fue del 3%); 1,9% para 2023; y 0,9% para 2024. En este aspecto en particular, el Estado argentino lleva al menos una década de resultados negativos, es decir, de más gastos que ingresos. La cifra más alta se alcanzó en 2020, el año de la pandemia, con un déficit primario de 6,5%.

Asistencia del BCRA al Tesoro. En el documento también se acordó una reducción de la asistencia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro, hasta llegar a una instancia de financiamiento 0. Las metas son del 1% del PBI en 2022; 0,6% en 2023 y 0 en 2024.

La asistencia del BCRA había bajado en los primeros años de la gestión de Cambiemos, pasando de un 4,3% del PBI en 2015 a un 0,2% en 2018. Sin embargo, creció en el último año de Mauricio Macri al 2,9% y en 2020, año de la pandemia, llegó a su pico del 8,1% del PBI. En 2021 se redujo al 4,6% del PBI, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Acumulación de reservas del BCRA. Se planteó un objetivo para 2022 de crecimiento de US$ 5.800 millones; US$ 4 mil millones para 2023; y US$ 5.200 millones para 2024.

Actualmente, el Banco Central registra US$ 37 mil millones. La cifra total registró una fuerte caída después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2019, en las que se impuso el Frente de Todos. Entre las PASO y las elecciones generales las reservas totales pasaron de US$ 66.300 millones a US$ 43.400 millones. Desde entonces registraron subas y bajas, aunque las fluctuaciones fueron más moderadas.

El acuerdo también prevé metas de cumplimiento para lo que se conoce como “deuda flotante” (las obligaciones pendientes de pago) y al pago de la deuda externa.

Metas indicativas y proyecciones macroeconómicas

Por fuera de los compromisos que el Estado argentino debe cumplir en cada una de las revisiones del Fondo para recibir los desembolsos, el acuerdo establece algunas “metas indicativas” que facilitan las revisiones y evaluaciones, pero -como se dijo- no condicionan la refinanciación por parte del organismo. Entre esas metas se encuentran las de mantener un piso de recaudación (ingresos reales) y un piso de gasto del Gobierno federal en “asistencia social”, que incluye la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el programa Progresar.

Por otro lado, además del déficit primario y de las reservas internacionales, se incluyen otras proyecciones macroeconómicas que están previstas como parte del programa pero que no son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, inflación y crecimiento del PBI.

Inflación. El acuerdo también contempla una reducción gradual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estima una inflación de entre el 38% y el 48% en 2022; del 34% al 42% en 2023 y del 29% al 37% en 2024. La Argentina viene de años de alta inflación: en 3 de los últimos 4 años los precios aumentaron más de un 47% anual. Y en 6 de los últimos 8 años la inflación fue superior al 36%.

PBI. El programa prevé una expansión del PBI de entre el 3,5% y el 4,5% en 2022; de entre el 2,5% y el 3,5% en 2023 y entre el 2,5% y el 3% en 2024. Si bien la economía argentina repuntó en 2021 y registró un crecimiento superior al 10% anual, venía de 3 años seguidos de recesión.

Subsidios energéticos. Este ítem tampoco es de cumplimiento obligatorio ni figura como un compromiso asumido por el Gobierno argentino, pero es parte de las estrategias para cumplir la meta de déficit.

El entendimiento prevé una reducción del 0,6% del PBI en subsidios energéticos. En 2021 representaron un 2,3% del producto, por lo que en 2022 deberían bajar a 1,7%, misma cifra que la registrada en 2020. Los subsidios a la energía se habían reducido en la gestión de Cambiemos: entre 2017 y 2019 la proporción osciló entre un 1,1% y un 1,3% del PBI. Entre 2013 y 2016, por otra parte, los subsidios representaron entre el 2,3% y el 2,8% del producto.

¿Cumplible o no?

De las metas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir de forma obligatoria, la que generó más dudas es la del déficit. “Me parece que era posible antes de la guerra de Ucrania. Hay que importar mucho petróleo y gas por el tema energético. En esa línea complica la meta del déficit fiscal, pero en líneas generales no era una meta ni demasiado ambiciosa ni muy difícil de cumplir. Dentro de todo, era una meta que con esfuerzo se podía cumplir”, señaló en una entrevista en Bloomberg el economista Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews y ex funcionario del Ministerio de Economía durante las Presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Un informe de la consultora PxQ, que dirige el economista Emmanuel Álvarez Agis -secretario de Política Económica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-, coincidió en que la meta de reducción de subsidios no parece alcanzable: “La pauta de reducción de 0,6% de subsidios a la energía requiere aumentos nominales de tarifas que, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, duplicaban las pautas contenidas en el memorándum”.

Sin embargo, el informe aclara que el acuerdo incluye un compromiso de duplicar la obra pública en términos reales. “Es probable que este compromiso no se pueda (o no se quiera) cumplir y que eso compense la dinámica de los subsidios”, señala.

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