Acuerdo de Escazú: qué avances se están dando en la implementación del primer tratado ambiental de la región

La Argentina es el país anfitrión de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, que entró en vigencia en 2021, pretende garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es, además, el primer acuerdo ambiental vinculante de América Latina y el Caribe.

Hasta el viernes próximo, autoridades y representantes de los países que forman parte del acuerdo se reúnen en Buenos Aires para elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado. 

Otro de los temas a tratar será el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales, que es de especial relevancia dado que América Latina es la región más peligrosa para activistas ambientales, según datos del último informe de la organización Global Witness. 

En esta nota te contamos qué es el Acuerdo de Escazú, qué se debate en esta segunda COP y qué avances se están dando en la implementación del tratado ambiental.

Qué es el Acuerdo de Escazú que la Argentina ratificó

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Busca otorgar garantías a los ciudadanos en 3 ejes: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

El tratado fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigencia el 22 de abril de 2021. Por el momento, este acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los 33 de la región. Y son 15 los Estados parte que ya han ratificado el acuerdo, entre los que está la Argentina. 

Desde su entrada en vigencia, 3 países nuevos han ratificado el acuerdo: Chile, Granada y Belice. Entre los grandes ausentes está Costa Rica, uno de los países que lideró la creación del acuerdo, y Brasil y Perú, países amazónicos. Por su parte, en Colombia el presidente Gustavo Petro firmó la ratificación, a la espera de la aprobación de la Corte Constitucional.

El Acuerdo de Escazú establece que los ciudadanos pueden pedir información en asuntos ambientales a las autoridades competentes sin mencionar motivo y recibirla con un plazo máximo de 30 días. Gracias a este tratado, los ciudadanos también tienen el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones vinculados a proyectos y actividades que puedan tener un impacto importante sobre el ambiente o la salud humana. 

Asimismo, el acuerdo pretende garantizar la seguridad de los defensores ambientales. América Latina es la región más peligrosa para las personas que defienden el medio ambiente. Según el último informe de la ONG internacional Global Witness, en 2021 más de tres cuartas partes de los ataques registrados a defensores ambientales ocurrieron en esta región. 

En este sentido, Stephanie Cabovianco, fundadora de Climate Save Argentina, afirmó a Chequeado que el acuerdo “es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental y un tratado de derechos humanos, de especial importancia para los grupos y comunidades más vulnerables”.

Qué se debate en esta reunión extraordinaria

Hasta el próximo viernes, se realiza la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes en Buenos Aires, que se podrá seguir en vivo. El objetivo principal de esta reunión es elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado. 

Como explicó a Chequeado Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este comité es un órgano subsidiario que se encargará de ayudar a los países del tratado a que implementen “de manera plena el acuerdo”. Entre sus funciones, según señala Nápoli, está la de atender las denuncias por parte del público de la región en relación al ejercicio de sus derechos. 

Se trata de un órgano “de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo”, como indica en este artículo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En esta página web se pueden consultar las candidaturas. Cabovianco señaló que de entre los 10 candidatos serán elegidos 7 “según criterios de conocimiento del Acuerdo, distribución geográfica equitativa, paridad de género y trayectoria jurídica”. Este comité será el encargado de examinar el cumplimiento (o no) del acuerdo, formular recomendaciones y acompañar a los países en su implementación, según detalló la especialista.

En la reunión también habrá una sesión dedicada a continuar con el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales, el cual está previsto que se apruebe en la próxima Conferencia de las Partes, según indicó Nápoli. 

Asimismo, según Cabovianco, la reunión es importante para revisar el progreso del Acuerdo de Escazú desde su entrada en vigor en 2021. También para “identificar los desafíos y oportunidades para la implementación efectiva del acuerdo (incluyendo financiamiento), promover la inclusión de nuevas partes y fortalecer la cooperación regional, además de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales”.

Cómo se avanzó en la implementación del acuerdo

Según afirmó Cabovianco, desde la primera reunión de la Conferencia de las Partes los avances principales que se han dado han sido la reelección de 6 nuevos representantes del público y la próxima elección del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.

En lo que respecta a la Argentina, Nápoli aseguró que todavía “hay que poner en marcha los procesos de implementación”. Para el especialista, es necesario constituir organismos especializados para coordinar a las más de 80 instituciones del Estado que tienen competencias ambientales.

Donde se ha avanzado más, según Nápoli, es en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y en la acción de la justicia. Por ejemplo, la FARN incluyó el Acuerdo de Escazú en los considerandos argumentativos de su solicitud de información a la petrolera YPF sobre los impactos ambientales de Vaca Muerta. El fallo resultó favorable para la organización en julio de 2019. 

Además, en el año 2022 se puso en marcha una consulta pública para recoger las inquietudes y observaciones de la ciudadanía sobre proyectos de exploración offshore en el Mar Argentino. “Los pasos que se están dando son escasos todavía, pero se está en la senda de cumplir con el acuerdo”, afirmó Nápoli.