Claves para entender el sistema ferroviario
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) publicó entre 2011 y 2012 dos informes sobre la evolución y la situación actual del transporte en la Argentina. Ambos documentos incluyen una serie de datos sobre inversión y subsidios que resultan importantes retomar para entender cómo funciona el sistema ferroviario, luego del accidente ocurrido ayer en la estación Once.
Tras las reformas en la década de 1990 y la crisis de 2001, dos hechos significaron cambios estructurales para el transporte ferroviario argentino: el congelamiento de tarifas, consecuencia de la ley de emergencia económica (ver nota: “Ley de Emergencia Económica:características fundamentales”), y la separación vertical del servicio. El congelamiento de los precios “significó un freno a la inversión privada e implicó que los servicios comenzaran a requerir subsidios” estatales, explica el informe “Un transporte para la equidad y el crecimiento” (ver PDF). En segundo lugar, agrega el texto, “se produjo una reforma institucional (…) que implicó separar la gestión de la infraestructura de la prestación del servicio”.
Esta situación creó un sistema de concesiones parcialmente subsidiadas, con planes de inversión financiados mayormente por el Estado, como se observa en los siguientes datos:
- El Estado Nacional destinó en 2011 una suma de $17 mil millones para subsidiar el servicio de transporte. Esto equivale al 1% del PBI y al 30% del gasto total en subsidios por parte del Estado (Castro, Lucio. “El ABC de los subsidios al transporte”).
- El subsidio a los concesionarios de trenes y subterráneos del área metropolitana de la CABA representó en 2010 el 22% del gasto estatal en transporte ($13 mil millones). Sólo por encima se ubicó el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) -43% del total-, un fondo inicialmente destinado a gastos de infraestructura pero que actualmente se utiliza para subsidiar a las empresas de transporte urbano de pasajeros, según datos de CIPPEC en base a información de la Secretaría de Transporte de la Nación.
- Se estima que, en la actualidad, el 70% de los ingresos de los prestadores de servicio de transporte público urbano proviene del subsidio (Barbero, José. “Un transporte para la equidad y el crecimiento”).
- El informe destaca que en los últimos siete años “la inversión (en infraestructura) quedó fundamentalmente en manos del sector público nacional, y si bien ha crecido considerablemente -pasó de 0,15% del PBI en 2002 a 0,7% en 2009-, no ha logrado dar respuesta al aumento de la demanda”.
- La inversión en transporte, además, explicó en 2009 más del 70% de la Inversión Real Directa (IRD) pública en la Argentina. Los servicios sociales siguen en importancia, con un lejano 16 por ciento.
Evolución de la composición de la Inversión Real Directa (IRD) pública por principales rubros y como porcentaje del PIB, 1993-2009
Fuente: Elaboración de CIPPEC sobre la base de datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) e INDEC (2011).
Por último, el especialista en transporte, José Barbero, en su texto “Aportes para una estrategia nacional de movilidad y logística” (2011), subrayó importantes deficiencias estructurales en el sistema ferroviario argentino, como:
- Escasa modernización de la infraestructura y material rodante.
- Incertidumbre regulatoria en el marco de las concesiones, que “ha desincentivado inversiones y acciones comerciales agresivas por parte de los concesionarios”.
- “Se subsidia a los transportistas y proveedores sin garantías que su oferta sea eficiente, ni que la ayuda pública llegue efectivamente a quienes más lo necesitan”, concluye el texto.
Chequeado.com reproduce textos de otras organizaciones en otros medios cuando contribuyen a la verificación del discurso público.
Comentarios
Gracias
Empresarios desinteresados que tienen mas negocios en el exterior que aca. Gobiernos complices e impunes. Sindicatos viciados, con lideres que comparten negocios con las empresas concesionarias.
Se pagan millones por administrar un servicio que el estado puede hacer mejor.
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