Cómo funciona el sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina

La aprobación de una nueva moratoria previsional en la Argentina, la decisión del Gobierno nacional de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES venda sus títulos de deuda en dólares y las protestas en Francia a raíz de la reforma previsional que eleva de manera gradual la edad de jubilación fueron 3 hechos que dispararon nuevamente los interrogantes acerca de la viabilidad de los sistemas previsionales y del futuro de las jubilaciones. 

En esta nota te contamos cuáles son las características de nuestro sistema previsional, cuántos jubilados hay actualmente en la Argentina, cómo se define el ingreso al sistema y cuánto cobran. 

¿Qué tipos de sistemas de jubilación existen?

Los 2 sistemas de jubilación más comunes son los de capitalización y de reparto. 

El régimen de capitalización consiste en que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, quienes invierten ese dinero para generar intereses. A su retiro, el trabajador contará con el resultante de ese ahorro más los intereses generados. 

En la Argentina este sistema funcionó entre 1993 y 2008, con las AFJP. Y actualmente está vigente en varios países, como Chile y Colombia.  

En tanto, el régimen de reparto consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financien las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional. Este es el actual sistema que funciona en el país desde 2008, cuando se eliminó el sistema de capitalización y los fondos de las AFJP pasaron a formar parte del FGS, durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). 

¿Quién paga las jubilaciones?

Dentro del sistema previsional de nuestro país conviven varios esquemas de jubilaciones y pensiones. Según señaló a Chequeado Julián Folgar, economista y analista de investigación del Banco Mundial, “el sistema público de reparto está muy fragmentado, con muchos subsistemas adentro”. 

Por un lado se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen sistemas provinciales, que nuclean a empleados públicos de las provincias y los municipios; esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y cajas profesionales, como la de los abogados o los médicos. 

Si bien originalmente cada provincia administró su propio sistema, algunas de esas cajas actualmente están bajo control del Gobierno nacional. Rafael Rofman, especialista en temas previsionales, indicó a Chequeado que “en la década del 90 hubo convenios por los cuales 10 provincias transfirieron el régimen provincial al nacional”, dado que mantenían un fuerte déficit en sus cuentas.  

 

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¿Qué son los regímenes especiales?

No todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con sistemas previsionales especiales ya sea por la edad mínima de retiro (por ejemplo, en el caso de actividades consideradas insalubres, como la minería), los años de aportes (se exige una menor cantidad que los 30 años del régimen general), el nivel de haberes (las jubilaciones son más altas) o las reglas de movilidad (el tipo de actualización al que están sujetas). 

En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales: docentes, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, docentes universitarios, personal del Servicio Exterior, trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio y personal de policía y servicios penitenciarios provinciales cuyas cajas fueron transferidas a la Nación. 

De acuerdo con los datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) que publica la ANSES, el 90,3% de los más de 6,7 millones de beneficios jubilatorios pertenecen al régimen general, mientras que el 5,6% provienen de regímenes anteriores al actual sistema de jubilación y el restante 4,2% a sistemas especiales, siendo el de docentes no universitarios (2,6% del total) el más numeroso. 

Rofman indicó a este medio que además “existen unos 200 regímenes de excepción”, que -a diferencia de los 7 mencionados más arriba- se encuentran enrolados dentro del sistema general de jubilaciones, pero cuentan con algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. 

Las diferencias entre los regímenes especiales y el general son claras: mientras que el 86,6% de los haberes del régimen general (6 millones de beneficios) no supera los $ 100 mil, el 60,9% de los 662 jubilados del Servicio Exterior cobra entre $ 1 y $ 2 millones, y el 65,5% de los casi 7.300 beneficiarios del Poder Judicial percibe entre $ 400 mil y $ 1 millón. 

Al respecto, Folgar señaló que, si bien en estos regímenes de excepción los beneficiarios aportan un mayor porcentaje de su salario con respecto a los trabajadores del régimen general, “estos subsistemas son deficitarios y el Tesoro nacional debe transferirles fondos”. Y agregó que “esto provoca una suerte de subsidios cruzados”, por el cual los trabajadores del régimen general terminan financiando las jubilaciones de un sector que comparativamente tiene mayores beneficios.

¿Cuántas personas cobran una jubilación en la Argentina?

Según los últimos datos del BESS (correspondientes a diciembre de 2022), en el sistema nacional administrado por la ANSES hay 5,5 millones de personas que cobran 6,7 millones de beneficios jubilatorios. Esto se debe a que una persona puede estar cobrando más de un beneficio, como un haber y una pensión por viudez. 

De ese total, el 47% (2,5 millones de personas) cobra el haber mínimo (establecido en $ 58.665 en marzo, con un bono extra de $ 15 mil). En tanto, el 17% de los jubilados percibe haberes de entre $ 58 mil y $ 100 mil, mientras que el 27,9% cobra hasta $ 200 mil, el 5% cobra hasta $ 300 mil, y el 2,7% restante por encima de esos montos. 

Los aumentos de las jubilaciones se realizan de forma trimestral a partir de una fórmula de movilidad que, como se explicó en esta nota, fue cambiando en el tiempo. 

¿Qué plantea la nueva moratoria previsional?

El Congreso de la Nación aprobó este año una nueva moratoria previsional, que consiste en un plan de facilidades de pago para que aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes obligatorios puedan acceder al beneficio. Una vez que reciban sus haberes, se les descontará el 29% en concepto del pago de la deuda en hasta 120 cuotas. 

De acuerdo con estimaciones del Gobierno nacional, el nuevo plan permitiría incorporar al sistema a 800 mil personas que actualmente tienen la edad para jubilarse, pero no cuentan con los aportes suficientes. 

Según datos oficiales, el 61,4% de los actuales jubilados (más de 3,4 millones de personas) accedió al beneficio a través de una moratoria. De ese total, el 63,7% cobra el haber mínimo o menos.

Las sucesivas moratorias contribuyeron a un mayor acceso al sistema previsional. Como muestran los datos oficiales, entre 2001 y 2006 el número de beneficios previsionales se encontraba en descenso, pero a partir de entonces experimentó fuertes aumentos, con un pico del 33,8% registrado en 2007, como efecto de la primera moratoria, aprobada en 2005. En este punto, Folgar señaló a Chequeado que “las diferentes moratorias duplicaron la cantidad de beneficiarios”. 

La sustentabilidad del sistema previsional argentino

Rofman indicó a este medio que el sistema previsional argentino “tiene virtudes muy importantes” ya que se está “protegiendo a casi toda la población de adultos mayores”. Sin embargo, agregó: “Hay un gran problema: es muy ineficiente la forma de hacerlo. En lugar de ser pensado para que sea sostenible, tiene una colección de reglas y parches que hace que el costo de la cobertura sea altísimo y la inequidad, también”. 

En un trabajo publicado por el Banco Mundial, Folgar indicó que “en la Argentina, el gasto público en pensiones es similar al de países desarrollados, cuyo grado de envejecimiento poblacional es sensiblemente más alto”. Y sostuvo que, “con 12% de la población mayor a 65 años, la Argentina gasta en pensiones (como porcentaje del PIB) un nivel similar a países como Japón, Alemania o Finlandia, donde la proporción de población mayor es cerca del doble”.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, actualmente en la Argentina hay 10,3 millones de aportantes al sistema previsional y 5,5 millones de jubilados. Esto implica una relación de 1,86 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional. 

Folgar dijo a Chequeado que “históricamente se solía decir que se deben tener 3 activos por cada pasivo” para que el sistema se autofinancie. Sin embargo -agregó-, “eso fue cayendo con el tiempo por la debilidad del mercado laboral, por cuestiones demográficas y en el último tiempo por la moratoria previsional”. 

En efecto, según los datos del especialista, actualmente los aportes laborales sólo cubren el 55% de los gastos previsionales (que en conjunto superan el 10% del PBI). El 45% restante proviene de aportes del Tesoro nacional. En 2009 (año en el que se alcanzó el mayor porcentaje de cobertura), el 89% de los aportes provenían de los trabajadores. 

En el estudio publicado por el Banco Mundial, Folgar señaló que “entre mediados de los 2000 y 2020 el gasto público previsional en Argentina se ha virtualmente duplicado”. Y agregó: “Luego de tocar el mínimo de 5,1% del PIB en 2005, el presupuesto del sistema de pensiones en su totalidad entró en un sendero expansivo hasta llegar a cerca de 11% del PIB en 2020”. 

Según el especialista, este aumento no tuvo su correlato en la recaudación previsional. “La densidad de los aportes es cada vez menor, y la calidad también, porque se trata de muchas personas que tienen aportes muy bajos, como los monotributistas”.

En efecto, como se explica en esta nota, la expansión del mercado laboral en los últimos años estuvo sostenida mayormente por la creación de puestos de trabajo precarizados, en los que las contribuciones son escasas (en el caso de que el trabajador pague el monotributo) o nulas.