¿Cómo se financian nuestros gobernantes para llegar al poder?

“Limitar las donaciones en efectivo a montos pequeños, permitir que empresas y sindicatos aporten a las campañas con reglas claras, y alentar a las provincias a que regulen el tema”, son algunas de las conclusiones de un informe publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una organización dedicada al estudio de políticas públicas, que analizó el financiamiento de la política en la Argentina.

Algunos de los principales datos del informe son:

En la Argentina, de acuerdo con la ley de financiamiento electoral, los partidos políticos y las campañas electorales se financian de dos maneras: a través de aportes públicos y/o privados.

En el caso del financiamiento privado, los aportes no pueden ser anónimos o provenientes de sindicatos, empresas públicas y concesionarias de servicios, asociaciones profesionales, juegos de azar y del extranjero. En períodos de campaña, las personas jurídicas tampoco pueden donar, así como también existen topes de aportes (en 2015 persona física $3,5 millones y jurídica $1,7 millones).

En las elecciones generales de 2015 la alianza Cambiemos fue la que más gastos declaró (arriba de los $90 millones), con la mayor parte proveniente de aportes privados y con sólo más de $10 millones de aportes públicos. Con casi la mitad de los aportes de Cambiemos se encuentra el Frente para la Victoria (FpV), que dividió equitativamente sus gastos entre aportes privados y públicos.

Fuente: Cippec en base a datos de la Cámara Nacional Electoral.

Algunos de los hallazgos son:

Hubo un incremento de los aportes privados declarados en efectivo con respecto a las elecciones anteriores. En 2015, el 99% de los aportes fueron en efectivo, mientras que en 2011 habían representado el 92% y en 2007, el 88 por ciento. Según explica Cippec, este mecanismo “garantiza el anonimato del donante”, “no se puede controlar ni saber si el dinero es legal o no” y “facilita el lavado de dinero”. Otras formas de donación, como la bancarización, volverían más transparente la financiación de la política, según destaca en este video la organización.

Los gastos declarados en la elección general presidencial de 2015 no son los reales. María Page, coordinadora del Programa de Instituciones Políticas de Cippec, explicó en esta investigación publicada por Chequeado que los partidos políticos en la Argentina incurren en una “enorme subdeclaración de ingresos y gastos”, ya que las actividades desplegadas en la campaña no pueden cubrirse con los montos que se declaran oficialmente. A tal punto que, como se ve en el siguiente gráfico, en 2015 no se alcanzaron los topes previsto por ley.

Fuente: Cippec en base a datos de la Cámara Nacional Electoral.

Tanto en las elecciones generales de 2007, como en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y generales de 2011 y 2015, existió un predominio de los aportes públicos en las campañas electorales. Esto indica, según Cippec, que “no se reconoce que la política cuesta dinero y que hay actores dispuestos a pagar por ella”, como las empresas y sindicatos, por ejemplo, cuyas donaciones están restringidas por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La mayoría de las provincias no cuenta con una ley de financiamiento: sólo Salta, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Mendoza lo regulan. A pesar de que sí existe una ley a nivel nacional, la inexistencia de regulaciones subnacionales facilita la evasión.

Las recomendaciones de Cippec para mejorar el sistema de financiamiento electoral argentino incluyen:

Alentar a las provincias a que regulen el financiamiento para las elecciones provinciales y municipales limitar las donaciones en efectivo a montos pequeños, poner plazos de campaña realistas, permitir que empresas y sindicatos aporten a las campañas con reglas claras, disponer la información inmediata de ingresos y gastos, y regular la publicidad oficial y prohibir los anuncios y actos de gobierno durante la campaña electoral.