Crisis del empleo formal en la Argentina: las causas detrás del fenómeno

En los últimos años en la Argentina se produjo un proceso de reconversión del empleo que derivó en un incremento de los trabajos informales en detrimento de los formales. Este último, a su vez, mostró un aumento mayor del empleo estatal y el monotributo frente al empleo privado. 

Actualmente, el 48,3% de los trabajadores son asalariados formales (es decir, que cobran un salario y cuentan con descuento jubilatorio, vacaciones pagas y otros beneficios sociales), mientras que el 46,5% tiene empleos informales.  

En tanto, al interior del empleo formal, desde 2012 el trabajo registrado privado aumentó 3%, mientras que el público creció un 38,9% y el trabajo independiente (que agrupa a autónomos y monotributistas), un 45,3%.

Según datos oficiales, la evolución del empleo formal se encuentra en la Argentina muy vinculada al desarrollo del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, un estudio de la consultora Invecq (dirigida por los economistas Esteban Domecq y Santiago Bulat) muestra que en los últimos años esa relación se deterioró. Es decir, que el crecimiento de la economía argentina crea menos puestos de trabajo que antes. 

¿A qué se debe este fenómeno? El trabajo, elaborado para el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA),  propone que el divorcio entre el crecimiento de la economía y la generación de empleo privado responde a una excesiva rigidez en las normas de contratación de personal, una baja productividad, el elevado costo laboral no salarial, el aumento de juicios laborales, y la falta de capacitación. 

En esta nota repasamos las razones por las cuales se resintió la relación histórica existente entre el crecimiento y la creación del empleo formal. 

La productividad laboral, en caída

De acuerdo con datos de Invecq, la productividad laboral (la cantidad de bienes o servicios que se producen por hora trabajada) cayó un 13% entre 2011 y 2023. En cambio, a nivel mundial este indicador aumentó 18%. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que en 2023 nuestro país se ubicó en el puesto 60 en el ranking de productividad laboral (medido en dólares según la Paridad de Poder Adquisitivo -PPA-), sobre un total de 176 países. 

En este listado nuestro país se ubicó por encima de la mayoría de Sudamérica, a excepción de Uruguay, que se encuentra en el puesto 55. 

Nuria Susmel, economista de la consultora FIEL -que preside Daniel Herrero-, aseguró que la productividad argentina “es baja para el nivel de impuestos al trabajo que existen”, y explicó que en este escenario, “los costos laborales y toda la carga impositiva que es alta juega en contra”. 

Por su parte, Santiago Bulat, economista en jefe de IDEA y director de Invecq, dijo a Chequeado que “en la Argentina la economía no crece -tenemos el mismo PIB que en el año 2011- y la cantidad de trabajadores que entran al mercado laboral crece todos los años”. 

Y agregó: “Esa relación hace que produzcamos lo mismo pero cada vez con más gente y  no al revés, como pasa en el promedio global. La explicación principal es la falta de inversión que incrementa los niveles de productividad de la economía”.

Baja competitividad laboral

Los últimos datos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), muestran que en 2019 la Argentina se encontraba en el puesto 83 sobre 141 países analizados en un ranking de competitividad, por debajo de Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos y Suiza, entre otros. 

Este ranking mide las facilidades de las empresas para desarrollar su actividad en cuestiones tales como regulaciones estatales, mecanismos de resolución de conflictos, protección de la propiedad privada, infraestructura, fuerza de trabajo, mercados y sistema financiero, entre otros puntos. 

Sin embargo, en lo que respecta a la flexibilidad laboral (que contempla específicamente costos indemnizatorios por despidos, prácticas de contratación y despido, flexibilidad en la determinación del salario y derechos de los trabajadores, entre otros) nuestro país se ubicó 136 sobre 141 países, según WEF. 

Argentina, líder en costos no salariales de América Latina

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define los costos no salariales como los adicionales que deben abonarse en una relación laboral registrada. Esto se compone por “los beneficios adicionales obligatorios (tales como bonificación y licencias remuneradas) que un trabajador asalariado tiene derecho a recibir de acuerdo con la legislación, las contribuciones obligatorias para financiar la seguridad social y otros beneficios y una las provisiones para el despido”.

De acuerdo a datos del organismo para 2014, la Argentina era el país de América Latina con el mayor costo no salarial promedio, llegando al 70% de los salarios. 

Invecq actualizó estos datos para 2024, y nuestro país continúa como el de mayor costo no salarial de la región con un 67%, por encima de Brasil (62%), Uruguay (61%), Chile (58%), Colombia (54%) y Paraguay (44%). 

Bulat señaló a este medio que “Argentina tiene costos laborales no salariales elevados con relación a la región y muchas veces las trabas para despedir personal en casos recesivos hacen que tampoco se quiera expandir el personal en momentos de crecimiento, por lo que significa pagos inciertos que pueden ejecutarse hacia adelante”. 

Aumentan los juicios laborales, pero no los accidentes o despidos

Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), la cantidad de juicios laborales aumentó 122,1% entre 2010 y 2023.

Si se tiene en cuenta la cantidad de personas asalariadas registradas (es decir, que se encuentran en relación de dependencia), la proporción de juicios laborales por cada mil habitantes aumentó 96,7%. 

En el mismo período, sin embargo, la cantidad de accidentes laborales se redujeron 4,4% y el número de despidos sin causa cayó 2,7 puntos porcentuales, según la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo de la Nación, que incluye al 60% de los asalariados. 

Este contenido forma parte de un proyecto conjunto entre Chequeado y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) para contribuir a elevar la calidad del debate público a través de la verificación de datos.