Cuáles son los principales puntos del acuerdo entre la Argentina y el FMI

El Gobierno nacional presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para que el Congreso ratifique el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permitirá a la Argentina refinanciar los vencimientos por el préstamo de US$ 45 mil millones concedido durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos). 

En esta nota te contamos cuáles son las principales características del nuevo acuerdo, qué compromisos asume la Argentina en materia económica y qué debe ocurrir para que sea ratificado.

El nuevo acuerdo

A diferencia del préstamo obtenido en 2018 por Macri, que consistió en un Acuerdo Stand-By, con el nuevo entendimiento la Argentina adhiere a un Programa de Facilidades Extendidas.

Como se explica en esta nota, el acuerdo de Facilidades Extendidas contempla mayores plazos de pago que el Stand-By, pero también incluye mayores obligaciones por parte del país, cuyo cumplimiento será evaluado trimestralmente por el FMI.

Para que el acuerdo entre en vigencia deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y posteriormente por el Directorio del FMI, según indicaron a Chequeado desde el sector de Prensa del Ministerio de Economía de la Nación.

Si esto no ocurre antes del 21 de marzo próximo, el Gobierno deberá abonar al organismo US$ 2.800 millones, en concepto del pago de capital e intereses de la deuda contraída en 2018, y que forma parte de los más de US$ 19 mil millones que vencen este año.

Según el documento enviado al Congreso, una vez aprobado el acuerdo nuestro país recibirá desembolsos de forma trimestral, destinados a saldar el pago de los vencimientos del acuerdo Stand-By. Además, gracias a la devolución de fondos ya pagados al organismo se generará un remanente destinado a fortalecer las reservas internacionales.

De este modo, durante un período de 30 meses el país recibirá -de cumplir con las revisiones trimestrales- un total de 31.914 millones de DEGs (la moneda oficial del FMI), equivalentes en la actualidad a US$ 45 mil millones. El primer desembolso ocurrirá una vez refrendado el acuerdo, y será de 7 mil millones de DEGs (US$ 9.800 millones aproximadamente).

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, calculó que este desembolso le permitiría al país acumular US$ 6.200 millones en reservas del Banco Central, luego del pago del vencimiento de marzo.

El mecanismo de revisiones

Según los detalles del acuerdo, el nuevo programa se extenderá durante 30 meses -lo que implica 10 revisiones trimestrales por parte del organismo-, y tendrá un período de repago de 10 años, con 4 años y medio de gracia. De este modo, las revisiones finalizarán en el segundo semestre de 2024 y el repago se realizará en 12 cuotas semestrales entre los años 2026 y 2034. 

En las revisiones trimestrales el organismo internacional controlará el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y macroeconómicas que el Gobierno prometió alcanzar.

Además, nuestro país se comprometió a consultar previamente al FMI cualquier revisión a las medidas contenidas en el acuerdo. “Evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos”, se afirma en el memorando.

Los compromisos del Gobierno

En el acuerdo elevado al Congreso el Gobierno se compromete a cumplir una serie de metas relacionadas con el déficit fiscal, la inflación, el tipo de cambio y el nivel de gasto, entre otras.

Cada una de estas variables cuenta con metas anuales y trimestrales, y de su cumplimiento dependerá los desembolsos que realice el organismo para afrontar el pago del acuerdo Stand-By.

Déficit fiscal. El Gobierno se comprometió a reducirlo al 2,5% del PBI en 2022 (en 2021 fue del 3%); 1,9% para 2023; y 0,9% para 2024. También se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro Nacional, con metas del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2022; 0,6% en 2023 y 0 en 2024.

PBI. El programa prevé una expansión del PBI de entre el 3,5% y el 4,5% en 2022; de entre el 2,5% y el 3,5% en 2023 y entre el 2,5% y el 3% en 2024.

Inflación. El acuerdo también contempla una reducción gradual de la inflación, pero menor a la proyectada por el Gobierno en el Presupuesto 2022, que no fue aprobado por el Congreso (33%). Así, estima una inflación de entre el 38% y el 48% en 2022; del 34% al 42% en 2023 y del 29% al 37% en 2024.

Tipo de cambio. Aunque no se mencionan metas cuantificables, se prevé mantener “el tipo de cambio real efectivo en 2022 invariable con respecto a los niveles de 2021”. Es decir, que la devaluación irá -de mínima- en línea con la inflación. Además, se propicia la acumulación de reservas (en 2022 la meta es sumar US$ 5.800 millones) y se promete “trazar una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios”.

Tasas de interés. También se acordó mantener una estructura de tasas de interés reales positivas. En este sentido, el Gobierno señaló que se encuentra en la senda de cumplimiento de esta meta, al sostener que “a comienzos de enero el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó la tasa de política monetaria efectiva anual”.

Tarifas y subsidios. El Gobierno se comprometió a revisar la política tarifaria recientemente aprobada, con el llamado a una nueva audiencia pública en la que se debatirá una nueva segmentación de subsidios. El objetivo oficial es reducir las erogaciones del Estado en 0,6 puntos del PBI respecto a 2021.

Para ello, el Ejecutivo se comprometió a eliminar los subsidios a la electricidad y el gas para el 10% de los hogares de mayores ingresos. En tanto, los hogares que reciben la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en 2021, que impactará en un incremento del 21%, similar al esquema actualmente vigente. Y el resto de la población tendrá una suba equivalente al 80% del CVS, lo que implica un incremento aproximado del 40%. 

Gastos. El acuerdo contempla establecer un piso de gasto de los programas de asistencia, con el objetivo de garantizar un aumento real de los mismos. También se prevé incrementar la inversión en infraestructura a más de 2% del PBI en 2022 y mantener los ingresos de los jubilados, aunque revisando los regímenes especiales.

Como contrapartida, el Gobierno se comprometió a “limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gestionar el gasto en remuneraciones del sector público, para garantizar que crezca en consonancia con la economía”.

Pese al establecimiento de estas metas, el Gobierno señaló en el proyecto que “nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”.

En ese sentido, mencionó una posible intensificación de la pandemia del coronavirus y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, que actualmente afecta el valor de los combustibles (claves en la generación de energía).

Finalmente, se informó que una vez aprobado el acuerdo y antes del 15 de abril próximo, se modificará el presupuesto vigente -prorrogado de 2021- “para ponerlo en línea con la meta de déficit primario dentro del marco del programa”.

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