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Cómo afecta a la administración nacional el rechazo al Presupuesto 2022

Cámara de Diputados de la Nación

25 diciembre, 2021 08:00 am | Tiempo de lectura: 4 minutos
25 diciembre, 2021 08:00 am
| Tiempo de lectura: 4 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • La ley habilita al Presidente a prorrogar el presupuesto actualmente vigente en caso de no contar con uno aprobado al inicio del año.
  • Para ello, el Poder Ejecutivo Nacional deberá eliminar los recursos que no puedan ser recaudados nuevamente y los gastos que no se prevén realizar, y readecuar las partidas a través de decretos.
  • No obstante, no puede modificar ni aumentar impuestos sin la autorización del Congreso de la Nación.

El 17 de diciembre último, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó, con el voto mayoritario de la oposición, el Proyecto de Presupuesto para 2022 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, prorrogó la ley vigente para este año.

En esta nota te contamos qué impacto tiene en la administración nacional la prórroga de un presupuesto, cuáles son las limitaciones que le impone al Gobierno y cómo deberá administrar los recursos en este contexto.

¿Puede el Gobierno prorrogar un presupuesto?

Rafael Flores, economista y ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), dijo a Chequeado que a nivel mundial existen 2 modos de actuar en el caso de que un gobierno no cuente con presupuesto. En los Estados Unidos ocurre el “cierre del Gobierno” o shutdown, que implica que “se les pide a los empleados que dejen de asistir a las oficinas y se abren sólo los servicios básicos hasta que se resuelva la situación”, contó el especialista.

En otros países, en tanto, se permite una prórroga del presupuesto vigente. En la Argentina, el artículo 27 de la Ley 24.756 dispone que, si al comienzo del año, el Gobierno no cuenta con un presupuesto aprobado regirá el que se encuentra vigente, pero con algunos ajustes.

En cuanto a los recursos, el Ejecutivo debe eliminar aquellos que no puedan ser recaudados nuevamente (por ejemplo, el Aporte Solidario y Extraordinario), así como también los derivados de operaciones de crédito que ya hayan sido ejecutadas, a la vez que incluirá aquellas que se prevén ejecutar en el año en curso.

En cuanto a los gastos, también deberá eliminar aquellos que no volverán a repetirse (como el gasto electoral, por ejemplo); incluirá los pagos de deuda y también los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. Para ello deberá adaptar los recursos de cada ministerio, siempre y cuando cuente con recursos para financiarlos. 

En este punto, si se toman en cuenta los gastos ejecutados durante el primer semestre de 2021 y se consideran las previsiones inflacionarias realizadas por el Gobierno para el próximo año, con los valores asignados en el presupuesto 2021 casi la mitad de las áreas del Gobierno se quedarían sin recursos en junio de 2022.  

Cómo se hacen los ajustes

Lucio Garay Mendez, analista de la consultora Eco Go -que dirige Marina Dal Poggetto, subgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri-, dijo a este medio que “durante el año el Gobierno tiene herramientas para aumentar el Presupuesto, ya sea vía DNU o enviando un proyecto de ley al Congreso”.

“Por lo general se aumentan las partidas para salarios y jubilaciones, que son las que ya se sabe que se va a gastar más. También existe un mecanismo que es administrar reservas: partidas que no tienen un fin específico pero que luego mediante una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete se pueden relocalizar en otros espacios que las necesiten”, aseguró.

Esto le otorga al Gobierno la posibilidad de “asignar los recursos de manera discrecional, a través de DNUs”, según indicó a Chequeado Victor Ruilova, economista de la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel -ex funcionario del Ministerio de Economía durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa-.

Qué pasa con los impuestos, la coparticipación y las obras públicas

Tras el rechazo del Presupuesto 2022, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, elevó un informe en el que advirtió que a causa del rechazo de la “ley de leyes” se “perderían $ 180 mil millones de fondos coparticipables” a raíz de la disminución del impuesto a los Bienes Personales y de Ganancias.

También aseguró que el presupuesto rechazado incluía un plan plurianual de obras por $ 900 mil millones y un aumento en las compensaciones para el transporte en el interior del país. 

Al respecto, Ruilova indicó que “ciertas facultades impositivas que vencen el 31 de diciembre y que se habían incluido en el Proyecto de Presupuesto 2022 tendrán todas que pasar a través del Congreso, porque los DNUs sólo tienen facultades de asignar recursos y gastos o aprobar endeudamiento, pero no crear o prorrogar impuestos”.

Además, destacó que en la sesión posterior al rechazo del Presupuesto la Cámara de Diputados aprobó cambios en Bienes Personales y facultó al Ejecutivo a aumentar el mínimo no imponible de Ganancias, 2 de los problemas mencionados por Massa en su mensaje.

Por su parte, Garay Méndez indicó que “la mayoría de los impuestos, los más importantes y los que explican el grueso de la recaudación, no sufren ninguna modificación, ya que están determinados como porcentajes”.

En el mismo sentido, Darío Rossignolo, economista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) especializado en impuestos y políticas fiscales, dijo a Chequeado que “no necesariamente” el rechazo al Presupuesto le generará problemas de recaudación al Gobierno. “Hay que ver cómo evolucionan las variables macroeconómicas en 2022 y si hay cambios en los impuestos”, dijo.

Sobre las obras públicas para las provincias, tanto Ruilova como Garay Méndez coincidieron en señalar que, si bien las obras que aparecían consignadas en el Presupuesto no se aprobaron, las mismas se pueden incorporar mediante un DNU, a partir de un acuerdo con los gobernadores.

En el mismo sentido, Flores sostuvo que, si bien “en la práctica una de las consecuencias de prorrogar el presupuesto es una carga administrativa mayor”, esta decisión “le permite al Gobierno hacer casi todo lo que estaba previsto en el presupuesto: obras, transferencias a provincias y todos los gastos”. 

Los antecedentes

Existen 2 casos cercanos en los que un gobierno tuvo que prorrogar el presupuesto del año anterior: en 2011, cuando el Congreso no trató el presupuesto enviado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y en 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) resolvió no poner en consideración el proyecto presentado por su antecesor, Mauricio Macri (Cambiemos).

A diferencia de estos 2 casos, esta es la primera vez desde 1983 que el Poder Legislativo rechazó la propuesta en sesión. 

Durante 2020, en el que no hubo presupuesto y los gastos se dispararon a raíz de la emergencia por la pandemia del coronavirus, se realizaron 23 modificaciones presupuestarias, según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

De acuerdo con el trabajo, 20 de ellas fueron a través de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete, 2 por DNU y una por ley. A través de estas ampliaciones, los gastos aumentaron casi un 60% y el déficit primario se amplió en $ 550 mil millones. 

En tanto, hasta noviembre último y pese a tener el presupuesto aprobado, el Gobierno realizó 16 ampliaciones presupuestarias a través de las cuales incrementó los gastos un 31% y se elevó el déficit primario en más de $ 800 mil millones. Las ampliaciones suelen ser una práctica habitual debido a que la mayoría de los presupuestos no cumplen con las metas establecidas. 

 

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