De la AFI a la SIDE de Santiago Caputo: qué cambió Milei en el sistema de inteligencia

En estos casi 3 años de gestión, Javier Milei llevó adelante una importante reforma del sistema de inteligencia argentino: disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), recuperó la denominación histórica de Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), cambió su estructura interna y amplió sus competencias mediante 2 decretos de necesidad y urgencia que modificaron la Ley de Inteligencia.

La SIDE está a cargo desde diciembre de 2025 de Cristian Auguadra, un contador al que se le atribuye cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo. Y en los últimos días se vinculó al organismo y al propio Caputo con la fuga del senador Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, pocas horas después de su derrota en el balotaje brasileño.

Esta semana, el organismo lanzó una convocatoria pública para ingresar al Cuerpo de Inteligencia, que fue replicada en redes por Caputo.

De la AFI a la SIDE: la primera gran reforma de Milei

La primera transformación ocurrió en julio de 2024. Mediante el DNU 614/2024, Milei disolvió la AFI y restituyó la Secretaría de Inteligencia de Estado, que había dejado de existir como tal en 2015. El DNU modificó 13 artículos de la Ley de Inteligencia e incorporó otros 8.

Convirtió a la SIDE en el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y creó bajo su dependencia 4 áreas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), encargado principalmente de la inteligencia exterior; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), enfocada en amenazas internas y criminalidad organizada; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC); y la División de Asuntos Internos (DAI), destinada al control interno de los organismos de inteligencia.

La SIDE también pasó a ejercer funciones de coordinación y control sobre otros organismos del sistema, como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad; y el área de inteligencia militar, del Ministerio de Defensa.

Uno de los principales cambios fue volver a permitir que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la Justicia, aunque la norma establece que debe ocurrir de manera “excepcional y fundada”. Esta posibilidad había sido eliminada en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), que sostuvo entonces que la relación directa entre los servicios de inteligencia y los tribunales generaba “vínculos espurios” entre jueces y espías.

Además, reforzó el control presupuestario de la SIDE sobre el sistema: los organismos deben presentar sus proyectos de presupuesto ante la Secretaría, que puede aprobarlos y administrar partidas destinadas tanto a operaciones previstas como a misiones consideradas urgentes.

Una segunda reforma amplió las facultades de los servicios

El Gobierno volvió a modificar el sistema a fines de 2025. El DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre y vigente desde el 2 de enero de 2026, sustituyó 11 artículos de la Ley de Inteligencia e incorporó otros 11.

Entre otras modificaciones, el decreto estableció que las actividades de Inteligencia Nacional tienen carácter encubierto y amplió las funciones de contrainteligencia.

También volvió a modificar la estructura creada apenas un año y medio antes: la Agencia de Seguridad Nacional pasó a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia; la Agencia Federal de Ciberseguridad se convirtió en Agencia Federal de Ciberinteligencia; y la División de Asuntos Internos pasó a ser la Inspectoría General de Inteligencia.

Además, el decreto creó la Comunidad de Inteligencia Nacional, un espacio que reúne bajo la dirección de la SIDE a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia, áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas y otros organismos públicos vinculados con la producción de información estratégica. También creó una Comunidad Informativa Nacional, pensada para integrar información producida por distintos organismos del Estado.

Otro cambio relevante fue la posibilidad de que la SIDE solicite apoyo técnico y logístico a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales y de seguridad para determinadas actividades.

Pero uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos fue la incorporación de facultades para aprehender personas. La nueva normativa establece que, durante el desarrollo de actividades de inteligencia, ante un pedido judicial o frente a un delito cometido en flagrancia, los agentes podrán proceder a una aprehensión y deberán comunicarlo inmediatamente a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), cuestionaron esta modificación y advirtieron sobre la amplitud de los supuestos en los que podrían intervenir los agentes.

Presupuesto, política de inteligencia y un nuevo estatuto de personal

Además de reformar la Ley de Inteligencia mediante 2 DNU, el Gobierno avanzó con otros cambios en la SIDE.

El Gobierno volvió a aumentar el presupuesto de la SIDE: sumó más de $ 30 mil millones y ya recibió casi $ 80 mil millones extra en los últimos 50 días

En materia presupuestaria, el organismo recibió fuertes ampliaciones durante 2026. El presupuesto aprobado originalmente era de $ 97.135 millones. Con 2 refuerzos, el presupuesto vigente de la SIDE pasó a rondar los $ 176 mil millones. Cabe recordar que en 2024 el Ejecutivo amplió el presupuesto de la SIDE en $ 100 mil millones, lo que derivó en el primer rechazo legislativo a un DNU en la historia.

En diciembre de 2025, Milei aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, que fijó los lineamientos generales para el sistema e instruyó a la SIDE a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional.

En septiembre de 2026, además, el Ejecutivo aprobó un nuevo Estatuto para el Personal de la SIDE, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. La norma regula el ingreso, la carrera, los ascensos, la capacitación y las evaluaciones de desempeño de los agentes, y establece criterios como idoneidad, mérito, igualdad y profesionalización.