¿Qué es el registro automotor y qué cambios oficializó el gobierno de Javier Milei sobre su funcionamiento?

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), impuso cambios en los registros automotores del país. 

Durante la presentación del DNU, el Presidente había remarcado la necesidad de “realizar modificaciones” al régimen para que “los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció el viernes 30 de agosto una serie de medidas para “desarmar la burocracia de los registros automotores”, según detalla el comunicado oficial. De este modo, se determinó “la reducción de impuestos, la libre elección del Registro para los usuarios, la creación del Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores”.

Un mes atrás, el organismo había oficializado el cierre de 136 registros automotores en todo el país y había detenido la apertura de otros 12, según la Resolución 209/2024 firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona en el Boletín Oficial. En mayo también se había anunciado el eventual cierre de al menos el 40% de los registros de la propiedad automotor (empezando por los que llevaran más de 2 años intervenidos), la reducción de personal en la Dirección de Registros Automotor y la eliminación de la cédula azul.

En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber sobre los registros automotores en la Argentina: qué son, cómo funcionan y cómo impacta el DNU de Milei sobre su funcionamiento.

¿Qué son y cómo funcionan los registros automotores?

Los registros automotores son los organismos responsables de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan a lo largo de la Argentina. Se encuentran distribuidos en todas las provincias y funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), que depende del Ministerio de Justicia.

El Decreto N° 1114/1997 establece que en estos registros seccionales “se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes”. También se anotarán en ellos “los embargos y otras medidas cautelares, las denuncias de robo o hurto y demás actos que prevea este cuerpo legal o su reglamentación”.

Una particularidad de los registros automotores consiste en que son un servicio público estatal, pero de gestión privada. Alejandro Germano, presidente de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (Aaerpa), se refirió al sistema en diálogo con Chequeado: “El registro automotor es un sistema centralizado bajo la dirección nacional, que dicta las normas, que divide las jurisdicciones y otras cuestiones, pero desconcentrado en su ejecución y gestionado en forma privada en más de 1.100 oficinas diseminadas a lo largo de Argentina”.

De esta manera, cada registro seccional es liderado por un profesional designado. “Por ejemplo, yo soy encargado titular del Registro de Capital Federal N° 23. El registro obviamente es estatal, mi función es pública, pero la gestión es privada porque los colaboradores que trabajan conmigo son empleados míos: están bajo mi relación de dependencia, no del Estado. El funcionamiento, la administración de la oficina, los costos operativos, los costos de gestión, todo está en cabeza del jefe del registro”, detalló el presidente de Aaerpa.

¿Cómo se elige al encargado titular de un registro automotor?

En 2003, el Ministerio de Justicia dictó la Resolución N° 238/2003, que creó un régimen de concurso público para acceder al cargo. Previamente, entre 1997 y 2002, el acceso se daba por un examen de idoneidad. Antes de 1997, era una facultad discrecional del Poder Ejecutivo.

En la actualidad, la inscripción de cualquier vehículo es obligatoria y se debe abonar un arancel fijado por el Ejecutivo, salvo casos expresamente exceptuados por la reglamentación.

¿Cuántos registros automotores hay en la Argentina?

Hasta el momento, existen 1.558 registros automotores seccionales en el país, según pudo constatar Chequeado a través de la base de datos de la DNRPA. Con el cierre de los 136 registros automotores anunciado el último 10 de julio, la cifra se reduciría a 1.422 organismos.

Durante 2023, el sector realizó la gestión de 3.059.285 trámites a nivel nacional, un promedio de 254.940 trámites mensuales. De esta manera, se registraron alrededor de 452.108 autos, 481.390 motos y 13.190 maquinarias nuevas. En cuanto a transferencias, se inscribieron 1.655.010 autos, 449.541 motos y 8.053 maquinarias usadas.

¿Qué modificaciones al registro automotor anunció el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, emitió este viernes 30 de agosto un comunicado oficial para anunciar una serie de modificaciones al sistema de registro automotor que apuntan a “desarmar la burocracia de los registros automotores”.

El documento detalla que se resolvió avanzar en 4 medidas principales: la reducción de impuestos para la compra y venta de automóviles, la libre elección del registro automotor para los usuarios, la creación de un Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los registros automotores.

“Con el objetivo de disminuir los costos de vida para los argentinos, hemos reducido el arancel de las transferencias al 1%, y ya no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Como resultado, regresan al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones de pesos por año”, informó el Ministerio.

Por su parte, cada ciudadano tendrá a partir de ahora la posibilidad de elegir el registro automotor para realizar los trámites de sus vehículos, sin estar regido a una jurisdicción fija.

También se creará un Legajo Digital Único, que consistirá en la digitalización de los legajos automotores para “agilizar los trámites y eliminar la necesidad de trasladar documentos de papel entre los diferentes Registros”.

La última medida anunciada por Cúneo Libarona establece un tope de ganancias para cada registro automotor. Es decir, que a partir de ahora regirá un máximo de ingresos que pueden percibir los titulares de los registros automotores.

En julio se había oficializado el cierre de 136 registros automotores a lo largo del país mediante la Resolución 209/2024 publicada en el Boletín Oficial.

También se ordenó frenar la apertura de 12 registros seccionales “que fueran oportunamente creados” mediante resoluciones “del 10 de agosto de 2017 y 450 del 27 de junio de 2019”: 5 en la Provincia de Buenos Aires, 2 en Santiago del Estero, 1 en Formosa, 1 en Mendoza, 1 en Santa Cruz, 1 en Santa Fe y 1 en Tierra del Fuego. Se busca con esta medida “suprimir aquellas oficinas registrales cuya apertura no se hubiere materializado a la fecha del presente, de modo tal de impedir que en el futuro se cubran los nuevos cargos creados, sin que ello implique erogación alguna por parte del Estado Nacional”.

En mayo último, una vez finalizada la primera etapa de auditoría sobre los registros automotores impulsada por el DNU de Javier Milei en diciembre, el Gobierno nacional había anunciado una serie de medidas sobre su funcionamiento: el cierre del 40% de ellos, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años; la reducción del 30% en la dotación de personal de la Dirección de Registros Automotor; y la derogación del Certificado de Transferencia Automotor, “que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP”, según describe el comunicado oficial.

Desde entonces, también se eliminó la cédula azul para conducir cualquier vehículo en territorio nacional. De esta manera, los ciudadanos pueden circular únicamente con la cédula verde en su versión digital y/o física, que ya no tiene vencimiento. 

Respecto de los registros automotores, según lo establecido por el Ministerio de Justicia, sus titulares deberán afrontar el 100% de los costos operativos de funcionamiento y se implementará un régimen de “concursos transparentes impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función”.

Actualización 30/08/2024: la nota fue actualizada con la última información disponible.

Actualización 10/07/2024: la nota fue actualizada con la última información disponible.