El gobierno de Milei subejecutó $ 260 mil para obras hídricas y los destinó a comprar deuda

La gestión de Javier Milei sólo ejecutó el 31% de los fondos del Impuesto a los Combustibles destinados a la realización de obras hídricas (como, por ejemplo, la canalización de ríos y arroyos para evitar inundaciones), y el resto del dinero lo destinó a inversiones en deuda del Tesoro nacional.

El dato se desprende de la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado al Ministerio de Economía de la Nación. 

Según la información oficial, desde el año 2024 hasta mayo de 2026, el Gobierno efectuó pagos de obras hídricas por $ 116 mil millones, pero la recaudación del impuesto a los Combustibles asignada a ese fin fue de $ 375.400 millones. Es decir que sólo ejecutó el 31% del total. 

Desglosado por años, en 2024 la ejecución fue del 12% (gastos por $ 11.500 millones sobre una recaudación de $ 94.400 millones); en 2025 fue del 24% (se destinaron $ 43.400 millones a obras sobre un total de $ 184.300 millones recaudados); y hasta fines de mayo de 2026 fue del 63% (se gastaron $ 61 mil millones sobre $ 97.600 millones).

En paralelo, en junio de 2026 el fondo fiduciario mantenía $ 290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro (títulos de deuda emitido por el Gobierno) y $ 247 millones en plazos fijos. Además, contaba con $ 49 mil millones en depósitos a la vista (es decir, disponibles para ser utilizado). 

Esto significa que el Gobierno mantiene fondos disponibles (en su mayoría en deuda emitida por el propio Estado) por el triple de lo ejecutado en obras en sus 2 años y medio de gestión. 

Financiamiento al Tesoro en lugar de obras hídricas

El Fondo de Infraestructura Hídrica fue creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006, y se fondea con el 4,3% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). 

Según la normativa vigente, lo recaudado tiene afectación específica (es decir, se debe invertir sólo para los usos establecidos por ley) para “el desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones”.

El decreto aprobado en 2001 autorizaba al Gobierno a invertir los recursos líquidos del fideicomiso en depósitos a plazo fijo de bancos oficiales nacionales. Pero en 2025 la actual gestión dispuso que los fondos se destinen a la licitación de deuda del Tesoro nacional.

Es decir que una parte de esos fondos, que deberían utilizarse para la realización de obras hídricas, se destinan para reforzar el equilibrio fiscal, tal como reconoció el vocero presidencial, Adrián Ravier, en declaraciones a El Diario Digital de La Pampa. 

Sofía Grassi, economista e integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASSAP), señaló a Chequeado que esta operación “es un financiamiento al Tesoro, en el sentido que le da liquidez para afrontar sus necesidades financieras o renovar sus vencimientos”.

“Cuando los recursos no se ejecutan, se genera, por un lado, un resultado fiscal positivo para el sector público, dado que los ingresos se perciben mientras el gasto asociado no se realiza. A su vez, al invertir estos recursos en LECAP, el fondo le otorga liquidez al Tesoro. Esto no implica necesariamente financiar el déficit fiscal, pero le permite al Tesoro atender otras necesidades financieras, como vencimientos de capital de deuda o acumulación de reservas”, resumió. 

El Tesoro también usa otros impuestos para financiarse

El ICL es un impuesto nacional que grava la compra de combustibles y, a diferencia de la mayoría de los tributos, establece un monto fijo en lugar de un porcentaje. En agosto de 2026 el monto fijo establecido por el Gobierno es de $ 387,7 por litro de nafta (es decir, más del 15% del precio final) y de $ 294,1 por litro de gasoil. 

En lo que va de la gestión de Javier Milei, el ICL recaudó, a precios actuales, casi $ 15 billones, y en los primeros 7 meses de este año el tributo registró un incremento real (es decir, considerando la inflación) del 22,2% con respecto a igual período de 2025 y el 93,7% respecto de los primeros 7 meses de 2023. 

Del total recaudado, el 28,69% se destina a la ANSES; el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte; el 15,07 al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi);  el 10,4% al Tesoro nacional y  otro 10,4% a las provincias; el 4,31% a obras hídricas y un 2,55% al fondo de compensación de transporte público.  

Al igual que ocurre con los recursos para la infraestructura hídrica, el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte también fue subejecutado. Este fondo se divide, a su vez, en 3 programas, destinados a financiar obras de infraestructura vial (Sisvial) y compensaciones al transporte de colectivos (Sistau) y ferroviario (SIFER). 

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el Sisvial recibió $ 827 mil millones entre 2024 y 2025, pero la Dirección de Vialidad Nacional (encargada de la ejecución del fondo) realizó obras por $ 381 mil millones (el 34% del total). 

Chequeado consultó al Ministerio de Economía sobre el destino del resto de los fondos, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuestas. Por su parte, el diario La Nación reveló que, de $ 1,5 billones recaudados (este cómputo incluye datos parciales de 2026), se ejecutó sólo una cuarta parte y más de $ 1 billón fue destinado a inversiones financieras. 

En el caso del SIFER, se recaudaron $ 332.500 millones y se repartieron en compensaciones a las empresas ferroviarias por $ 230.700 millones (el 69,4% del total). Mientras que los giros a las empresas de colectivos superaron ampliamente los $ 634 mil millones recaudados.