El Gobierno busca cambiar las reglas de patentamiento: qué implica para los medicamentos y para las empresas y las universidades

Argentina se comprometió a ajustar la normativa sobre patentamiento de inventos como parte del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos.

El primer paso ya se dio: se derogó la Resolución 118/2012 que fijaba restricciones para el patentamiento en el país de invenciones químico-farmacéuticas. El siguiente paso es que Argentina ratifique el Tratado de Protección de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La medida ya había recibido media sanción del Senado en 1998.

El gobierno de Javier Milei reactivó su discusión en Diputados y logró un despacho de mayoría. Sin embargo, las negociaciones para su aprobación final se tensaron.

Por un lado, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos hace lobby para que la adhesión al tratado sea “con reserva del Capítulo II”.

El despacho de mayoría incorporó esta reserva. Por lo tanto, en caso de ser aprobado hoy por Diputados, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

Del otro lado están la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y la Cámara de Comercio Argentina-EE.UU. (AnCham), que se oponen a este cambio. Las empresas farmacéuticas multinacionales ponen sobre la mesa una promesa de inversión de US$ 8.000 millones.

Qué implica el cambio en la regulación de invenciones farmacéuticas

La resolución derogada establecía una guía de patentabilidad con criterios rigurosos para determinar qué constituye materia patentable. El objetivo era evitar monopolios y el “evergreening”, distintas estrategias que usan las farmacéuticas para extender la vigencia de las patentes.

Por ejemplo, prohibía el patentamiento de combinaciones de principios activos ya existentes (amoxicilina más ácido clavulánico), de nuevos usos para una misma droga (aspirina como antiplaquetario) o de distintas formas del mismo principio activo (omeprazol y esomeprazol) por no considerarlas invenciones nuevas.

El Gobierno de La Libertad Avanza consideró que la imposición de estos criterios restrictivos le restaba seguridad jurídica, innovación e integración internacional a Argentina.

“Este cambio y las otras medidas sobre patentamiento reducen el poder de mercado de los actores nacionales, para fortalecer a los extranjeros. En medicamentos no existe libre competencia: las condiciones de propiedad intelectual, regulación, decisiones de compra y escala lo impiden”, señaló Fernando Peirano, director del Observatorio de Economía del Conocimiento y la Innovación de la Universidad Nacional de Quilmes.

El impacto en el precio y la disponibilidad de los medicamentos

La medida no tiene efecto retroactivo. “Ningún producto que ya está en el mercado puede ser retirado ni requerirse retribución. Los medicamentos disponibles hoy seguirán disponibles sin cambios”, aclaró el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Para Peirano, podría retrasar la entrada de opciones genéricas y biosimilares al mercado, lo que encarecería considerablemente los tratamientos. “Un estudio muy citado por la industria local señala que el rechazo a patentes secundarias bajo la norma de 2012 evitó que los precios de medicamentos fueran un 139% superiores, ahorrando aproximadamente US$ 2.200 millones anuales”, señaló el economista.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que la medida traerá más y mejores medicamentos, mayor inversión en salud e integración con el mundo.

¿Qué es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)?

El segundo paso exigido por Estados Unidos es que Argentina adhiera al PCT. El tratado permite tramitar la protección de invenciones en alrededor de 150 países mediante una única solicitud.

En la actualidad, si una persona o empresa local quiere solicitar una patente de invención en otros países debe hacerlo mediante una presentación directa en cada país. Esto implica trámites individuales, costos elevados y menor flexibilidad en la estrategia de protección. El PCT es un estándar global que funciona como una “ventanilla única” para la solicitud de patentes.

Luego, la obtención final de la patente se tramita en cada país que desee el inventor. Allí es cuando puede incidir el Capítulo II, el que mantiene enfrentados a los laboratorios nacionales con las firmas multinacionales. Regula el “Examen Preliminar Internacional”, una auditoría profunda que dictamina si el invento es realmente novedoso a nivel global y, por lo tanto, patentable. No es vinculante, por lo que la decisión final sobre la concesión de la patente sigue siendo competencia exclusiva de cada Estado.

Sin embargo, desde las empresas argentinas aseguran que estos informes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras podrían condicionar y debilitar la autoridad del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Las empresas multinacionales quieren que el tratado se apruebe completo

“La adhesión al PCT mejorará significativamente las condiciones actuales. Permitirá reducir los costos iniciales de internacionalización, extender los plazos de decisión de 12 a 30 meses y contar con evaluaciones técnicas internacionales antes de definir en qué países proteger una invención”, detalló Lorena Talbot Wright, directora de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Córdoba.

Y agregó: “Aumentará la competitividad de empresas y emprendedores. Pero requerirá fortalecer capacidades institucionales locales y adaptarse a un entorno más competitivo”.

Para Peirano, representa una mejora modesta para las startups de base tecnológica y aseguró que esa oportunidad estará condicionada a que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) opere con eficacia real.

¿Cómo puede impactar en el ecosistema innovador y en la industria nacional?

Como contraparte, si Argentina adhiere, la solicitud de una empresa de Estados Unidos presentada en su país ya garantizará su presentación en Argentina. “Implicará un aumento de la presencia de patentes extranjeras en el país”, comentó Talbot Wright.

“Esto supone más derechos de exclusividad vigentes sobre determinadas tecnologías. Puede traducirse en mayores restricciones para el uso libre de esas tecnologías por parte de la industria local, especialmente en sectores con menor capacidad de innovación, lo cual obligará a negociar licencias o a redirigir desarrollos”, agregó.

En tanto, Peirano comentó: “Esta reconfiguración tiene el potencial de reducir la capacidad de inversión de los laboratorios farmacéuticos. El saldo seguramente será un menor volumen de empleo calificado que el sector genera”.

¿Cuál puede ser el impacto en organismos científicos y en las universidades?

Según Talbot Wright, el cambio tendría un impacto positivo en organismos de ciencia y técnica. “Facilitará la protección internacional de resultados de investigación, mejorará las condiciones para la transferencia tecnológica y permitirá negociar con empresas e inversores con mayor respaldo técnico”, explicó.

Y también precisó que la adhesión alineará mejor los tiempos de protección con los procesos propios de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Para Peirano, el impacto sería limitado. “Los verdaderos obstáculos en el sector público son de otra naturaleza. Las barreras más inmediatas que enfrenta un investigador que alcanza un resultado patentable son institucionales, como equipos de gestión de transferencia tecnológica débiles, y ausencia de criterios estratégicos para negociar y priorizar solicitudes de patentes”, señaló.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.