Gabriela Boquín, la fiscal que frenó el acuerdo del Correo

Gabriela Boquín tenía 24 años cuando consiguió su primer caso importante como abogada. La contrató la línea 148 de colectivos, que estaba en concurso de acreedores. Se entregó con pasión al juicio, hasta que logró probar una administración fraudulenta en la quiebra y remover al síndico. A quienes la conocen desde entonces, no les sorprende la templanza con la que dejó pasar las frases y calificativos despectivos que funcionarios y dirigentes del oficialismo le dedicaron después de que se hizo pública su oposición al acuerdo por el cual el Estado nacional aceptaba condonar al Correo Argentino el 98,87% de una deuda que hoy, a valores reales según sus cálculos, alcanza los $4 mil millones. Boquín interviene en el expediente del concurso de la empresa postal del Grupo Macri como fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, un cargo que ocupa desde 2015, y que antes que ella tuvo la actual procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien apenas conocía.

La diputada nacional Elisa Carrió la trató de ignorante. El ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, dijo que cometió un “error jurídico” en el caso del Correo. El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, la acusó de opinar sin haber ido a la audiencia donde se estableció el pacto entre Correo Argentino y el Gobierno. La vincularon con la organización Justicia Legítima, a la que jamás perteneció, de acuerdo con las solicitadas iniciales de la agrupación (ver acá y acá). Lo que sí firmó Boquín fue una solicitada de apoyo a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, en noviembre de 2015, cuando la oposición exigía su renuncia ante el inminente cambio de gobierno.

La audiencia mencionada, que fue convocada por la Sala B de la Cámara Comercial, se celebró el 28 de junio del año último. Boquín fue notificada de su existencia tres meses después, según se desprende de la página del Poder Judicial de la Nación. Ahí se enteró de que el Estado había aceptado, tras más de una década de rechazar propuestas de pago inconvenientes, una nueva oferta que era casi equivalente a la nada misma y aún peor que otras previas, según señaló. Se opuso con un dictamen muy crítico, del 30 diciembre de 2016, que decía que el convenio era “ruinoso” y “abusivo”. En un dictamen posterior denunció que la firma de los Macri actuaba de mala fe al haber iniciado tres demandas para obtener resarcimientos del Estado por supuestos daños derivados de la estatización del servicio postal en 2003. En octubre, mientras trabajaba en su documento, un ladrón avezado abrió con guantes la puerta de su auto, desconectó la alarma y se llevó del baúl un maletín donde había una copia del expediente. Lo captaron cámaras de seguridad. La denuncia cayó en la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli.

Boquín es hija de una maestra y de un comerciante. Es la mayor de cinco hermanos, criados en el barrio porteño de Núñez. Ella estudió Derecho y una de sus hermanas la imitó años después de recibirse de contadora. Fue a una escuela de monjas, donde su madre había sido maestra y donde ella resultó la mejor alumna. Después quiso estudiar en la universidad pública e hizo un intento para empezar a cursar materias por el plan UBA XXI, pero su padre la cuestionó. Así, terminó en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se graduó en 1994 con ocho de promedio y ningún aplazo.

Boquín siempre quiso ser abogada. Aunque no estudió donde quiso, estudió lo que quiso. El Derecho Comercial la ubicó en medio de una gran paradoja: ocuparse de defender empresarios y sectores vulnerables a la vez, en especial a trabajadores que no lograban cobrar lo que les adeudaban en los concursos. Nunca trabajó en relación de dependencia. Fundó su estudio, Estudio Jurídico Boquín y Asociados, en el que trabajó por casi 20 años.

Conoció a su marido, Claudio Romera, en una fiesta del Día del Abogado organizada por el Colegio de Abogados de San Martín, donde él es secretario académico. Romera es un abogado radical, al igual que el actual ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien tuvo a cargo el acuerdo con el Correo. Están juntos desde hace 20 años. Tuvo una hija a los 32 y un varón a los 35. Hoy Boquín tiene 47 años, es bajita, lleva una melena roja rutilante, le gusta usar zapatos con taco stiletto que domina con habilidad y va perfumada a todas partes. Nunca tuvo militancia política, un terreno donde siempre se mostró escéptica, según suele decir ella misma.

Siempre le interesó desarrollar una carrera académica. Enseña Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es titular de cátedra en la Universidad Católica de La Plata de Concursos y Quiebras desde hace 12 años. También es titular en la Universidad de José C. Paz y fue docente de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Dirige la revista Derechos del Consumidor y es autora de libros como Incidencias del Código Civil y Comercial (de Editorial Hammurabi) y La situación del acreedor en la ley concursal (de DyD Ediciones), además de haber participado en obras colectivas.

Dicta conferencias a lo largo del país y posgrados para abogados laboralistas desde hace décadas. Es vicepresidenta de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, que preside Ricardo Nissen, quien fue titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Néstor Kirchner y tuvo a Boquín como asesora en ese organismo.

Después de que cumplió 40, Boquín se empezó a replantear el camino que había elegido, mas no la especialidad. A sus íntimos, amigas y amigos de hace 30 años, les confesaba que no terminaba de sentir satisfacción con su vida profesional. Le faltaba cumplir la ilusión de poder servir de algún modo a la sociedad. Cuando quedó vacante la Fiscalía de Cámara Comercial con el nombramiento de Gils Carbó como procuradora, pensó que tenía una gran oportunidad ante sí. Le tocó competir con los colaboradores más cercanos de la jefa de los fiscales en un concurso que presidió el fiscal Alejandro Alagia. Rindió examen y ganó: quedó primera con 138,50 puntos, seis más arriba que la segunda postulante.

Asumió en 2015 y desde entonces tuvo causas de todo tipo. Ahora, por ejemplo, tiene en pleno trámite un expediente donde plantea la quiebra fraudulenta de un grupo de empresas del ex banquero Raúl Moneta encabezadas por Raiser SA. Boquín acusa a la firma de defraudar a sus acreedores.

La fiscal tomó las riendas en otro asunto que también explicaría por qué el Gobierno la cuestiona: planteó la inconstitucionalidad de la creación de una Inspección General de Justicia porteña, que data de la Jefatura de Gobierno de Mauricio Macri, que según Boquín “implica una grave inseguridad jurídica como consecuencia de la doble registración” y la pretensión de controlar sociedades “que hoy en su categoría de off shore conmocionan a la opinión pública”. En rigor, fue Gils Carbó la primera en cuestionar la norma y cuando Boquín la sucedió dobló la apuesta. La causa está en pleno trámite, en el juzgado a cargo de Macarena Marra Giménez.

Boquín tiene una vida bastante sedentaria. Mucho estudio y lectura. En sus ratos libres, lee a Eduardo Galeano. Está terminando una tesis doctoral sobre responsabilidad de administradores concursales cuyo proyecto fue aprobado por la Universidad Nacional de Córdoba, y terminando un libro sobre Derechos del Consumidor. En la causa del Correo, su denuncia logró que el Estado nacional diera marcha atrás y pidiera reformular el acuerdo para el pago de la deuda. Su opinión, en las audiencias que vienen, será clave.

Esta nota contó con la colaboración de Matías Di Santi (@matydisanti) y Manuel Tarricone (@ManuelTarricone).