Juicio a Cristina Fernández de Kirchner: qué pruebas valoraron los fiscales para pedir su condena a 12 años

Según los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados de la acusación en el juicio por la denominada causa “Vialidad”, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue la jefa de una asociación ilícita armada para hacer negocios privados con la asignación de obras públicas al empresario Lázaro Báez, en la que los principales funcionarios de su gobierno actuaron como organizadores. Pero, ¿cuáles son las pruebas que presentaron para sostener esta acusación?

En esta nota resumimos los principales fundamentos de los representantes del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 para pedir la condena de la ex presidenta (2007-2015) a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La creación de Lázaro Báez como empresario de la construcción

El fiscal Luciani sostuvo que “de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Báez, amigo del entonces presidente de la Nación [Néstor Kirchner] y socio comercial de éste y de su esposa [Fernández de Kirchner]”.

“En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no sólo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial. Fíjense: su anterior trabajo conocido había sido el de empleado bancario, aportaba a la AFIP como monotributista. Eso era Lázaro Báez en el año 2003”, aseveró Luciani.

Obras sin finalizar, sobreprecios y cartelización, con Cristina Fernández de Kirchner en la Presidencia

El fiscal Mola describió en la audiencia del lunes último las supuestas maniobras fraudulentas: habló de “miles y miles de millones de pesos tirados a la basura”, en alusión al dinero del Estado pagado a Báez por obras que quedaron inconclusas; rutas pavimentadas por tramos “que no sirven para nada”; “lapidación de lo invertido por el paso del tiempo y el abandono producto de la administración infiel de los imputados”.

Ambos fiscales mostraron que se produjeron sobreprecios y que la cartelización de la obra pública permitió que el Estado nacional debiera pagar a Báez importes que superaban los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las compañías constructoras. 

Los fiscales sostuvieron que estas maniobras ilegales se produjeron a través de funcionarios como José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación, que se hizo conocido públicamente cuando fue descubierto tirando bolsos con dinero en un convento, y Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal, con Fernández de Kirchner ejerciendo la Presidencia.

Colaboradores de confianza y décadas de trabajo en conjunto

Luciani argumentó también que los funcionarios que estaban detrás de estas maniobras ilegales con la obra pública eran de confianza de la entonces presidenta, porque se habían desempeñado en cargos en Santa Cruz cuando Néstor Kirchner fue gobernador (1991-2003) y que formaron parte del gabinete en los 12 años de gobierno de ambos mandatarios nacionales (2003-2015). Se trata de De Vido y López, principalmente, pero también de Nelson Periotti, director de Vialidad Nacional, y los titulares de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, entre otros.

Los fiscales también atribuyeron a la ex presidenta el armado del “plan limpiar todo”, cuyo principal beneficiado fue Báez, a quien en 2015, antes del final del gobierno del Frente para la Victoria, se le pagaron $ 537 millones en concepto de deudas por obras que no concluyó. 

Mensajes de celular que decían “la jefa” y “la Pta.”

Los fiscales mostraron mensajes del teléfono celular de López. “Esos mensajes permiten dilucidar cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y cómo, desde la Residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz, coordinaron los últimos pagos de certificados [de obras] que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esto nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”, afirmó Luciani.

En esos mensajes se hace alusión a presuntas reuniones de López con Fernández de Kirchner en Olivos y de la entonces mandataria con Báez, en Santa Cruz. Mola mostró también mensajes entre López y su segundo, Abel Fatala, donde se referían a “la jefa” o “la Pta.”, en alusión a Fernández de Kirchner. “No es verosímil que Cristina no se enterara de nada”, argumentó el fiscal. También, mensajes entre López y Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, para coordinar el cierre de las empresas.

La familia Kirchner y Báez, socios comerciales

Otro argumento para sostener la acusación es que Lázaro Báez se hizo cargo de “Hotesur”, la empresa hotelera de la familia Kirchner, a la que le alquilaba propiedades. El fiscal Luciani sostuvo que “es claro que el ex presidente Néstor Kirchner, la ex presidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, concertaron su voluntad para implementar una organización que permitiera alcanzar el objetivo buscado: sustraer fondos públicos millonarios, por medio de una defraudación al Estado nacional, al menos a través de la aparente licitación y ejecución de la obra pública vial en Santa Cruz”.

Pero señaló que hubo una etapa posterior, que consistió en “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas como ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur’’”. Así, la Fiscalía verificó que existía “una pluralidad de planes delictivos”, entre los que se incluyó el retorno de los fondos habidos ilícitamente a través del alquiler de sus instalaciones hoteleras.