Justicia secreta: sólo 2 de las 24 Cortes Supremas provinciales muestran las declaraciones juradas de todos sus jueces

Apenas el 14% de los jueces de las Cortes Supremas provinciales de todo el país permitió acceder a sus declaraciones juradas patrimoniales, tras un pedido de acceso a la información solicitado por Ruido –miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación– y Connectas entre abril y mayo de 2025.

Así ocurrió con los máximos magistrados de seis provincias, aunque solamente en dos casos pusieron a disposición la información de la totalidad de sus integrantes. En las otras cuatro hubo respuestas parciales. Como principal argumento para negar la accesibilidad pública, la amplia mayoría de las autoridades se escudó en que cumple con la obligación ante organismos locales, pero a sobre cerrado.

La obligación que tienen los magistrados provinciales de presentar las declaraciones juradas está normada por leyes de ética pública locales, por las constituciones de cada provincia o por leyes específicas de declaraciones juradas que incluyen a los miembros del Tribunal de Justicia, funcionarios y magistrados del Poder Judicial local. 

Sólo se pudo acceder a las declaraciones juradas de apenas 19 magistrados. A su vez, en dos provincias se pudo acceder a las DDJJ de la totalidad de sus miembros: fueron las de Córdoba (7), que respondió a la solicitud ante el pedido de acceso a la información presentado, y Mendoza (7), que las tiene públicas y accesibles en el Portal de Ética Pública.

En otras cuatro provincias hubo respuestas parciales. En Catamarca sólo respondió la ministra María Fernanda Rosales Andreotti. En La Pampa, sólo el ministro Fabricio Ildebrando Luis Losi. En Neuquén, el ministro Gustavo Mazieres compartió el link al expediente completo de su designación, donde estaba incluida su DDJJ. En Tierra del Fuego, los ministros Javier Muchnik y Edith Miriam Cristiano. 

En Formosa no hubo respuesta oficial, y el sitio web muestra las DDJJ de 2 de los 5 ministros, pero antiguas: la de Ariel Gustavo Coll, de 2016; y la de Marcos Bruno Quinteros, de 2012.

También hubo respuestas de los ministros de la Corte de Salta, Río Negro, Entre Ríos y Chaco, aunque en todos los casos explicaron que las DDJJ fueron oportunamente presentadas ante las Escribanías de Gobierno, Oficinas de Investigaciones Administrativas y de Ética Pública, Contaduría General del Poder Judicial o Tribunales de Cuentas; en cuyo caso derivaron la consulta a estos organismos. 

En Entre Ríos, además, se aclaró que las DDJJ son “secretas” y sólo pueden ser abiertas por el propio magistrado o por pedido de un juez en el marco de una investigación penal. 

Las cortes supremas de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán no respondieron al pedido. Tampoco la de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos corresponden a las Cortes según estaban conformadas a mayo de 2025.

Investigación sobre vínculos políticos de jueces

Los pedidos de DDJJ a magistrados se realizaron al mismo tiempo que se les solicitó información sobre sus antecedentes laborales, con el fin de determinar sus vínculos políticos previos a su llegada a la función judicial. 

Esa investigación de Ruido y Connectas, publicada el 8 de agosto de 2025, reveló que de los 138 jueces de las Cortes Supremas de todo el país, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos.

En el caso de la Justicia Federal, es la Ley de Ética Pública la que establece que los magistrados del Poder Judicial de la Nación están obligados a realizar la declaración jurada de sus bienes patrimoniales. El objetivo es que exista un control del Estado y la ciudadanía respecto del patrimonio de los funcionarios públicos y esta información se pueda utilizar como contralor de posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

Además, la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097), a las que adhirió la Argentina, prevén la incorporación de “sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos de personas que desempeñan funciones públicas, posibilitando su publicación cuando así corresponda”.

Información oculta o secreta

En todos los casos, la publicidad de esta documentación podría contribuir al fortalecimiento de la alicaída confianza pública y de la legitimidad que tiene el Poder Judicial: según datos de la consultora regional Latinobarómetro, en nuestro país apenas el 22% de la población confía en la Justicia.

“El Poder Judicial siempre es el más oscuro de todos los poderes en cuanto a la rendición de cuentas. Es necesario que los encargados de administrar justicia eleven los estándares de transparencia, y conocer la declaración jurada de los jueces es fundamental para saber si hay una evolución patrimonial anormal, o si pudiera existir un conflicto de intereses”, advirtió Pablo Secchi, director de la fundación Poder Ciudadano.

Para Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, este relevamiento dio con información “muy valiosa y es muy bueno poder cuantificarla”, aunque advirtió que no llama la atención. 

“Si tenemos instituciones muy cuestionadas, es necesario trabajar para recomponer esos vínculos que se han roto con la sociedad. La generalización de esto nos advierte de que hay una sensación del ‘vale todo’. Eso obedece a que los ministros no sienten una inclinación o vocación a trabajar para que ese vínculo de deslegitimación se componga. Tampoco hay una demanda institucional ni social, ni reproche alguno que empuje a trabajar en la transparencia”, señaló.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.