Lago Escondido: qué se sabe sobre el viaje de jueces, funcionarios y empresarios a la residencia de Joe Lewis

Última actualización: 04/01/2023

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en cadena nacional para referirse a una filtración de chats de la que dieron cuenta los diarios Tiempo Argentino, Perfil y el portal El Cohete a la Luna el fin de semana último. Consiste en una presunta conversación en el servicio de chat Telegram entre jueces federales, fiscales, el ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), Marcelo D’Alessandro, ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y directivos del Grupo Clarín.

En ese diálogo, los interlocutores parecen diseñar estrategias para contrarrestar y evitar la difusión de un viaje de este grupo supuestamente pagado por el Grupo Clarín (según lo dicho por el Presidente en cadena nacional y Twitter) y revelado en octubre por el diario Página 12 a la residencia del empresario inglés Joe Lewis, ubicada en tierras lindantes con el Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Incluso, aluden a una fiscal dispuesta a facilitar el cierre de la investigación judicial que se abrió por el hecho.

Un mes después de la difusión de los supuestos chats, se divulgaron otras presuntas conversaciones de D’Alessandro con el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Silvio Robles; la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani; y Marcelo Violante, titular de Dakota SA, empresa de acarreo contratada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia de la difusión de estas supuestas nuevas conversaciones, D’Alessandro pidió una licencia temporaria en su cargo.

A continuación, te contamos qué se sabe hasta el momento (y qué no) sobre el viaje a Lago Escondido y los diálogos relacionados, que se conocieron en diciembre a menos de 72 horas de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dé su veredicto en la causa “Vialidad”, donde los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a la vicepresidenta a 6 años de prisión al declararla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

1. ¿Cuándo salió el caso a la luz?

El 17 de octubre último, Página 12 publicó una nota titulada “Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”. Allí se cuentan detalles de un encuentro en la estancia del magnate Lewis, del que participaron los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos); el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el ex jefe de legales de la AFI, Leo Bergroth.

Según describe el artículo, estas personas llegaron en un avión privado al aeropuerto de Bariloche y subieron en vehículos que suele utilizar Lewis para ser trasladados hasta la estancia. La nota, sin embargo, no menciona a directivos del Grupo Clarín.

2. ¿De dónde sale la información que circuló este fin de semana?

Según la nota publicada en El Cohete a la Luna -portal fundado por el ex columnista de Página 12, Horacio Verbitsky-, la filtración de esta información surgió de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro. El sitio breached.vc, según este artículo, anuncia que vende esta información. “Vendo datos completos exportados de Telegram del Ministro argentino + 500MB $600 – Solo BTC o Monero (N. de la R.: en referencia a las 2 criptomonedas que llevan ese nombre)” (sic), señala este sitio web.

A principios de noviembre, tanto D’Alessandro como el diputado nacional Diego Santilli (PRO), que hasta 2021 tuvo a su cargo la Seguridad porteña, denunciaron que sus celulares fueron hackeados. Esta causa fue sorteada y cayó en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría.

3. ¿Quiénes son las personas involucradas en la supuesta conversación?

-Julián Ercolini: desde 2004 es titular de uno de los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Tiene 60 años, es docente universitario y es el juez que instruyó la causa “Vialidad”, que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal condenada.

-Carlos Mahiques: es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal en materia penal del país. Llegó a este tribunal en 2017 mediante un traslado desde la otra Cámara de Casación, la porteña, que trata delitos ordinarios. Antes, había sido ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal (Cambiemos).

-Pablo Cayssials: desde 2009 es titular de uno de los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, el fuero que trata los conflictos entre el Estado y los particulares y el que tiene a cargo el control de los actos administrativos del Gobierno.

-Pablo Yadarola: juez del fuero Penal Económico desde 2015, fue secretario del ex juez federal Sergio Torres.

-Juan Bautista Mahiques: es hijo del camarista de Casación y durante el gobierno de Cambiemos fue el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Actualmente, es el jefe de los fiscales de la Ciudad.

-Marcelo D’Alessandro: fue diputado nacional (PRO) entre 2013 y 2016, año en el que asumió como secretario de Justicia y Seguridad porteño. En 2021, tras la renuncia de Diego Santilli, asumió como ministro de Seguridad de la Ciudad.

-Tomas Reinke: es presidente de la empresa Mediabit SA, especializada en el diseño y ejecución de campañas digitales.

-Leonardo Bergroth: señalado como ex director de Asuntos Legales de la AFI.

4. ¿Cuál es la supuesta participación del Grupo Clarín?

Los presuntos chats y audios que fueron filtrados a partir del hackeo del celular de D’Alessandro revelan una activa participación en ese grupo de Telegram de 2 personas ligadas al Grupo Clarín: Jorge Rendo, presidente del Grupo, y Pablo Casey, director de Asuntos Legales de la empresa de medios.

5. ¿Qué dijo el presidente Alberto Fernández?

Fernández habló en cadena nacional y anunció 2 iniciativas. En primer lugar, instruyó al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a que solicite al Ministerio Público Fiscal la investigación de posibles delitos que se desprendan de estos mensajes. Según el mandatario, en caso de que se compruebe la veracidad de los diálogos, los involucrados podrían ser investigados por los delitos de dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En segundo lugar, el Presidente instruyó al representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, a que solicite el inicio de un sumario ante la Comisión de Disciplina de este organismo para investigar la conducta de los jueces involucrados.

Hasta ahora, el único de los involucrados que habló públicamente fue D’Alessandro. “Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, indicó en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a (Francisco) De Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito. Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad”. Luego, en una entrevista en Radio Con Vos, agregó que “respecto de algunas situaciones yo puedo determinar y demostrar que está editado”.

6. ¿Qué expedientes se iniciaron por este viaje?

El 25 de octubre último, 8 días después de que se publicara la nota de Página 12 y casi 2 semanas después del presunto viaje, el abogado Luciano Ortiz Almonacid presentó una denuncia contra los 4 jueces ante el Consejo de la Magistratura. Este expediente aún no tuvo movimientos y, según los registros del Consejo, aún no tiene un consejero asignado para su impulso.

Lo mismo ocurre con otra denuncia presentada ante el Consejo, en este caso por Marcelo Hertzriken Velasco, un abogado de Río Negro que ya había denunciado al juez Mariano Borinsky ante el organismo que sanciona a los jueces.

Este mismo abogado también presentó una denuncia en la Justicia federal de Bariloche, que tiene a cargo las causas que tramitan en esta ciudad y alrededores. Los chats que se dieron a conocer este fin de semana también hacen referencia a este expediente. Allí, la fiscal federal María Cándida Etchepare imputó esta semana a los 8 involucrados que volaron a Bariloche en el avión privado y a los 2 directivos del Grupo Clarín.

7. ¿Cuál es el valor judicial de estas conversaciones?

Para que las llamadas telefónicas o los chats sean considerados prueba válida en un expediente judicial deben haber sido ordenadas por un juez. El artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación permite a los jueces ordenar la intervención de comunicaciones telefónicas. También pueden obtener los registros que existan de las comunicaciones telefónicas de imputados en procesos penales. La Ley de Inteligencia Nacional sostiene el mismo principio: las comunicaciones son inviolables en todo el país, “excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”.

Como se explicó en esta nota, existen antecedentes de tribunales que han avalado, además, el uso de grabaciones telefónicas aportadas por algunas de las partes del proceso, es decir que no se trató de una intervención ordenada por un magistrado. Se trata de casos en los que la grabación la obtiene quien resulta ser la víctima y en contra del imputado.

No obstante, en este caso no media ni la orden de un juez ni se trataría de un audio o chat aportado por una parte del proceso. La filtración de estos chats son consecuencia de un hackeo, que es un delito. “La ley procesal prohíbe incorporar a un expediente penal pruebas que hayan sido obtenidas mediante un delito o una violación de las garantías constitucionales. Se excluye la prueba ilegal. Y existe lo que se conoce como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’, que sostiene que es nula toda la prueba obtenida a partir de esa prueba inicial inválida”, explicó a Chequeado Manuel Garrido, abogado penalista y ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación.

“Sin embargo -aclaró-, en este caso ya había una causa en curso por el delito de dádivas y la investigación podría apuntar a corroborar todos los elementos propios de ese delito prescindiendo de los chats, tales como el viaje, el acta de vuelo, la validez de las facturas, movimientos de dinero, testigos en el lugar, información verificable en registros virtuales, secuestro de celulares de los involucrados, por ejemplo. Todo eso tendría una fuente independiente de los chats y no invalidaría la prueba que se pueda obtener”, señaló Garrido.

Actualización 04/01/2023: esta nota fue actualizada con la última información disponible.