Las mujeres trans otra vez son las más afectadas por los crímenes de odio

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Travesti, y Transexual (LGBTT) -que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT-, publicó un informe con los datos de los crímenes que ocurrieron durante el primer semestre de 2020. Además, publicó su informe anual con los crímenes de odio que ocurrieron durante el 2019.

Según el organismo, se consideran crímenes de odio a los “actos voluntarios y conscientes, realizados con saña (…), cuya intención es causar daños graves o muerte a la víctima, y están basados en el rechazo, desprecio, odio y la discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas”. A partir de esa definición, el Observatorio recopiló datos de casos con estas características ocurridos en todo el país.

¿Qué dicen los datos de este año?

Durante los primeros 6 meses de 2020 (desde el 1º de enero hasta el 30 de junio), “hubo 69 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio”.

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de estos crímenes de odio, el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros). En segundo lugar, con el 16%, se encuentran los varones gays cis [N. de la R: el INADI define como cisgénero a la persona cuya identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer]; en tercer lugar, con el 4% de los casos, le siguen las lesbianas; y, por último, con el 2% los varones trans.

Sin embargo, la cifra puede ser mayor ya que desde el Observatorio aclaran que “estas cifras sólo contemplan los casos que provienen de los medios masivos de comunicación, e información recolectada por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales y contactos telefónicos”. Es decir, aquellas situaciones de violencia que no son denunciadas o no llegan a los medios de comunicación no son contempladas. 

De todos los crímenes de odio registrados este semestre, el 46% de los casos (32) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 54% restante de los casos (37) a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.

¿Qué pasó durante 2019?

Durante todo el año último se cometieron 177 crímenes de odio, según el informe. Esto significa un aumento del 17% del total de casos si se compara con los que se registraron durante 2018. 

El 64% de los casos corresponden a mujeres trans. Nuevamente, la población trans fue la más vulnerada durante el año último. Esto mismo ocurrió en 2018 y 2017, respectivamente (ver acá y acá). La misma tendencia se mantuvo durante el primer semestre de este año.

“La violencia se mantiene en aumento porque, a pesar del hito de la Ley de Identidad de Género, el colectivo trans sigue siendo ignorado socialmente”, explicó a Chequeado Victoria Antola, investigadora trans y magíster en Estudios y Políticas de Género. Además, señaló que “las instituciones públicas al día de hoy siguen reforzando discriminación y las diferencias sociales para las personas trans”.

Como consecuencia de este fenómeno, Antola señaló que las personas trans siguen viviendo en situaciones muy marginales y que “se debe pensar una respuesta integral para la población trans y lograr que sea incluida en la vida pública y privada de forma laboral, política y educacional”. 

Según los datos, en 2019 hubo 16 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual: 12 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis. Además, se produjeron 62 muertes por abandono y/o ausencia estatal. En todos los casos se trató de mujeres trans.

Con respecto a la modalidad empleada para ejecutar los crímenes de odio durante 2019, el 47% corresponde a golpes físicos. Luego, le siguen -con el 36%- las consecuencias materiales de la ausencia y/o el abandono estatal. Según el informe del Observatorio, estos abandonos generalmente están ligados al sistema sanitario.

Finalmente, el 4% de los ataques incluyeron puñaladas con armas punzantes y un 3% con abusos sexuales y armas de fuego.

Resarcimiento económico para víctimas de violencia de género

A comienzos de septiembre último, el Gobierno nacional anunció el programa Acompañar. Se trata de una medida “cuyo objetivo es promover la autonomía de las mujeres y LGBT en riesgo en contextos de violencias de género”. El programa está bajo la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nació .

“En estos casos será central conocer los criterios de asignación y para la determinación de la evaluación del riesgo”, explicó a Chequeado Natalia Gherardi, directora de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Aquellas mujeres y personas de la comunidad LGBT que se encuentren en situación de violencia podrán solicitar en la ANSES un apoyo económico durante 6 meses. La suma será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. 

Esta medida fue creada con el Decreto 734/2020 el 9 de septiembre último. Se enmarca dentro de lo que se denomina el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

Este plan, impulsado desde la cartera que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, tiene distintos objetivos. Como explicamos en esta nota, para los 2 años de implementación -que van de junio de 2020 a junio de 2022- el presupuesto previsto “asciende a la suma total de $18 mil millones”.

Allí se incluyen, según el plan, “las partidas que ejecutará en forma directa el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por cuenta propia o con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Nacional”, como el Ministerio de Obras Públicas de la Nación o la ANSES, que participarán en la construcción de los Centros Territoriales Integrales y el Programa Acompañar, respectivamente.

Durante la gestión de Mauricio Macri también se desarrolló un plan llamado “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019”. Entre los avances que destacó el Instituto Nacional de las Mujeres en su informe de gestión se encuentran el fortalecimiento de la línea 144 para atender casos de violencia y el acompañamiento judicial, así como la implementación de las leyes Brisa -que brinda beneficios para los hijos de víctimas de femicidios- y Micaela -de capacitación de género a los funcionarios-, entre otros puntos.

Sin embargo, hubo otros objetivos del plan, como el de la construcción de hogares, que no se cumplieron: de los 36 refugios sólo se terminaron 9, como explicamos en esta nota.