Ley de lobby: en qué consiste la propuesta del Gobierno y cómo se reguló en otros países

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular las interacciones entre los funcionarios públicos y los actores privados que influyen en la toma de decisiones gubernamentales. En otras palabras, la norma apunta a legislar sobre la manera de “hacer lobby”.

¿Qué propone el proyecto para regular el lobby presentado por el Gobierno?

El proyecto se titula “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” y busca regular todas las gestiones de intereses vinculados al funcionamiento del gobierno central, como el proceso de hacer, cambiar o eliminar leyes; la entrega de contratos, permisos y licencias estatales; el manejo del dinero público (presupuestos, subsidios y beneficios fiscales); y nombramiento de funcionarios, entre otros.

La iniciativa crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso público, gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de manera obligatoria las personas humanas y jurídicas (como compañías, consultoras y demás) que realicen gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Además de los datos personales o jurídicos, los gestores deberán declarar si realizan el lobby de manera gratuita o si lo cobran, si actúan en representación de intereses locales o extranjeros y tendrán que presentar un informe trimestral que informe los contratos de gestión realizados; las personas, organismos o dependencias contactadas; el motivo de esas gestiones; y el beneficiario final de su intervención, entre otros detalles. 

En paralelo, la propuesta promueve la creación del Registro Público de Gestión de Intereses, en el que deben inscribirse los funcionarios públicos (presidente, vicepresidente, ministros, diputados, senadores y asesores) para declarar sus contactos con lobbistas y los detalles de los asuntos tratados en esos encuentros. 

La iniciativa le prohíbe a los ex funcionarios actuar como gestores de intereses durante los 2 años siguientes al cese de sus funciones. La prohibición rige para los organismos donde se desempeñó o en asuntos en los que tuvo incidencia.

La propuesta prevé apercibimientos, multas económicas e inhabilitaciones para gestores de intereses que falseen información o no presenten los reportes, y s establecen penas de entre 6 meses y 2 años de prisión por la gestión clandestina de intereses, es decir, hacer lobby sin estar inscripto en el registro.

El proyecto fue presentado el fin de semana y el mensaje dirigido a la Cámara de Diputados lleva la firma de Guillermo Devitt, quien desde diciembre de 2025 es secretario de Asuntos Estratégicos, tras dejar su cargo en la tabacalera Philip Morris. 

Sobre la iniciativa, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, destacó en diálogo con Chequeado que el proyecto es “bienvenido” para regular la actividad pero marcó una serie de “falencias” en lo que incumbe al ámbito legislativo. 

Entre otras, el especialista advirtió que “sigue siendo opaca la información sobre viajes de los legisladores, el proyecto no crea un registro de obsequios que reciben; no establece un código de ética ni una comisión especial para tratar estos temas en el Congreso nacional ni obliga a llevar un registro de la agenda de gestión de intereses de los legisladores, con información pública sobre sus reuniones, los motivos y asistentes a esos encuentros”.

“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, señalaron en un comunicado de la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI).

Sin marco regulatorio, ¿qué significa “hacer lobby” hoy, según los expertos?

En Argentina, el lobby está regulado de manera parcial a través del Decreto 1172/2003, que fue dictado al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y funcionó durante más de una década como la única herramienta legal que regulaba el acceso a la información pública.

El decreto incluye, además, un reglamento general para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde los funcionarios públicos están obligados a informar sobre toda audiencia con gestores de intereses. 

Alejandro Alonso, doctor en Ciencia Política y docente de Lobbying en la Universidad Austral, planteó que “la representación de intereses es un proceso legítimo en la democracia participativa y deliberativa. En el ámbito legislativo, por ejemplo, las distintas peticiones tienden a visibilizar las necesidades específicas de colectivos, ONGs o incluso de entidades públicas”.

Bermolen destacó que “la actividad del lobby en Argentina no está prohibida pero sí claramente sospechada”. Y agregó: “El problema no es el ejercicio del cabildeo (o lobby) ni la presencia de grupos de interés que intentan incidir en la construcción de una normativa, sino que muchas veces esas gestiones se realizan por fuera de lo establecido, en reuniones clandestinas, o a partir de presiones económicas o entrega de dádivas u obsequios, y con favoritismos que disimulan actos de corrupción”. 

¿Cómo funciona esta actividad en otros países, como Estados Unidos y Chile?

La propuesta del gobierno de Milei presenta algunas semejanzas con el modelo estadounidense. Allí, se sancionó en 1995 la Lobbying Disclosure Act (LDA), que luego fue complementada por otras normas. Establece que las personas o empresas que hagan lobby de manera profesional deben registrarse si dedican un tiempo significativo (más del 20% de su tiempo) a influir en políticas y reciben ingresos por hacerlo. 

Esos agentes o empresas de lobby deben informar a quién representan, en qué temas hacen lobby y cuánto dinero reciben por ese trabajo. Una ley complementaria de 2007 prohibió regalos o beneficios a funcionarios por parte de lobbistas y estableció restricciones para que ex funcionarios no puedan ejercer tareas de lobby inmediatamente después de dejar el cargo.

En Chile, el foco está más puesto en los funcionarios que en el registro de lobbistas. Tras más de una década de debate parlamentario, en 2014 el Congreso chileno aprobó una Ley de Lobby. Impone a las autoridades y funcionarios públicos la obligación de registrar y dar publicidad a las reuniones y audiencias con lobbistas, a los viajes financiados por terceros y a donativos recibidos por funcionarios.