Lopérfido negó haber sido aportante de la campaña de 2015 de Mauricio Macri

El ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Eduardo Lopérfido, cuyo nombre figura entre la lista de aportantes de Cambiemos para las elecciones presidenciales de 2015, negó ante una consulta de Chequeado haber aportado dinero a la campaña del entonces candidato y hoy jefe de Estado, Mauricio Macri. El caso se suma al del actual intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien esta semana denunció que no realizó el aporte con el que figura en el listado oficial presentado ante la Cámara Nacional Electoral.

El nombre de Lopérfido aparece en el listado de Cambiemos para las elecciones presidenciales generales de 2015, que tuvieron lugar en octubre de ese año. Según el documento, el ex ministro donó $30 mil (US$ 3.200 al tipo de cambio de ese momento) en efectivo el 14 de octubre de 2015, cuando se desempeñaba como director del Teatro Colón, es decir, era funcionario de la Ciudad, entonces a cargo del propio Macri.

“No, no aporté esos $30 mil y mucho menos en efectivo”, aseguró a este medio Lopérfido, quien tras su salida del Ministerio de Cultura fue representante especial para la promoción de la cultura argentina en Alemania hasta marzo último. “Recordaría perfectamente haber puesto esa suma, porque tendría que haber llevado ese dinero en efectivo”, agregó.

No es el primero que niega un aporte reportado por Cambiemos en 2015. Arroyo ganó las elecciones a intendente de Mar del Plata como candidato de Cambiemos en 2015 y figura en el listado de aportes a la campaña presidencial de Macri. Según el informe, aportó $50 mil (US$ 5.300 al tipo de cambio de ese momento) en efectivo, aunque esta semana negó haber donado dinero: “No aporté ningún centavo a nadie”.

Osvaldo Marasco, que fue candidato en 2015 a intendente de Ituzaingó por Cambiemos, también figura como aportante. “Yo mismo figuro con $50 mil de aporte en 2015, y no los puse ni hay ningún documento donde figure la transacción, que por supuesto tampoco es parte de mi declaración jurada correspondiente”, dijo Marasco a Página 12. El dirigente, de acuerdo con el listado oficial, donó $50 mil el 29 de septiembre de 2015.

Una investigación de Chequeado publicada en 2016 reveló que Macri recibió en su campaña presidencial $3 millones de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento tenía como jefe de Gobierno al propio Macri. La Ley de Financiamiento Electoral prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten a candidatos. Además, si se suman los aportes de gerentes de empresas sin vínculos con el Estado, que habrían aportado a nombre de las compañías (algo prohibido por ley dentro de la campaña), la cifra alcanza los $5 millones.

Ante la consulta por el financiamiento de la campaña de 2015, desde el Gobierno de la Ciudad remitieron al apoderado del PRO, José Torello. Cuando este medio publicó la investigación mencionada, este funcionario dijo a Chequeado: “Reconozco que es un proceso engorroso, pero es la única manera de no ser truchos, y nosotros tratamos de ser lo menos trucho posible”.

Desde entonces, el Gobierno anunció varias reformas electorales, pero no las concretó. Por eso, en la última elección, las cosas no parecen haber sido distintas. Desde la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, que dirige Adrián Pérez, señalaron a este medio que “el proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Electoral se presentó en febrero último ante la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación y desde ese momento se encuentra en revisión”. O sea, que el Gobierno aún no lo envió al Congreso para su debate. Desde la Secretaría confirmaron que será enviado mañana al Parlamento. El proyecto prevé la bancarización absoluta de los aportes, habilita a las empresas a hacer aportes con topes en períodos de campaña (algo actualmente prohibido) e incorpora como órganos de contralor a la UIF, Anses, Procelac, AFIP e IGJ, entre otras modificaciones.

Una investigación del sitio El Destape publicada este mes denunció que más de 500 personas que viven en villas del conurbano y son beneficiarios de programas sociales y cerca de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes de Cambiemos en las elecciones legislativas 2017 de la Provincia de Buenos, pese a que varios de ellos niegan haber hecho esos aportes. Esta publicación dio origen a dos expedientes en la Justicia federal en los que se investigan las irregularidades en el informe financiero y a una investigación preliminar del fiscal electoral porteño Jorge Di Lello.

El informe financiero de 2015 de Cambiemos ya había estado bajo la mira de la Justicia. El fiscal Di Lello sostuvo en un dictamen que la agrupación “no ha podido demostrar en forma clara y precisa el origen y destino de los fondos recibidos”. Por eso, la jueza María Servini de Cubría no aprobó la rendición de cuentas presentada por la alianza (PRO, UCR y Coalición Cívica) en la campaña que llevó a Macri a la Presidencia.

Una de las irregularidades mencionadas en aquel fallo era el caso de Jorge Más, candidato a intendente de Pehuajó por Cambiemos en 2015 que figura en el listado de aportantes de Macri con una donación de $50 mil en efectivo. Más negó esa donación ante la Justicia y esta semana lo reiteró en “Minuto Uno”, programa que se emite por el canal C5N. Ese fallo de Servini fue apelado y la Cámara Nacional Electoral tiene en sus manos la resolución sobre la validez del informe financiero. Según dijeron fuentes judiciales a este medio, el fallo de la Cámara saldrá antes de fin de año.

La jueza federal también rechazó, por diversos motivos, los informes financieros de campaña del Frente para la Victoria, que llevó como candidato a Daniel Scioli; de Unidos por una Nueva Argentina, que tuvo a Sergio Massa como candidato presidencial; y Compromiso Federal, con Adolfo Rodríguez Sáa como candidato. Todos apelaron esta decisión.

Si la Cámara deja firme los fallos de Servini (uno por cada alianza), la ley prevé que las agrupaciones que cometieron irregularidades no reciban fondos públicos en las elecciones presidenciales de 2019.

Otra investigación de Chequeado reveló irregularidades en los aportantes del otro candidato presidencial que llegó al balotaje, Daniel Scioli, similares a las que El Destape reveló sobre los aportantes de Cambiemos en la campaña legislativa de 2017. En la lista del Frente para la Victoria (FpV) figuraban tres funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que negaron ante la Cámara Nacional Electoral haber aportado dinero y pidieron a la Justicia la remoción de su nombre del listado. El informe original fue rectificado y se eliminaron 204 nombres, de los cuales 182 eran empleados de ARBA.

El Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, que tiene a cargo el análisis de los informes, cuenta con apenas siete auditores contadores y un coordinador. “¿Puede un cuerpo de menos de 10 contadores revisar exhaustivamente y en tiempo oportuno los balances de todos los partidos y alianzas, de los 24 distritos del país, para las elecciones nacionales legislativas y presidenciales?”, se preguntó la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, en una nota publicada por este medio.

Por último, la especialista concluyó: “Para que el control del financiamiento de la política sea efectivo es indispensable garantizar la independencia de la autoridad encargada de la aplicación de la ley; es necesario otorgarle las competencias y facultades jurídicas necesarias y dotarla de la capacidad efectiva para llevar adelante su labor”.