Aportantes a la campaña presidencial: la Justicia no aprueba los informes de campaña y las ONGs piden una nueva ley

Un grupo de organizaciones publicaron el último fin de semana una solicitada en la que llamaron al Congreso a que reforme la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos de cara a las elecciones presidenciales de este año. Pidieron, además, que los aportantes contribuyan únicamente con dinero bancarizado (es decir, que no puedan hacer donaciones en efectivo como viene ocurriendo hasta hoy) y reclamaron a las empresas que no excedan los límites de aportes establecidos por ley.

La solicitada fue elaborada por la Red de Acción Política, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Poder Ciudadano. En el texto se señala que el actual régimen de financiamiento “no está funcionando”, que “el dinero circula en efectivo”, que “los oficialismos nacionales y provinciales utilizan recursos públicos para las campañas” y que “las rendiciones de los partidos son inconsistentes y las sanciones llegan tarde”.

Respecto de esto último, la Justicia electoral rechazó las rendiciones de la mayoría de las alianzas que participaron en las elecciones presidenciales de 2015. En julio de 2017 la jueza porteña con competencia electoral María Servini de Cubría, desaprobó los informes financieros de campaña de Cambiemos (que llevó como candidato a presidente a Mauricio Macri), el Frente para la Victoria (Daniel Scioli), Unidos por una Nueva Alternativa (Sergio Massa) y Compromiso Federal (Adolfo Rodríguez Sáa). Los únicos aprobadas fueron los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Nicolás Del Caño) y Progresistas (Margarita Stolbizer).

La Cámara Nacional Electoral dispuso meses más tarde que se profundizara la investigación y las rendiciones están nuevamente en manos de Servini.

Esta semana la Cámara Federal porteña apartó al juez federal Sebastián Casanello de la causa en la que se investigan posibles delitos en los aportes a la campaña presidencial de 2015 de Macri. El expediente se originó a partir de una denuncia de Stolbizer y se investigan incompatibilidades con la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Específicamente, los aportes que recibió Cambiemos en 2015 de parte de empresas concesionarias de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y las donaciones encubiertas de empresas a través de sus directivos, como reveló una investigación de Chequeado en 2016.

El fallo del camarista Martín Irurzun señaló que Casanello siguió un “sendero errático” que “no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial”, en referencia a las causas que tramitan en la Justicia federal de La Plata. Por eso, dispuso que la causa sea sorteada nuevamente y sea otro juez del fuero Criminal y Correccional Federal el que la investigue. El juez se opuso a la decisión adoptada por la Cámara. El sorteo determinó que será el juez federal Luis Rodríguez quien instruya este expediente.