Memorándum con Irán: la Comisión de la Verdad y sus competencias

El debate sobre el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán mostró posiciones divididas entre las asociaciones de familiares y víctimas del atentado. Laura Ginsberg, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), se manifestó en contra del acuerdo propuesto por el canciller Héctor Timerman. Entre sus argumentos, objetó que “la Comisión de la Verdad va a leer y a tomar contacto con toda aquella documentación secreta que ni las partes pudimos tener acceso”. ¿Cuál es la situación de esta documentación?

Es posible que los juristas internacionales apelen a archivos que nunca fueron desclasificados para los familiares por disposiciones específicas. Otras fuentes consultadas afirman que la Comisión sólo podrá tener acceso a la causa judicial que lleva adelante el fiscal federal Alberto Nisman.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Senado establece las competencias que tendrá la Comisión de la Verdad. Luego de especificar su conformación, el texto establece que “una vez establecida la Comisión, (…) [los comisionados] revisarán detalladamente la evidencia reunida relativa a cada uno de los acusados, pudiendo realizar consultas para completar la información”.

Para Gustavo Arballo, abogado y profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa, esto implica que los cinco juristas “revisarán toda la información que está en la causa judicial, pero también toda aquella relacionada con la culpabilidad de los imputados”. En este sentido, agregó que “los iraníes podrían pedir que la Comisión pueda tener acceso a pruebas complementarias no incorporadas formalmente en el expediente, a lo que la Argentina se podrá negar”.

Esas pruebas complementarias podrían ser ciertos archivos del caso AMIA, que se encuentran en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Se trata de información relacionada con el decreto 786/2003. El titular de la Unidad Especial de Investigación AMIA en ese momento, Alejandro Rua, recibía información de varias dependencias nacionales, y estaba obligado a remitir a “los magistrados competentes la copia íntegra de aquellas constancias que puedan resultar de interés”, para que se agregaran a la causa. Sin embargo, el PEN pidió que se resguardaran “aquellas cuestiones referidas a la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros que hubieran colaborado en la investigación judicial de los atentados o las que a juicio del tribunal impliquen la divulgación de secretos que puedan comprometer la seguridad del Estado”.

A estas dos últimas excepciones se refirió Ginsberg, ya que se trata de documentos que no fueron desclasificados para la justicia ni para las asociaciones de familiares por el atentado.

Respecto de los archivos desclasificados por la Unidad AMIA, Diana Malamud, de Memoria Activa, recordó: “Yo fui a la SIDE durante muchos meses a ver la información, iba con el personal de la unidad AMIA, y leí durante ese tiempo mucho de lo que había. Algunas cosas estaban tachadas (nombres de espías). Se supone que tuvimos acceso a todos los archivos. Es difícil saber a ciencia cierta si eran todos o no, teniendo en cuenta que eran archivos secretos”. Pablo Jacoby, abogado querellante de la agrupación, coincidió con este testimonio.

Sin embargo, desde la Agrupación de Familiares de las Víctimas del Atentado no coincidieron con la lectura mencionada más arriba del proyecto de ley. Olga Degtier, miembro de la agrupación, afirmó a Chequeado.com que “la información a la que va a acceder la Comisión de la Verdad es sólo aquella a la que tienen acceso las partes querellantes. No va a haber ningún informe que no tengamos [N. de R.: en el expediente de la causa judicial] que sea entregado a nadie”.