Protestas de la Policía bonaerense: de qué se acusa a los agentes y qué sanciones impuso el Ministerio de Seguridad

El lunes último el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ordenó la desafectación del servicio de más de 400 efectivos de la Policía bonaerense por su participación en las protestas del 8, 9 y 10 de septiembre de 2020, que se produjeron en diferentes puntos del territorio bonaerense y tuvieron su epicentro en la Quinta presidencial de Olivos, en reclamo de mejoras salariales.

En esta nota, explicamos de qué se acusa a los policías desafectados y qué implica la sanción que se les impuso. 

Las acusaciones

En las Investigaciones Sumariales Administrativas (ISA) que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició contra los policías que se manifestaron en septiembre último se sostiene que los agentes sancionados “habrían mantenido una conducta que prima facie encuadraría en los artículos 194 incisos a, c y d; artículos 198 inciso h, 202 inciso g, y 203 inciso h del Decreto 1050/09”.

Los artículos señalados refieren a faltas consideradas “graves” como la insubordinación, transmitir proclamaciones contra la institución policial, incumplimiento de los deberes de policía que hayan afectado la operatividad, el prestigio y la imagen pública de la fuerza y la “afectación a la racionalidad y legalidad de la actuación policial”.

Desde el sector de Prensa del Ministerio de Seguridad bonaerense señalaron a Chequeado que más de 400 policías fueron sancionados por estos motivos, pero indicaron que la investigación alcanzó a 1.800 agentes y que los casos confirmados forman parte de una “primera conclusión”, por lo que no se descartan más medidas disciplinarias.

El informe de Asuntos Internos señala que los agentes sancionados “participaron de una protesta cuyo fin era solicitar mejoras salariales así como en sus condiciones laborales, encuentro que se llevó a cabo afectando la prestación normal del servicio y excediéndose de sus funciones y competencias”.

También se indica que los efectivos “afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y al efectuar proclamaciones y reclamos contra la institución policial y sus componentes, relacionadas con condiciones o situaciones laborales, también afectaron gravemente la operatividad, el prestigio de la institución y la racionalidad y legalidad de la actuación”. 

Las sanciones

La Auditoría General de Asuntos Internos decretó la desafectación del servicio de los policías sancionados “con el fin de evitar el posible entorpecimiento de la investigación”. 

La Ley N° 13.982 indica que la desafectación es una “medida cautelar dispuesta en el marco de actuaciones sumariales” para el personal “sometido a sumario por hechos que razonable y verosímilmente puedan dar lugar a sanciones de cesantía, exoneración o suspensión sin goce de haberes mayor de 30 días”.

La sanción prevé la retención del 50% de los haberes durante el tiempo que dure la desafectación, monto que será reintegrado solo en los casos en que el agente sea sobreseído o que la sanción final sea una amonestación o suspensión por no más de 30 días.

Además, mientras dure la investigación también se les prohíbe a los agentes sancionados el uso de su uniforme y del arma reglamentaria -que le son retirados de forma temporaria-, y se suspenden los posibles ascensos.