Qué se sabe sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei

Tras el triunfo en las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei confirmó el lunes su intención de avanzar con una reforma laboral. En una entrevista con A24, Milei afirmó que “debe haber una modernización laboral” y que no van “por los derechos de nadie”.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral (es decir, puestos de trabajo que no cuentan con estabilidad, aportes jubilatorios, obra social o vacaciones pagas) alcanzó al 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025, lo que implica un aumento de 1,6 puntos con respecto a igual período de 2024. 

Si bien el Poder Ejecutivo no presentó de manera oficial su propuesta de reforma laboral, un proyecto de ley de la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez; declaraciones del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Cordero; y la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 (luego impugnada por la Justicia) sirven de base para anticipar los puntos que podría abordar el proyecto de ley. 

Acuerdos de trabajo por empresa, en lugar de los convenios colectivos

Cordero habló durante el último Coloquio de IDEA sobre los “convenios por empresa”, en lugar de por actividad como es hasta ahora. La propuesta oficial apunta a que las paritarias contemplen al tipo de empresas (bajo la idea de que no es lo mismo la estructura de una PyMEme que una compañía multinacional) y la región en la que está radicada.

“Hoy, los convenios colectivos -y por tanto las paritarias- son nacionales, por rama de actividad”, destacó Cordero. Y agregó: “La idea es que el convenio por empresa establezca los beneficios laborales mínimos, y luego cada empresa en negociación con los gremios puede generar un diferencial mayor”.

En relación con los convenios colectivos, también se discute el criterio de “ultraactividad”, que establece que todo convenio mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. De aplicarse esta reforma, casi todos los adicionales salariales (como pago de antigüedad, zona desfavorable, título académico, etcétera) perderían vigencia, explicó el Observatorio del Derecho Social, que depende de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Por otro lado, el Gobierno nacional ya estableció que las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras empresarias o sindicatos, salvo que esto sea aceptado por el trabajador de manera voluntaria. 

Jornada laboral extendida hasta 12 horas y vacaciones fragmentadas

La reforma podría incluir una extensión del horario laboral desde las 8 horas actuales hasta las 12 horas, de acuerdo con el artículo 197 bis del proyecto de Diez. La iniciativa propone, además, que “se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas y francos compensatorios, entre otros”.

Joan Manuel Vezzato, analista del área de Trabajo del think tank Fundar, destacó en diálogo con Chequeado que “la incorporación del artículo 197 bis podría habilitar jornadas de hasta 12 horas”. Y puntualizó: “Más allá de ir a contramano del mundo en un país que tiene una de las jornadas máximas legales más extensas, la ampliación de la jornada representa una transferencia de ingresos de trabajadores que hoy cobrarían horas extras a las empresas”.

Por otra parte, el proyecto de Diez propone que los empleadores puedan dividir las vacaciones de los trabajadores, con un mínimo de 1 semana. 

Incrementos salariales dinámicos, atados a la productividad

La propuesta podría incluir una nueva modalidad para definir los aumentos salariales, tomando como referencia la productividad de los trabajadores. 

En la actualidad, los aumentos salariales de los trabajadores en relación de dependencia se definen en el marco de negociaciones paritarias, de la que participan sindicatos, empresas y el Estado. La nueva modalidad incluiría un piso salarial común, con aumentos según el desempeño laboral.

En este sentido, Cordero planteó, en su presentación durante el 61º Coloquio de IDEA, que “se necesitan encontrar elementos objetivos en cada actividad que permitan hacer una diferenciación en la eficiencia y eficacia de cada trabajador” para reemplazar el actual sistema de negociaciones paritarias por incrementos salariales dinámicos. 

Pago de juicios laborales, en cuotas

El proyecto de ley presentado por la diputada Diez establece que las PyMEs podrán pagar las indemnizaciones por despido y multas derivadas por juicios laborales en hasta un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas.

En este sentido, el ministro de Economía Luis Caputo señaló, durante una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, que se buscará terminar con situaciones como “la de una PyME que no puede contratar a alguien porque alguien le hace un juicio laboral y la saca de la cancha”.

En el caso de las indemnizaciones, el Gobierno nacional creó el Fondo de Cese Laboral, mediante el cual las empresas pueden realizar por adelantado aportes mensuales para hacer frente a los gastos de un eventual despido. Sin embargo, su implementación hasta ahora fue casi nula: el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger dijo a los empresarios que hasta el momento “nadie hizo nada” para utilizar el nuevo sistema. 

Beneficios fiscales y aduaneros para empresas

La propuesta de Diez incluye la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), para incentivar nuevas relaciones laborales, que contempla la devolución anticipada del IVA, bonos de crédito fiscal para empleadores, así como otros tipos de beneficios fiscales y aduaneros. 

En este sentido, Cordero dijo durante la presentación del Proyecto del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación que la reforma laboral apunta a “a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal”, y aseguró que “el Estado tiene la obligación de generar ese espacio jurídico y fáctico para que se den las contrataciones”.

El debate sobre la reforma laboral: ¿genera o no empleo, el objetivo declarado por el Gobierno?

Santiago Bulat, economista jefe de IDEA y socio de la consultora Invecq, destacó que “la reforma laboral ya comenzó a hacerse de facto: el empleo independiente, registrado bajo la figura de monotributo, creció un 42% desde 2012; mientras que el empleo formal se incrementó un 3% y el empleo público, un 34%”.

Y amplió: “Esto es así porque los costos de contratación son muy distintos si se hacen de manera formal o a través de contratación de servicios: un empleado en relación de dependencia, con un salario de $ 2 millones, representa una erogación de casi $ 6,5 millones por año en concepto de contribuciones y aportes a la seguridad social. Mientras que un empleado independiente con la misma facturación significa un costo de $ 218 mil para la seguridad social”. 

La consultora Invecq señaló que un factor determinante para el aumento de la informalidad está relacionado con “los elevados costos de contratación: Argentina presenta los costos más altos de la región, en torno al 70% (ligeramente por encima de Brasil)”.

En el mismo sentido, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostiene que el peso de las contribuciones patronales en el costo laboral total de Argentina ascendió al 21,2% en 2024, lo que ubica a nuestro país en el décimo lugar sobre una muestra de 39 países.

Por su parte, Vezzato -de Fundar- dijo que “el Gobierno pone el foco en que una reforma creará empleo y eso no es así, menos en un contexto de economía en recesión”. Y agregó: “La Ley Bases mostró que la flexibilización laboral no ayuda a crear empleo y lo que hace es convalidar la informalidad estructural del mercado de trabajo, como fue el caso con la eliminación de multas, la figura del colaborador independiente, etcétera”. 

Asimismo, el especialista planteó que el proyecto de Diez “repone temas laborales del DNU 70, que fueron declarados inaplicables por la Justicia y fueron quitados en la posterior Ley de Bases, que consolidó aspectos del decreto inicial”. 

El Gobierno nacional había impulsado su primer intento de modificación de la legislación mediante el Decreto 70/2023, pero el capítulo laboral de este DNU fue declarado inconstitucional por la Justicia. Luego, el Congreso aprobó la Ley Bases, que incluyó algunas modificaciones al régimen laboral, como la modificación del período de prueba, el agravamiento de indemnizaciones por despidos discriminatorios.