Quién es Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis habitacional en España

Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que fue desalojada de su departamento en Madrid y se convirtió en símbolo de la crisis habitacional, desencadenó en apenas 14 días un giro político sin precedentes en España.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que habrá elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre. La decisión fue tomada luego de que el Congreso derogara dos decretos impulsados por el oficialismo para paralizar los desalojos en el país hasta 2030, en medio de las protestas masivas por el caso de Abascal.

“Sé que les indigna lo que ha pasado en el Congreso. Sé que hemos cometido errores. Quedan muchas injusticias sociales que corregir, muchas metas en servicio público y vivienda. Lo cierto es que, para hacer más, necesitamos el apoyo de la gente. Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia”, aseguró el mandatario en un comunicado oficial.

Y agregó: “Por eso, tras informar al Rey, he decidido convocar Consejo Extraordinario para convocar elecciones el 29 de noviembre. Ahora depende de vosotros”.

¿Quién es Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que fue desalojada en Madrid?

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, es una mujer de 87 años con movilidad reducida que fue desalojada del departamento donde residió como inquilina durante siete décadas en el barrio madrileño de Retiro, en España, tras una larga batalla judicial por no poder afrontar los aumentos en el valor del alquiler.

Maricarmen vivía allí desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler del departamento. Tras la muerte de su padre en 1960 y de su madre en 2005, quedó como titular y siguió pagando un alquiler que rondaba los 500 euros mensuales ($ 882.500, según el precio de venta del Banco Nación al 6 de octubre de 2026).

¿Cuándo comenzó el conflicto?

En 2018, cuando el edificio de Maricarmen cambió de propietario y terminó en poder de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una inmobiliaria dedicada a la compra y gestión de activos.

La empresa planteó entonces que el contrato de Maricarmen no podía volver a subrogarse -debido a la legislación vigente- y determinó un nuevo alquiler por 1.650 euros mensuales ($ 2.912.250). Ella cobra una pensión de 1.350 euros ($ 2.382.750) al mes.

Como explica Maldita.es en esta nota, el 27 de marzo de 2018, Renta Corporación -entonces propietaria del piso- le comunicó a Maricarmen su intención de venderlo a Urbagestión por 247.000 euros para que pudiera “ejercer su derecho de tanteo” (la posibilidad de comprarla ella misma). Si bien Abascal respondió que “procedería a estudiar la propuesta”, en una entrevista de junio de 2026 aclaró que “no tenía 250.000 euros”.

El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025, pero vecinos se movilizaron y lo impidieron. El segundo intento llegó el 3 de junio de 2026 y el tercero, el 24 del mismo mes.

Finalmente, Maricarmen fue desalojada el pasado 23 de septiembre a las 13 horas en medio de la protesta de manifestantes -que bloqueaban la entrada al inmueble- y represión por parte de la policía, según reportaron medios locales.

Dos días después, el Sindicato de Inquilinas de Madrid difundió un video donde Maricarmen agradece el apoyo recibido desde el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a donde fue trasladada: “Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desahucio (…) No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”.

El acuerdo final que permitirá a Maricarmen volver a su casa

El Ayuntamiento de Madrid afirmó a Maldita.es que “durante el proceso judicial” se pusieron a disposición de Maricarmen “diferentes recursos de alojamiento” en coordinación con la Comunidad, pero que rechazó “cada una de las alternativas”.

En diálogo con El Español en 2025, Abascal dijo: “He ido dos veces a los servicios sociales y tengo otra cita pendiente para finales de noviembre. Ellos me ofrecen, si me tengo que ir a la calle, una residencia pública o un piso tutelado. Por el momento, estoy en las listas. Es una solución que no me parece bien, porque insisto, yo tengo vitalidad para vivir sola”. 

Posteriormente, en 2026, la inquilina aseguró a LaSextaTV que solicitó “piso tutelar, residencia, piso compartido”, pero que “las listas de espera son largas y no hay ninguna posibilidad”.

El caso incluso llegó a la Organización de Naciones Unidas (ONU). En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió al Gobierno español “suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto”.

Finalmente, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, confirmó el martes 29 de septiembre tras el desalojo que llegaron a un acuerdo con Urbagestión para que la octogenaria pueda regresar a su hogar.

Según informó en una rueda de prensa, se trata de un contrato de 8 años con un alquiler mensual equivalente al 30% de su pensión. “Ojalá sirva para cambiar el paradigma de la vivienda y se empiece a regular este derecho”, señaló Duro, quien destacó “buena voluntad” por parte de Urbagestión.

Los “decretos Maricarmen”: ¿qué proponen los proyectos impulsados por Pedro Sánchez?

El 29 de septiembre, 6 días después del desalojo de Maricarmen, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros 2 decretos con medidas para frenar los desalojos en España hasta 2030.

El primer decreto proponía una prórroga de 2 años para los contratos de alquiler que estén en vigor y venzan antes de finales de 2028, además de la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios y otras medidas en materia de vivienda. El segundo buscaba establecer la renovación automática de los contratos.

Sin embargo, el Congreso español rechazó ambos decretos este viernes. El primero obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo alcanzó 166 a favor y 184 en contra.

Tras la caída de los proyectos, Sánchez llamó este lunes a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Por su parte, el Consejo de Ministros aprobó 2 decretos casi iguales a los que fueron rechazados. Con el Congreso disuelto debido al adelanto electoral, estos nuevos decretos deberán ser tratados en un plazo de 30 días por la Diputación Permanente del Congreso, un órgano conformado por 68 diputados.