Reforma judicial: según los especialistas, no resuelve los problemas de fondo

El Senado dio media sanción al proyecto de reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández y ahora el debate pasó a la Cámara baja. El proyecto fue rechazado por la oposición, pero también dio lugar a críticas de sectores de la sociedad civil que adhieren a la idea de que la Justicia federal necesita una reforma integral. ¿Resuelve el plan oficial los problemas de fondo que tiene la Justicia? La respuesta corta es “no”. Aquí, repasamos algunos de los planteos.

Con los mismos integrantes y el mismo criterio de selección, se esperan pocos cambios

La propuesta oficial, según sostiene el Presidente, busca licuar el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Py (los que investigan, entre otras cosas, los delitos contra la administración pública, más conocidos como “delitos de corrupción”) con la multiplicación de juzgados. Se pasaría, de acuerdo con la reforma, de 12 a 46 juzgados de primera instancia, con la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, sumado a la creación de nuevos juzgados.

En los debates en el Senado, el penalista Marcos Salt comenzó su exposición apoyando que se esté debatiendo una reforma. “Ese es mi punto de partida: yo creo que hay que hacer esta reforma, y saludo favorablemente que se haya iniciado este proceso”.

Sin embargo, cuestionó: “Si Comodoro Py no nos da respuesta a lo que pretendemos de la Justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la Justicia Penal Económica nos va a dar respuesta, si de este fuero tampoco podemos hacer la valoración de que esté funcionando conforme lo que espera la sociedad de él? Si nosotros pensamos que tener 12 jueces federales no dio respuesta, ¿por qué pensar que poner 40, sin cambiar las estructuras y sin cambiar el sistema, sí nos va a dar respuesta?”.

Sobre este punto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) envió al Senado un documento en el que señaló que, sin cambiar la manera en la que se elige a los jueces, no se va a modificar el estilo de magistrados que hoy tenemos. En el texto se cuestiona “la falta de reformas a los procesos de selección y sanción de magistrados, lo cual dificulta asegurar el ingreso de una nueva generación de jueces y juezas capaces de recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.

El sistema acusatorio: los especialistas advierten un retroceso

El proyecto prevé que en un plazo máximo de 2 años se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en la Justicia federal porteña. Este nuevo Código, aprobado en diciembre de 2014 (aunque su aplicación fue luego suspendida), establece el sistema acusatorio, en el que son los fiscales los que investigan y ya no los jueces. Este cambio, según sus defensores, reduce los plazos del proceso, promueve la oralidad y agiliza el proceso penal.

Sin embargo, los críticos de la reforma creen que el proyecto del Ejecutivo obstaculiza y, en algún punto, retrocede respecto de la puesta en marcha del nuevo sistema.

“La dilata, ya que establece un injustificado plazo de 2 años para su entrada en vigencia y la circunscribe a los tribunales de la Capital Federal, en vez de establecer un plazo límite para todo el país”, señala el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). “La obstaculiza porque duplica y robustece lo que debería dejar de existir, que son los juzgados de instrucción y sus anacrónicas formas de organización propias del modelo de Justicia colonial”, agrega.

En la misma línea, ACIJ agrega: “La propuesta de duplicar los juzgados de instrucción, que amplía en la misma cantidad las fiscalías, perpetúa una relación de paridad entre estos 2 tipos de órganos judiciales, cuando el sistema acusatorio demanda una proporción de oficinas del Ministerio Público Fiscal mayor a la cantidad de juzgados de garantías”.

Alberto Binder, abogado procesalista que preside el Inecip, señaló en una columna en el diario La Nación que la multiplicación de cargos “entorpece la puesta en marcha del sistema acusatorio, porque serán mayores las estructuras a convertir y muchos más los espacios ya ocupados, además del crecimiento burocrático de un modelo de organización totalmente contrario a las propuestas de fondo”.

Los tiempos de la Justicia: no los acelera

En el Senado, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, explicó que el proyecto presentado “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, eficaz y cercano, y que la respuesta a su conflicto social llegue en un plazo razonable. Es decir, un servicio de justicia que funcione”.

Como ya se mencionó, el sistema acusatorio se propone, entre otras cosas, agilizar las causas penales, con procesos orales y plazos más cortos. Pero, esta reforma vuelve a postergar su implementación en la Justicia federal de todo el país.

Otro de los expositores del debate fue el abogado Carlos Balbín, quien ocupó la Procuración del Tesoro de la Nación durante la Presidencia de Mauricio Macri. “¿Se resuelve la cuestión de ineficacia del Poder Judicial con más jueces? Yo creo que no necesariamente. Debiera, por tanto, hacerse hincapié en la organización del Poder Judicial y en las estructuras del Poder Judicial. Necesitamos pensar otra estructura del Poder Judicial y otro perfil del juez. Pensemos en el caso de los delitos contra la administración pública y la complejidad de estos delitos. Para poder investigarlos, razonablemente, necesitamos otro modelo de organización y otro perfil de jueces y la ley debiera incorporar estos capítulos”, señaló.

Quien también se refirió en el Senado a los tiempos judiciales fue la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, quien ahora se desempeña como interventora del Servicio Penitenciario Federal y fue titular de la agrupación “Justicia Legítima”. Ella no sostuvo que esta reforma vaya a acelerar los tiempos, sino la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, con oralidad, audiencias y fiscales en la investigación.

En síntesis, la reforma impulsada por Fernández, aunque sus defensores aseguren que busca contribuir a mejorar el sistema de administración judicial, lo que hará, en el mejor de los casos, es redistribuir el poder, pero no necesariamente brindar un mejor servicio de Justicia, coinciden todos los expertos consultados.