Uno por uno, los vetos de Javier Milei en lo que va de su presidencia

Esta semana se oficializó el veto total del presidente de la Nación, Javier Milei, a 3 nuevas leyes aprobadas por el Senado en agosto: la de Emergencia pediátrica, la de financiamiento universitario y la de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión fue publicada entre el miércoles y este viernes en el Boletín Oficial.

Para revertir los vetos, se necesita reunir los 2 tercios de los votos en ambas cámaras. El Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.

Hasta el momento, el mandatario ya vetó 9 leyes, lo que lo ubica por encima de los dos períodos juntos de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos) si se consideran los vetos por año. Un repaso por todas las iniciativas vetadas por el Presidente hasta el momento.

Reparto de ATN a las provincias

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.

La iniciativa presentada incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

Según consta en el último informe presentado por la Jefatura de Gabinete al Congreso, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $ 84 mil millones a las provincias en concepto de ATN. Es casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como ocurría en gobiernos anteriores, estos fueron girados de forma discrecional.

Nueva ley de financiamiento universitario

El nuevo proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado el 21 de agosto, propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Este proyecto es similar al que fue vetado en octubre de 2024.

Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC.

Ley de Emergencia pediátrica 

En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años, que establece la reasignación de fondos y uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

En concreto, la iniciativa propone:

• La asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país. 
• La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
• Eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias. 
• La adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.

Aumento de las jubilaciones

El proyecto implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.

Si la ley ya estuviera vigente, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $ 441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $ 62.273, un 16,4%. En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $ 110 mil.

Restitución de la moratoria previsional

La iniciativa dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

La norma permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional. Fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) y tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Declaración de la emergencia en discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. También, regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”. Organizaciones no gubernamentales denunciaron recortes en pensiones y servicios y exigieron la aprobación de la ley para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Asistencia económica a Bahía Blanca tras el temporal de marzo

A través del decreto 424/2025, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado por las 2 cámaras del Congreso que habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo y subsidios para los afectados.

El proyecto de ley, que fue aprobado por Diputados y el Senado, incluía un fondo especial de $200.000.000.000, que debía constituirse en un plazo no mayor a 30 días, y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales, impactada asimismo por las lluvias extraordinarias.

Ley de Financiamiento Universitario

Milei vetó la ley de financiamiento universitario en octubre de 2024 y, días después, la Cámara de Diputados de la Nación confirmó el veto presidencial.

La norma proponía declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el 2024 y, para los gastos de funcionamiento, la iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Además, el dictamen que se puso a consideración encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo debería actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. 

Ley de movilidad jubilatoria

La iniciativa vetada por Milei en 2024 -y cuyo veto la Cámara de Diputados no pudo revertir– mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.

Además, se disponía que el haber mínimo no puede ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $ 321.600, $ 15 mil más que el monto de junio. 

Finalmente, el proyecto proponía que la fórmula de movilidad no dependiera sólo de la inflación sino que también tuviera en cuenta los salarios. De esta manera, en caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.

Última actualización 12/09/2025: la nota se actualizó con el veto de la ley de reparto de ATN.