Violentos y uniformados: cómo se denuncia violencia de género en las Fuerzas Armadas y de Seguridad

En febrero último, el asesinato de dos mujeres dominó las noticias en todo el país. Se trata de los casos de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que vivía en la localidad de Rojas (Provincia de Buenos Aires), e Ivana Módica, de 47 años, oriunda de La Falda (Córdoba). ¿Qué tenían en común estos episodios? Los principales sospechosos usaban uniforme. Matías Ezequiel Martinez, ex pareja de Bahillo, es oficial de la Policía Bonaerense y Javier Galván, era piloto de la Fuerza Aérea Argentina y fue destituido después de que confesara el asesinato.

Distintos estudios reflejan que los femicidios en manos de uniformados no son casos aislados. De acuerdo con el último informe de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de los 251 femicidios registrados en 2020, al menos 7 fueron cometidos por integrantes de las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 pertenecían a una policía provincial, 1 al Ejército y en el caso restante la Corte no accedió a datos sobre la fuerza a la que pertenecía. En 6 de los asesinatos se usaron armas de fuego, en al menos 4 se trata de sus armas reglamentarias.

Los últimos datos oficiales muestran un cambio en relación al año anterior, ya que pasaron de ser el 6% en 2019 (7,5% si se incluye seguridad privada), al 2,5% en 2020. “Lo anterior pudo haber impactado en la menor proporción de femicidios con armas de fuego en el año 2020, y en particular de las armas reglamentarias”, señala el informe y agrega que “hay un importante subregistro de la ocupación del sujeto activo, con lo cual se trata de un mínimo informado”.

Por su parte, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por sus parejas o ex parejas policías. Del total de víctimas, al menos 17 eran funcionarias de seguridad. 

Chequeado realizó pedidos de acceso a la información a todas las fuerzas de Defensa y de Seguridad para conocer las denuncias por violencia de género realizadas en sus respectivas Oficinas de Género. Allí se puede ver que no se registra una importante cantidad de denuncias, y las que sí se realizan son mayoritariamente de violencia intrafamiliar, y no de violencia laboral. 

En tanto, trabajadoras y especialistas advierten sobre la dificultad de denunciar a los hombres violentos uniformados y alertan que aún denunciando, las medidas tomadas internamente no son suficientes.

Denuncias internas

En la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura se registraron más denuncias de “violencia intrafamiliar” que de “violencia laboral”, de acuerdo con la respuesta al pedido de acceso a la información realizado por Chequeado.

Entre 2018 y 2020, la Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año. Por su parte, Gendarmería superó la barrera de los 400 hechos denunciados al año en 2018 y 2019, los cuales cayeron a poco más de la mitad en 2020. 

En la Gendarmería, la mayoría de los denunciantes son suboficiales o civiles, y los denunciados son principalmente suboficiales. En ambos casos, los oficiales son una minoría. 

Ante estas denuncias, la principal medida es el informe administrativo. En 2020 se registró un aumento en los casos de restricción de armamento.

Por su parte, en la Prefectura se denunciaron poco más de 100 casos de violencia de género por año. De los más de 550 sumarios iniciados entre 2017 y 2021, el 89% corresponde a personal subalterno. 

En cuanto a las fuerzas de Defensa, en el Ejército se denunciaron menos de 300 casos de violencia de género por año entre 2016 y 2020. Tanto para los casos de violencia intrafamiliar – la mayoría – como los de violencia laboral, una de las principales medidas es el retiro de armas de fuego. 

Ante denuncias de violencia intrafamiliar, las actuaciones disciplinarias no superan el 27% de los casos, mientras que en casos de violencia laboral representan más que el 60%.

Por su parte, la Fuerza Aérea registró más de 260 consultas por violencia de género entre 2014 y 2019 – principalmente por “malestar laboral” – pero las presentaciones efectivas representaron menos de 100. 

La Armada, en tanto, es la fuerza que menos denuncias registró, de acuerdo con la información a la que accedió Chequeado: 216 consultas y 37 presentaciones, entre 2018 y 2020.

En relación a las fuerzas provinciales, Natalia González Ibáñez, integrante del área de género del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), indicó a este medio que “no existe un protocolo estandarizado de respuesta ante las denuncias de violencia de género” y “queda a criterio de cada jurisdicción” la definición de medidas y su control.

Uso de armas de fuego

De acuerdo con datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), del total de femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018 (último dato disponible), 1 de cada 4 fue cometido por un miembro de una fuerza de seguridad.

Es por eso que se considera que “la portación de un arma reglamentaria aumenta las posibilidades de violencia letal”, según explicó González Ibáñez. Es por eso que una serie de resoluciones de los ministerios de Seguridad y Defensa determinan que ante casos de violencia de género se limite el acceso de los uniformados a armas de fuego. 

Sin embargo, González Ibáñez considera que “existe poca información sobre los varones que ejercen violencia” y que para un cambio más significativo “es necesario un abordaje integral, no solo proteger a la víctima de violencia de género sino también prestarle atención al victimario. No darle solamente un curso aislado, debe ser una cuestión constante, que también incluya la atención en salud mental”.

Dificultades para pedir ayuda

Sofía Duarte es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y trabaja en la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. En diálogo con este medio señaló que “si bien hay procedimientos aceitados para canalizar las denuncias, hay algo del orden estructural de las fuerzas que funciona como un mecanismo inhibidor de las denuncias, un temor a las represalias”.

“Solo la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene una composición mixta desde sus orígenes, en el resto de las fuerzas hay todavía resistencia a la incorporación de mujeres”, agregó Duarte.

En la misma línea, González Ibáñez indicó: “Lo que se conoce como la ‘familia policial’ es un ámbito cerrado, hermético. Las personas que sufren violencia de género suelen sentir que denunciar es faltarle el respeto a la institución y al uniforme”.

“Por eso también queda invisibilizado, es necesario que las mujeres policías se sientan seguras y que no sientan que su trabajo está en juego”, añadió.

Carolina Llanos es abogada, personal civil de la Fuerza Aérea en Córdoba, y delegada y Secretaria de Género de la Junta interna de la Guarnición Aérea de ATE. En diálogo con Chequeado consideró que “las oficinas de género trabajan más para proteger al militar denunciado que a la víctima de la violencia”.

“Las mujeres que van a denunciar son muy maltratadas. Yo fui testigo de un caso en el que le tomaban declaración y constantemente la corregían, le hacían reformular la denuncia. Les hacen firmar un documento diciendo que están conformes con la información que recibieron pero ellas no saben en qué culmina el caso”, indicó Llanos, quien cuestionó el accionar de la fuerza después del femicidio de Ivana Módica.

Úrsula Bahillo denunció repetidas veces a Matías Martínez en la Comisaría de la Mujer por golpes y amenazas; y en el Juzgado de Rojas por la violación de las restricciones perimetrales. Un total de 18 denuncias, también realizadas por su madre, según señaló a este medio Emiliano Basso, el abogado de la familia de Úrsula. El expediente abierto por su asesinato fue elevado a juicio en los últimos días en el Tribunal Oral de Junín.

Martínez no cumplía funciones policiales, se le había retirado el arma, se lo había trasladado a otra localidad y, en septiembre último, había solicitado licencia psiquiátrica, según informaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense en esta nota.

“Pocos días después del femicidio de Úrsula, Martínez fue condenado por amenazas y lesiones contra otra ex pareja, Belén Miranda. Además, tiene otro proceso por el abuso de una menor discapacitada que tramita en la justicia de Mercedes”, detalló el letrado y concluyó: “Por la causa en la que fue condenado ordenaron su detención pocos días después del femicidio de Úrsula”.

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