Juicio a Cristina Fernández de Kirchner: de qué se la acusa en la causa Vialidad

El fiscal federal Diego Luciani comenzó esta mañana su alegato final en la llamada causa “Vialidad”, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos). En este juicio, el primero que se inició contra la ex presidenta, se la investiga y procesó como jefa de una asociación ilícita dedicada a direccionar la obra pública en Santa Cruz y por el delito de administración fraudulenta. Hay además otros 12 acusados en la causa.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.

El inicio y los avances de la causa “Vialidad”

Entre enero y febrero de 2016, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esa auditoría no analizó si existían sobreprecios en las obras, pero determinó que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, en referencia al conglomerado de compañías pertenecientes al empresario Lázaro Báez, a las que se adjudicó el 78,4% de las obras de la provincia en ese período.

En abril de 2016, Javier Iguacel, entonces director de la DNV y ahora intendente de Capitán Sarmiento, presentó una denuncia ante la Justicia federal. El expediente cayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini y se acumuló con otra causa por asociación ilícita originada por una denuncia de la ex diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) que tramitaba en ese tribunal desde 2008. El magistrado elevó la causa a juicio oral en marzo de 2018 y en mayo del año siguiente se inició el juicio oral, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, ante el que hoy el fiscal presentó su alegato.

De qué se la acusa a Cristina Fernández de Kirchner

La Vicepresidenta fue procesada por integrar una asociación ilícita en calidad de jefa y por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, delitos que tienen una pena de hasta 10 y 6 años de prisión, respectivamente. En la causa se investiga si Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

El fiscal Luciani sostuvo en su alegato que se dotó de fondos injustificados a la provincia de Santa Cruz y que las autoridades nacionales direccionaron las licitaciones para que ganara casi todas Báez. Por otro lado, señaló que el empresario incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron y que fue favorecido con fuertes aumentos de los precios originales.

Luciani destacó que solo una obra mantuvo su precio original. En 50 de las 51 obras, hubo redeterminaciones de precios. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, señaló el magistrado, y agregó: “En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de $ 1.500 millones en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, afirmó.

El fiscal expondrá a lo largo de 9 audiencias y luego será el turno de los alegatos de las defensas. El de Luciani es el segundo alegato del juicio. El primero fue de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, que solicitó la absolución de la Vicepresidenta y de la mayoría de los acusados.

“No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio e irresponsable”, apuntó hoy Luciani sobre la UIF, y agregó: “Lo mínimo que la sociedad espera y que todos los que asistimos a este juicio pretendemos es que los funcionarios públicos se expidan con objetividad, mucho más si se trata de un organismo del Estado sobre el que pese una enorme responsabilidad nacional e internacional”.

En este expediente también era parte la Oficina Anticorrupción, pero el organismo renunció a su representación en junio último. “Hay un doble problema en la aceptación de querellas por parte de organismos estatales como OA o UIF. En primer lugar, una sobrerrepresentación de intereses estatales. El interés estatal ya se encuentra representado por el Ministerio Público Fiscal”, explicó a Chequeado Marcelo Giullitti, abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El segundo problema -agregó- se produce por la falta de independencia de este tipo de órganos. Al permitir la querella de organismos estatales que no cuentan con las garantías de independencia e inamovilidad, éstos terminan siendo herramientas utilizadas por los partidos gobernantes para impulsar las investigaciones penales contra adversarios, o para beneficiar a aliados políticos. El rigor técnico que podrían aportar los especialistas que trabajan en estos organismos se ve contrapuesto a exigencias políticas de quienes ocupan la titularidad de dichos entes, que resultan subordinados o aliados de quienes gobiernan”.