El blanqueo y los familiares: ¿qué permite el decreto de Macri y qué las leyes de 2008 y 2013?
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó un decreto que modificó la ley de blanqueo de capitales y permitió que ingresen familiares cercanos a los funcionarios. ¿Qué dispone este decreto?
Si bien el proyecto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso permitía que ingresaran al blanqueo gobernadores, intendentes, jueces y legisladores, así como familiares de todos los funcionarios, esto se cambió durante el debate legislativo.
Luego de las críticas de expertos anticorrupción y políticos oficialistas y opositores, entre ellas las de la Coalición Cívica ARI, partido de la diputada Elisa Carrió que integra la alianza Cambiemos, la ley aprobada por el Senado excluyó del blanqueo a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes hayan ocupado los principales cargos de los tres poderes nacionales, provinciales y municipales desde enero de 2010 hasta la fecha.
Sin embargo, según especifica el último decreto presidencial del 29 de noviembre, estos familiares cercanos podrán entrar al blanqueo, pero sólo con los bienes que acrediten “se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad” a que sus familiares hubieran asumido sus respectivos cargos.
¿Qué pasaba antes? Como se informa en esta nota, tanto el blanqueo de 2008 como el de 2013, ambos dispuestos bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, prohibían estos beneficios fiscales a los familiares más cercanos de los funcionarios, sin siquiera permitir la distinción de cuándo habían incorporado esos bienes.
Natalia Volosin, abogada especialista en corrupción, explicó que “los funcionarios y familiares, así como sus estrechos colaboradores, son personas políticamente expuestas y el sistema jurídico global considera que hay más chances de que sus activos provengan de la corrupción”. En este sentido, concluyó que “la Argentina no tiene condiciones óptimas, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para determinar el origen de esos fondos, discriminar los riesgos y otras medidas necesarias”.
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