Entre 2010 y 2020, al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías

El país se conmocionó ayer por el asesinato de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que fue asesinada de al menos 10 puñaladas en Rojas, Provincia de Buenos Aires. Según señaló el fiscal del caso, Sergio Terrón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, todo indica que se trata de un “femicidio con alevosía y premeditación”.

La principal hipótesis apunta a Matías Ezequiel Martinez, de 25 años de edad, oficial de la Policía Bonaerense, único detenido hasta el momento y ex pareja de Bahillo.

De confirmarse esta hipótesis, no se trataría de un caso aislado. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por sus parejas o ex parejas policías, mientras que 17 de ellas eran funcionarias de seguridad. El dato surge de una recopilación de reportes periodísticos y causas judiciales.

“Como auxiliares de la Justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión. En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías”, señala el documento del CELS.

Según datos de 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (últimos disponibles), hubo 268 femicidios ese año y al menos 16 de ellos pertenecían a una fuerza de seguridad, es decir, un 6%. La Corte advierte que el dato es inferior al que aparece en reportes periodísticos porque en varios casos la categoría de la ocupación aparece “sin datos” en los registros judiciales. Es decir que el porcentaje de miembros de fuerzas de seguridad involucrados en este delito es probablemente superior.

Por otro lado, según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), del total de femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018 (último dato disponible), 1 de cada 4 fue cometido por un miembro de una fuerza de seguridad.

“La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ‘estado policial’, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal”, explica en el informe el CELS.