La Justicia ordenó que se modifique la ley de declaraciones juradas: deben darse a conocer los bienes de los familiares

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña declaró inconstitucional un artículo del régimen de declaraciones juradas que rige para los funcionarios públicos nacionales. La norma, sancionada como parte del paquete de leyes de reforma judicial impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, restringe la publicidad de los datos patrimoniales de los cónyuges e hijos.

En mayo de 2013 el Congreso sancionó la Ley 26.857, que estableció un nuevo régimen de declaraciones juradas para los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial (este último se negó a aplicar la norma). En el artículo 5 determinó que “las declaraciones juradas públicas tendrán un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados”.

Que la información de los familiares esté en un anexo reservado quiere decir que sólo se puede acceder por medio de una orden judicial. Hasta ese momento, esta información era pública. En 2016 la ONG Poder Ciudadano presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo para que se declarara inconstitucional este artículo. Sostuvo que la nueva norma “constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía”.

El planteo fue rechazado en primera instancia por el juez federal Ernesto Marinelli. Poder Ciudadano apeló y esta semana la Cámara, con los votos de los jueces Jorge Alemany y Guillermo Treacy, declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley y los decretos y resoluciones que lo reglamentaron. Además, intimó al Estado nacional a adecuar la legislación “a fin de permitir a los ciudadanos, asociaciones no gubernamentales y todo aquel que, según las normas, se encuentre legitimado, el debido control y el acceso a la información que, como mínimo, tenían garantizado con el régimen modificado”.

“Nosotros también planteamos la impugnación de las declaraciones juradas que son públicas, que con la ley actual tienen una menor individualización de los bienes que con la norma anterior, pero la Cámara sólo nos dio la razón respecto a los anexos reservados”, señaló a Chequeado Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, y aclaró que su estrategia es esperar que el Ministerio de Justicia de la Nación no apele para que quede firme el fallo de la Cámara.