Pensiones por discapacidad: el Gobierno intimó a más de nueve mil beneficiarios para que justifiquen su invalidez

La Agencia Nacional de Discapacidad notificó a más de nueve mil personas por haber detectado incompatibilidades en el cobro de pensiones por invalidez laboral. Hasta el momento, más de mil de ellos solicitaron un turno ante la ANSES y presentaron un descargo para justificar su incapacidad, mientras que más de 300 renunciaron voluntariamente al cobro, según datos aportados por la Agencia a Chequeado en noviembre último.

En 2017 el Gobierno comenzó a dar de baja pensiones por invalidez en base a un decreto de 1997, que establece algunas exigencias para las personas que quieran cobrar una pensión por discapacidad, como “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”. Esta norma no había sido derogada por ningún gobierno desde 1997, pero durante las gestiones anteriores se habían flexibilizado los requisitos.

Con la aplicación de este decreto, el Gobierno dio de baja 93 mil pensiones en 2017. Pero buena parte de ellas (todas, con excepción de las que están bajo jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma) fueron repuestas por un fallo de la Justicia federal de la Seguridad Social, que señaló que no se había cumplido el debido proceso y dispuso cautelarmente la devolución de las pensiones.

En 2018, la Agencia emitió una resolución en la que detalló cómo sería el procedimiento administrativo para dar de baja las pensiones. Por eso, comenzó a notificar a algunos beneficiarios sobre presuntas incompatibilidades. De acuerdo con la resolución, el beneficiario tiene diez días para sacar un turno en la ANSES y luego debe presentar la documentación para verificar si cumple con los requisitos para cobrar una pensión. Si no se presenta, pierde la pensión.

En la actualidad, se trata de un beneficio de $5.865 mensuales de bolsillo (el 70% de una jubilación mínima) y lo cobran quienes tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más, y que además cumplan con una serie de condiciones que acrediten que no tienen otro tipo de ingreso.