Data centers en América Latina: por qué las promesas de las big techs no coinciden con la evidencia

Actualmente, en América Latina se está produciendo una carrera por los data centers orientados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Políticos de al menos 7 países de la región están promoviendo leyes y proyectos para la instalación de megaestructuras a cambio de promesas de inversiones millonarias y generación de empleo. Pero, de acuerdo con los expertos consultados por Aos Fatos -medio de verificación de Brasil-, los “premios” de la carrera no son exactamente lo que las big techs han prometido.

Durante 2025, las big techs y las empresas especializadas del sector presentaron proyectos para instalar centros de datos en Brasil y otros países de la región, como Chile, Argentina y Colombia. A cambio de los incentivos ofrecidos por los gobiernos locales y los recursos naturales necesarios, estos centros traerían desarrollo, oportunidades e inversiones locales, según los representantes de estas empresas.

Sin embargo, las experiencias internacionales cuestionan las supuestas oportunidades que ofrecen estas megaestructuras, según explicó al medio de Brasil Alex de Vries, investigador de la Universidad Libre de Ámsterdam y fundador de Digiconomist, un sitio web dedicado a exponer las consecuencias económicas de las tendencias digitales.

“En Europa y Estados Unidos hay varios ejemplos de regiones con experiencias negativas que ahora intentan bloquear los centros de datos. Entonces, estas empresas tecnológicas comienzan a mirar hacia otros países, como los de América del Sur y el Sudeste Asiático, donde aparentemente estas promesas aún funcionan”, explicó.

Aos Fatos analizó declaraciones de representantes del sector, artículos en la prensa local y especializada y declaraciones de políticos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay para verificar cuáles son las principales promesas hechas por las big techs y los grupos relacionados para instigar una carrera por los centros de datos en América Latina. En esta investigación explica por qué muchos de estos argumentos no se sostienen.

Decenas de miles de puestos de trabajo

Actualmente, el mercado global de data centers está estimado en US$ 242.700 millones y se espera que esta cifra se duplique para 2032. Esto se debe a que la demanda del servicio es mucho mayor de lo que las estructuras actuales pueden ofrecer.

Una promesa que aparece en el debate de todos los países analizados es la generación de empleo y el supuesto fomento de una economía que gira en torno a estas estructuras.

Las declaraciones ponen de manifiesto el desacuerdo entre las propias empresas especializadas. Mientras que algunas hablan de decenas de miles de puestos de trabajo, otras citan cientos o incluso tienen en cuenta los puestos de trabajo indirectos. 

La realidad es que los centros de datos son estructuras altamente automatizadas y gran parte de su funcionamiento se puede controlar de forma remota. Un estudio del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro -publicado en 2024- estima que una estructura a hiperescala puede emplear entre 30 y 50 personas.

“Los puestos de trabajo se crean en el lugar donde se gestiona todo el equipo, es decir, normalmente en algún lugar de California u otra localidad de Estados Unidos. En el centro de datos se generan básicamente puestos de trabajo relacionados con la seguridad, algo de mantenimiento y similares”, explicó Jorge Abache, profesor de economía de la Universidad de Brasilia y ex asesor del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Ejemplos:

• México. Microsoft prometió emplear de 70 a 100 personas directamente y crear 20 mil empleos indirectos en torno a las estructuras. Dos años después, en 2024, había 17 personas empleadas;
• Suecia. Meta prometió 30 mil puestos de trabajo junto con el centro de datos construido en el norte del país. Una investigación de Scandinavian Data reveló que se empleó a 56 personas;
• España. 3 centros de datos de Amazon Web Services empleaban a 100 personas, incluidos los subcontratados.
• EE.UU. 2 centros de datos de Google, en Virginia, crearon 150 puestos de trabajo.
• EE.UU. La instalación de OpenAI en Texas contará con unos 100 trabajadores.

Estos puestos de trabajo no son necesariamente puestos especializados y con salarios altos. Según una encuesta de GoodJobsFirst, el 35% de los trabajadores de los data centers del estado de Wyoming, por ejemplo, no tenían cualificación, como es el caso de los guardias de seguridad y los auxiliares de limpieza.

Los ejemplos también muestran que existe un problema de transparencia: las empresas y los grupos de presión inflan las cifras con empleos de otros sectores o se niegan a detallar el número de trabajadores. También hay controversias en relación con las promesas de que los centros de datos promueven el desarrollo local de empresas relacionadas.

Este tipo de estructura no interactúa con la economía local porque casi no tiene servicios auxiliares y las empresas que utilizan sus productos no necesitan instalarse cerca de los centros de datos, según los expertos consultados por Aos Fatos y los estudios sobre el tema.

“No hay actividad económica adicional como resultado de la instalación de un centro de datos. Nadie necesita estar cerca de él. Los países vecinos pueden utilizar el centro sin necesidad de estar dentro de su país, por lo que las empresas no tienen que desplazarse al lugar donde se ha instalado el centro de datos”, dijo De Vries.

Max Schulze, quien analizó el impacto económico de los centros de datos en Alemania, en una entrevista con AlgorithmWatch, agregó: “A diferencia de los edificios tradicionales, como almacenes, fábricas u oficinas, no sirven a las economías locales, sino que forman parte de una infraestructura global que se gestiona de forma remota y, en la mayoría de los casos, genera valor lejos del lugar donde se construyen”.

Aos Fatos se puso en contacto con todos los políticos y empresas mencionados en el reportaje para darles la oportunidad de comentar.

Inversiones multimillonarias

Todos los proyectos se anuncian como si fueran inversiones multimillonarias en la región y prometen crecimiento económico para los lugares donde se instalarán.

Pero parte de la grandiosidad de estas cifras proviene del precio de construcción de las estructuras: los data centers son caros y una buena parte del monto anunciado representa los gastos de importación de equipos e infraestructura.

Según un estudio de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, los costos de hardware y software representan casi el 62% de la inversión en la instalación de un centro de datos. Estos equipos suelen importarse porque no se producen en los países. Las entidades de ingeniería brasileñas han calculado una proporción similar (52,5%).

Un artículo de la consultora McKinsey estima que el mercado de data centers orientados a la IA movilizará US$ 5,2 billones hasta 2030. De esta cantidad, el 60% se gastará en tecnología, el 25% en energía y sistemas de refrigeración, y el 15% en materiales de construcción y terrenos.

En México, los residentes de la comunidad de “La Esperanza”, cerca del centro de datos de Microsoft, por ejemplo, denunciaron al New York Times que la inversión millonaria no llegó a la población.

Es más, los centros de datos terminan aumentando el costo de la energía donde se instalan, lo que afecta el bolsillo de la población local. Esto sucede porque estas estructuras consumen gran parte del recurso y terminan sobrecargando a las empresas de transmisión, que transfieren los costos a los consumidores.

“Los gobiernos de diferentes espectros políticos no solo están ofreciendo incentivos fiscales. A menudo, se debilitan las licencias medioambientales o exigen normas medioambientales poco claras y ambiciosas a cambio de los beneficios de una economía digital altamente concentrada en un puñado de países”, explicó a Aos Fatos Paz Peña, Mozilla Senior Fellow 2025 e investigadora de los impactos socioambientales de la inteligencia artificial.

En Brasil, por ejemplo, el Regime Especial de Tributación para Servicios de Datacenter, un programa creado por el Gobierno federal mediante una medida provisional, exime a los data centers de los impuestos federales y del impuesto de importación de componentes electrónicos y productos de tecnología de la información. 

Otros países, aunque no cuentan con leyes específicas para los centros de datos, ofrecen beneficios fiscales a través de políticas públicas de inversión y zonas francas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei aprobó el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, que ofrece 30 años de exención fiscal, entre otros incentivos, a las empresas de gran inversión. El beneficio fue utilizado por el proyecto OpenAI en el país. 

En algunos casos, los beneficios fiscales provienen de los gobiernos municipales. Querétaro, en México, por ejemplo, eximió a los centros de datos de los impuestos ambientales porque, según el ayuntamiento, no son una industria contaminante. Aunque no son una fuente directa de emisión de gases, los centros de datos tienen un impacto ambiental en las regiones.

Soberanía digital

La construcción de data centers también se presenta como un “deber patriótico” para garantizar la soberanía digital y posicionar al país como un polo tecnológico global.

El argumento es que la presencia de centros de datos en los países les permitiría dejar de depender de Estados Unidos, Europa y China para el procesamiento de datos. De hecho, la gran mayoría de los países latinoamericanos dependen de empresas extranjeras para almacenar datos gubernamentales críticos.

Lourenço Galvão Diniz Faria, consultor de innovación y sostenibilidad de Calden, empresa especializada en el sector energético latinoamericano, afirma que es importante contar con una infraestructura física en el país, pero que debe ir acompañada de un control de los datos que circulan por esas estructuras. “El problema es que estos centros de datos privados no tienen ese objetivo”, declaró a Aos Fatos.

Los proyectos de centros de datos a hiperescala en América Latina están, en su mayoría, vinculados a las big techs o a empresas extranjeras. Es decir, aunque estén ubicados en la región, seguirá existiendo una dependencia tecnológica extranjera.

“En este escenario, lo que se promueve no es la soberanía digital, sino una nueva forma de dependencia estructural, en la que el territorio funciona como base física para el funcionamiento de plataformas globales, sin garantizar el control sobre los flujos de datos ni la participación en los beneficios económicos derivados”, escribió el Instituto de Defensa del Consumidor de Brasil en un estudio sobre el tema.

En el caso de las empresas estadounidenses, existe además la Cloud Act, que permite al Gobierno estadounidense solicitar datos almacenados en cualquier empresa con sede en el país.

En varios países latinoamericanos, los centros de datos se siguen construyendo en zonas francas, regiones que promueven beneficios fiscales y aduaneros y facilitan la exportación. Ejemplos de ello son las estructuras de Odata y Equinix en Colombia y el data center de Google en Uruguay.

Las empresas de tecnología también son conocidas por su falta de transparencia. Además de ser muy difícil obtener información sobre ellas, las big tech también tienen un historial de firmar acuerdos de confidencialidad, como ocurrió con el data center de Google en Cerrillos, Chile.

En un artículo publicado en Monitor Mercantil, Israel Fernando de Carvalho Bayma, ex consejero de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, señala que no tiene sentido hablar de soberanía cuando no hay transparencia: “Los datos en suelo nacional, bajo códigos indescifrables y licencias restrictivas, siguen siendo vulnerables a asimetrías técnicas y jurídicas, incluso extraterritoriales”.

El camino de la investigación

Aos Fatos buscó declaraciones públicas de empresarios vinculados a las big techs, representantes de grupos lobbistas y políticos latinoamericanos sobre el tema. También verificó información sobre la presencia de centros de datos y proyectos anunciados en cada uno de los países en los que identificamos la presión. 

Consultaron a expertos, documentos, estudios y reportajes sobre experiencias anteriores en América Latina y otros países para cuestionar las promesas sobre el sector.

Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina” financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Aos Fatos y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.