El control de los fondos que recibe la ex SIDE

“Transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia” es uno de los puntos del acuerdo al que se comprometió el Gobierno nacional frente a las asociaciones de familiares y víctimas de la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solución amistosa, uno de los mecanismos previstos en el sistema interamericano de derechos humanos, fue ratificada con el Decreto 812/2005.

En el acuerdo, el Estado argentino reconoce su responsabilidad en el incumplimiento de la función de prevención y hechos graves que produjeron una denegatoria de la Justicia e impidieron, hasta el momento, conocer a los responsables del atentado que provocó 85 muertos. Entre otros compromisos, figura el de garantizar que haya mayor control sobre los fondos del organismo de inteligencia.

La exigencia tiene especial relevancia porque durante la investigación del atentado a la sede de la mutual judía se desviaron fondos de la SIDE (hoy SI), para obstaculizar el esclarecimiento del hecho. Así lo señaló el informe de la CIDH, al referirse al pago a un testigo de la causa, Carlos Telleldín: “La declaración indagatoria de Telleldín [fue] obtenida a cambio de un pago de 400.000 dólares, dinero proporcionado por la Secretaría de Inteligencia de Estado”.

Además del caso AMIA, hubo otras causas judiciales que involucraron la utilización de fondos de los servicios secretos para fines distintos a los previstos. Uno de ellos fue el de la llamada “Ley Banelco” en el año 2000. Según la confesión de Mario Pontaquarto, quien en ese momento era el secretario parlamentario del Senado, la supuesta compra de votos en el Congreso para aprobar una ley de flexibilización laboral se hizo gracias a fondos de la Secretaría de Inteligencia.

La necesidad de controlar el presupuesto es señalada como uno de los puntos clave del control de las agencias de inteligencia por el especialista Christian Courtis, autor de “El control democrático de las actividades de inteligencia y seguridad del Estado”. Aceptando que algunos de los gastos de los servicios de inteligencia deben mantenerse reservados, tiene que existir “un sistema de contralor que, con las garantías del caso, pueda exigir la rendición de cuentas por rubro, manteniendo el secreto de las actuaciones”, sostiene.

“La exigencia de un mayor control se planteó porque había fondos públicos que se transferían en efectivo a través de los organismos de inteligencia, sobre los que no había ningún registro ni control, que se usó para pagarle a Telleldín por su declaración, entre otras irregularidades”, explicó Hernán Charosky, consultor internacional en temas de transparencia.

Es lo que mostró una denuncia de la Oficina Anticorrupción presentada en 2004, que detalla las transferencias que se hicieron desde ministerios a la SIDE, que luego no fueron fiscalizados.

En la Argentina, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fue creada en 2001 con la sanción de la Ley de Inteligencia Nacional. O sea que existía antes de la solución amistosa. La Comisión bicameral tiene potestad sobre el Sistema de Seguridad Nacional, que incluye a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Una de las funciones de la Comisión es “supervisar y controlar los ‘Gastos Reservados’ que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional”.

La Comisión mantiene sus actividades en secreto y no quedan actas de sus reuniones. Ante la falta de información sobre su funcionamiento, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un pedido de información sobre el trabajo de la Comisión, donde se preguntaba, entre otras cosas, acerca de la cantidad de reuniones mantenidas por la Comisión, los informes producidos y si la Comisión pidió información a los organismos de inteligencia en los últimos tres años.

El pedido fue presentado en diciembre de 2012 y hasta el momento no se obtuvo una respuesta, confirmó a Chequeado.com, uno de los firmantes, Ramiro Álvarez Ugarte.

“El acuerdo entre los familiares de las víctimas y el Estado suponía que los mecanismos de control existentes no eran suficientes y que, por lo tanto, se necesitaba una reforma de la Ley de Inteligencia. El proyecto de reforma se presentó, y se ha presentado desde entonces con las firmas de distintos legisladores, pero todavía no se discutió en el Congreso”, precisó Charosky, quien en ese momento integraba la Oficina Anticorrupción (OA).

La última presentación del proyecto lleva la firma de Manuel Garrido, diputado de la UCR y ex fiscal de Invesitgaciones Administrativas. La iniciativa incluye la realización de auditorías financieras y de gestión a los organismos de inteligencia por parte de la Comisión parlamentaria, la mantención del secreto exclusivamente en los ítems donde la reserva sea necesaria, y otras medidas que suponen un mayor control sobre los fondos.

Diana Malamud, dirigente de Memoria Activa, una de las organizaciones que firmó la solución amistosa, aseguró que “no se logró todavía que los organismos de inteligencia rindan cuentas, y nunca se hicieron las reformas necesarias para lograr ese control”.

En su libro Legislación de inteligencia, legitimidad y eficacia, José Manuel Ugarte, profesor de derecho de la UBA, elige algunos países como ejemplos de control sobre sus organismos de inteligencia, entre otros, Canadá, Alemania y Bélgica. Detalla, para esos casos, el control externo riguroso al que deben someterse las agencias de inteligencia, tanto de comisiones parlamentarias como de organismos de control del propio Ejecutivo, en algunos de los países.