“Los chorros viven en las villas”

Uno de los prejuicios que se repiten es que son quienes tienen menos recursos los que más tienden a robar. Según el Código Penal, robar es apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena con violencia, y a esta figura le corresponde una pena de 1 a 6 años. En el caso del robo a mano armada la pena aumenta y puede ser de entre 5 y 15 años.   

No existen estadísticas criminales en el país para contrastar esta frase, porque el Ministerio de Seguridad de la Nación no publica información sobre la cantidad y tipos de delitos desde 2009 y nunca lo hizo desagregando la condición social de los sometidos a proceso o los condenados. Sí hay, sin embargo, datos sobre los delitos por los que una persona está presa, y los expertos consultados coinciden en que se relaciona con la llamada “selectividad” del sistema penal.

En teoría, dado que nuestro sistema criminal carece de lo se denomina “principio de oportunidad” (que permite a los fiscales o jueces elegir qué hechos investigar y cuáles no) se tiene el deber de investigar todos los delitos que acaecen, pero en la práctica sólo se suele investigar cierto tipo de hechos: aquellos que representan delitos con penas altas, pero de fácil investigación. A su vez, estos son los delitos que tienden a generar mayor impacto en la opinión pública, como es el caso de los robos a mano armada.

“Todo lo que sea de compleja investigación, sea que tenga pena leve ─como es paradójicamente el lavado de dinero, o la corrupción en general─ o pena grave, casi no llega a sentencia ni a la cárcel”, afirmó Ignacio Rodríguez Varela, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica Argentina (UCA) y ex secretario de la Fiscalía a cargo de José María Campagnoli.

Con respecto al hecho de que la mayoría de detenidos son de bajos recursos, el especialista agregó que “es cierto que la mayor parte de los que están detenidos provienen de zonas marginales, pero esto coincide con que estas personas son las que en su mayoría cometen el tipo de delito que concentra gran parte de los esfuerzos del sistema penal: el robo a mano armada”.

Los especialistas coinciden además en que hay un tipo de delito que tiende a predominar en un determinado entorno social. Para Gabriel Kessler, sociólogo especializado en Seguridad y profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a cada clase social, nivel de educación y edad le corresponde un tipo de delito distinto.

“Lo que pasa es que los delitos que más preocupan a la opinión pública, y son objeto de mayor persecución, son los delitos urbanos, muchos de los cuales ocurren en el espacio público. Estos delitos requieren menos contactos o capitales que, por ejemplo, delitos más organizados protagonizados por sectores más altos de la sociedad. En tal sentido, en la distribución por clase y edad casi todos los países suelen tener un protagonismo mayor de estratos más bajos”, afirmó el especialista en este chequeo.

Si se considera el nivel educativo como un indicador del nivel socioeconómico de la población, 9 de cada 10 presos no terminó la educación secundaria. El hecho de que la educación se relaciona con el nivel socioeconómico está demostrado en varios estudios (ver acá).

Por otra parte, el penalista y juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en su libro Derecho Penal explica que parte del proceso de criminalización corresponde al accionar de las agencias policiales, que deben escoger entre la inactividad o la selección de ciertos delitos. Según él, el estereotipo acaba siendo el principal criterio selectivo: “Por tratarse de personas desvaloradas, es posible asociarles todas las cargas negativas que existen en la sociedad en forma de prejuicio, lo que termina fijando una imagen pública del delincuente con componentes clasicistas, racistas, etarios de género y estéticos”, establece.

La selectividad termina por hacer que el sistema no funcione para penar a otros tipos de delitos que no corresponden a los que llevan a cabo los más vulnerables, como los llamados delitos de cuello blanco.

“El que te puede sacar la billetera en el colectivo, no puede fundar y fundir un banco. Y por otra parte detectar al que te saca la billetera en el colectivo es mucho más fácil que detectar al que funda y funde un banco”, aclaró Zaffaroni en una entrevista en la TV Pública.

Un ejemplo de esta situación se encuentra en los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena (SNEEP). Mientras en 2012 a nivel nacional había presas más de 3.800 personas por hurto (robos sin violencia), había por otro lado 73 personas encarceladas por delitos asociados a la infracción de la ley penal tributaria. Desde la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), sólo se llegó a tres condenas por lavado de dinero (ver: Radiografía de la Unidad de Información Financiera (UIF)) y sólo en un 10% de los casos de delitos económicos iniciados se logra una condena.

Hay que tener en cuenta que, por lo general, quienes cometen hurto no van presos por este delito. Rodríguez aclaró que quienes figuran en las estadísticas como presos por hurto en general es por reincidencia, es decir, que anteriormente cometieron delitos y fueron beneficiados con condenas de ejecución condicional (no ir preso con la condición de no cometer un nuevo delito; así sea uno leve).
 
Más prisión preventiva en las villas

Aunque una cosa son los procesos criminales (que terminan en absoluciones o condenas) y otra diferente las encarcelaciones que ocurren o no en ellos, otro causa que lleva a que más residentes de villas estén encarcelados, es que uno de los factores que un juez considera a la hora de dictar la prisión preventiva, es decir dejar encarcelada a una persona hasta el juicio, es el hecho de no tener un domicilio fijo porque esto contribuye a aumentar la posibilidad de fuga, uno de los elementos que se consideran a la hora de dictar estas sentencias. Como en los asentamientos precarios no siempre hay calles ni existe la posibilidad de que sus habitantes informen un domicilio a las autoridades, ello constituye un factor diferencial que afecta negativamente su posibilidad de transcurrir en libertad durante un proceso.

El estereotipo de la pobreza

El estereotipo que asocia la pobreza y la delincuencia es común en la Argentina y en el resto de Latinoamérica. Según varios estudios, esta correlación es la produce discriminación de parte de la sociedad hacia las personas de bajos recursos.

“Las personas en situación de pobreza deben trabajar para mejorar sus condiciones de vida en contextos económicos y sociales desfavorables. Al mismo tiempo, atraviesan constantes situaciones de discriminación a causa de estereotipos que recaen sobre ellas, como aquel que asocia la condición de pobreza con la de ser delincuentes. O el ser vistos como objeto de sistemas clientelares que les imponen los políticos, sin poseer capacidad crítica ni resolutiva frente a los mismos”, establece un informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
 
Más del 80% de la población de la mayoría de países de América Latina reconoce que hay personas discriminadas, y de éstas los pobres ocupan el primer lugar, afirma el economista y asesor especial de la ONU, Bernardo Kliksberg, en su libro Escándalos Éticos. Kliksberg explica que discriminar a las personas por ser de bajos recursos implica considerar la pobreza una decisión individual, y dejar de lado las razones de la desigualdad social.