Alberto Fernández: “Vamos a cuidar nuestros bosques“

Durante el segundo debate presidencial que se realizó en 2019, el ahora presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó los ejes de lo que sería su mandato y prometió que iba a “cuidar nuestros bosques”, entre otros compromisos. A casi un año de haber asumido, ¿cómo evolucionó el cuidado de los bosques nativos durante el gobierno de Fernández y que acciones se tomaron desde entonces?

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre último, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió a las provincias alertas por 226.611,8 hectáreas de posible deforestación, según contestaron desde dicha cartera a Chequeado. La mayor parte corresponde a Córdoba (86.365,6), Formosa (65.302,7) y Chaco (28.448.7). Un análisis independiente de la ONG Greenpeace reportó 48.656 hectáreas deforestadas entre el 15 de marzo y el 31 de octubre. 

Ello indica que la deforestación se mantuvo en niveles similares o más altos a los de los últimos años, bajo la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y Cristina Fernández de Kirchner (Frente Para la Victoria). En 2015 se deforestaron 156.879 hectáreas; en 2016, 155.851 hectáreas; en 2017, 172.639 hectáreas y en 2018, 183.638 hectáreas, de acuerdo con informes del Ministerio de Ambiente de la Nación. Los datos de 2019 todavía están en elaboración y, por el momento, no disponibles, según informó la cartera a este medio. 

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a Chequeado que los bosques están “bajo presión” en el gobierno de Fernández a partir de iniciativas del sector agropecuario que podrían incrementar todavía más la deforestación. Tal es el caso del proyecto para instalar 25 fábricas de carne de cerdo para exportar a China en el norte de Argentina y la baja de retenciones a cultivos como la soja. 

Ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación cuestionaron una serie de problemas heredados de la gestión de Macri en materia de bosques. Entre ellos: falta de transferencias a las provincias de los recursos para el cuidado de los bosques, subejecución de proyectos y planes, ineficiencia del sistema de alerta temprana de deforestación y una débil articulación con las provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

A partir de ello, se acordó con todas las provincias un esquema de transferencias que permitió poner en disponibilidad $ 660.990.565 por la compensación que la Ley de Bosques establece por la conservación de los bosques. Además, se mejoró la ejecución del proyecto Bosques y Comunidades y se fortaleció el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), que hoy procesa 15 imágenes satelitales por día, según el Ministerio de Ambiente.

Diego Moreno, ex secretario de política ambiental durante el gobierno de Macri, sostuvo a Chequeado que la demora en las transferencias de fondos de la Ley de Bosques a las provincias ocurrió por una falta de rendición por parte de las mismas. Además, vinculó los problemas en el sistema de alerta temprana a que el mismo estaba en una fase de prueba luego de su lanzamiento a fines de 2018 y defendió la articulación en el Cofema, donde sostiene que se llevaron adelante reuniones mensuales sobre los bosques. 

Actualmente se mantienen diversas problemáticas. El Proyecto de Presupuesto 2021 estipula un monto de $1.212 millones para proteger los bosques nativos, es decir apenas el 4,8% de lo que debiera asignarse de acuerdo con la Ley de Bosques. La Argentina tiene más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, por lo tanto este monto equivale a destinar $ 25 anuales a la protección de cada hectárea.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre, sostuvo a Chequeado que hay una desfinanciación sistemática de la ley desde su sanción, que ahora se repite con el nuevo presupuesto. Además, destacó la necesidad de abordar otras problemáticas de la ley, como los pocos planes de manejo y conservación. Ello fue resaltado en un documento de Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en junio último. 

En diversas declaraciones, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, reconoció los problemas de la Ley de Bosques y consideró que debe ser modificada. Consultado al respecto, el Ministerio señaló la intención de debatir 2 aspectos de la ley. Por un lado, la categoría verde, la cual permite deforestar de manera legal, y por otro repensar el sistema de sanciones para tipificar como delito penal los desmontes ilegales.

Jaramillo coincide con la importancia de ambos objetivos, pero cuestiona las formas, ya que considera que no es necesario reabrir el debate legislativo sobre la Ley de Bosques. “Si la ley se implementara plenamente tiene un enorme potencial. Por ejemplo, si se quieren prohibir los desmontes, la ley ya contempla esa posibilidad a través de los ordenamientos territoriales en las provincias”, sostuvo.

El primer año de gestión de Fernández también coincidió con incendios de bosques, humedales y pastizales de gran magnitud en diversas provincias de la Argentina. En ese sentido, el Gobierno reintegró el Plan Nacional del Manejo del Fuego al Ministerio, el cual estuvo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri, y creó un sistema de faros de conservación para prevenir los incendios.

A ello se le sumó un reciente proyecto de Máximo Kirchner (Frente de Todos) que propone prohibir, durante 30 años, que se modifique el destino dado a aquellas áreas afectadas por incendios, hayan sido intencionales o no. Si bien destacaron la idea, Jaramillo y Giardini recordaron que dicha prohibición ya existe para los bosques en la Ley de Bosques, por lo que ahora lo que se sumaría son los humedales y pastizales.

Por lo tanto, la promesa de Fernández se encuentra en proceso, pero está demorada. Las acciones ya implementadas -como la movilización de fondos congelados para el cuidado de los bosques y la mejora del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, además de que se reintegró el Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente- van en la dirección de ayudar a frenar la deforestación en la Argentina. Pero en el Proyecto de Presupuesto 2021 la Ley de Bosques continúa con un financiamiento muy menor al que le corresponde (apenas el 4,8% de lo que debiera asignarse), como ocurre desde su sanción en 2007 

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.