La deforestación del Gran Chaco continuó durante el aislamiento

La pandemia puso el foco en la crisis sanitaria y muchos otros temas quedaron fuera de la agenda pública. Uno de ellos es el desmonte en el norte de la Argentina. La conservación de los bosques nativos del país está regulada con diferentes usos que se le pueden dar a las zonas: verdes, que se pueden transformar; amarillos, que sólo pueden tener ciertos usos; y rojos, que deben ser totalmente protegidos. Greenpeace denuncia que durante la cuarentena se realizaron desmontes en el Gran Chaco, que incluye territorios en las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Entre el 15 de marzo y el 31 de mayo últimos se deforestaron 14.906 hectáreas, según la denuncia de la organización ambiental. Es el equivalente a casi el 75% de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fueron 7.759 hectáreas en Santiago del Estero; 3.073 en Formosa; 2.435 en Salta y 1.639 en Chaco, según calculó Greenpeace. Estos desmontes podrían estar bajo las autorizaciones previstas por la ley, pero la organización denuncia que no debería hacerse ningún desmonte durante el período excepcional, señaló Hernán Giardini, coordinador de campaña de bosques de Greenpeace. Argumentó que no es una actividad habilitada expresamente por el decreto de aislamiento obligatorio.

En la misma línea, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que se deberían suspender los permisos durante la pandemia dado que “hoy no existe en los hechos capacidad para efectuar los controles correspondientes”.

Los controles habitualmente los realiza un departamento de fiscalización, dependiente de la dirección responsable de bosques nativos de cada provincia. Se visita los focos detectados para detener los trabajos ilegales e iniciar las sanciones correspondientes según la ley de bosques. Los servicios provinciales de teledetección de imágenes satelitales y el Sistema de Alerta Temprana de deforestación (SAT) del Ministerio de Ambiente de la Nación registran los cambios de cobertura boscosa..

FARN presentó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un pedido de informes sobre la evolución del desmonte en el período de la cuarentena y las medidas preventivas que se adoptaron, según informó la Directora Ejecutiva Adjunta, Ana di Pangracio, a Chequeado.

Chequeado se comunicó con los gobiernos de las provincias involucradas, pero Formosa y Santiago del Estero no contestaron hasta el momento de publicación.

En el caso de Salta, Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que encontraron un caso de desmonte sin autorización en Rosario de la Frontera, donde se inició un sumario. El resto de los desmontes estaban autorizados, según explicó, pero agregó que de todos modos hizo una presentación al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si la deforestación autorizada es legal en el período de aislamiento social obligatorio.

En cuanto a las zonas que están en Chaco, la Subsecretaría de Recursos Naturales de de la provincia publicó en su sitio web informes sobre la detección e intervención de desmontes ilegales, entre ellos el análisis del primer informe de Greenpeace. En este, registraron 215,6 hectáreas de desmonte ilegal de las 1.457 que identificó la organización en el primer mes. El resto, señalan, pertenecen a zonas verdes o amarillas autorizadas, según la normativa vigente. Los permisos forestales y la evaluación de nuevas solicitudes se habían suspendido y se reanudaron a principios de junio. La provincia definió la “fiscalización forestal” como servicio esencial durante el aislamiento para mantener las tareas de control.

En 2007 se aprobó la llamada ley de bosques, que establece que cada provincia debe definir las zonas que deben ser conservadas o que pueden ser transformadas en distinto nivel, con las categorías de colores, verde, amarillo y rojo. Para preservar las zonas que deben ser protegidas, se definió un presupuesto mínimo de protección ambiental de los bosques nativos, que debería ser más del 0,3% del presupuesto nacional.

Desde entonces, sin embargo, este mínimo nunca se cumplió y los presupuestos para conservar los bosques estuvieron por debajo del porcentaje previsto por ley. Según FARN, en 2019 se le asignó 0,01% del presupuesto nacional, lejos del 0,3% previsto; en 2018 se le asignó 0,02% y en 2017, 0,03%. En el período de 2010 a 2016 tampoco se cumplió, como se muestra en esta nota de Chequeado. Dado que no hay un presupuesto aprobado para 2020, no hay información oficial sobre cuánto se le asignará a la protección de bosques.