Echegaray: “El uso de facturas apócrifas o facturas falsas nace del sector privado y termina en el sector privado”

En una conferencia de prensa, el director de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, aseguró que el uso de facturas falsas es un problema exclusivo del mundo empresarial: “El uso de facturas apócrifas o facturas falsas nace del sector privado (…) y termina en el sector privado”.

Las declaraciones fueron a raíz de una nota del diario La Nación, que vincula al empresario Lázaro Báez y la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una maniobra que incluiría falsas facturas. La AFIP difundió un listado de 1.200 empresas que utilizarían esta técnica para evadir impuestos.

Contrariamente a lo que afirma Echegaray, existen casos de uso de facturas falsas en los que hubo funcionarios públicos involucrados, como el caso de la constructora sueca Skanska o una confesión que hicieron empleados de la marca de ropa Ralph Lauren. Durante gestiones anteriores también ocurrió, como fue el caso de la empresa de tecnología IBM en su contrato con el Banco Nación en la década de los ‘90.

“No hay datos exactos de la participación de funcionarios públicos en las causas que involucran facturas falsas, dado que el Poder Judicial no informa de manera detallada sobre los casos, y los casos en los que se llega a una condena son muy pocos”, señaló Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).  Y agregó: “De todas maneras, existen casos en los que hubo funcionarios públicos involucrados”.

Uno de ellos es el llamado caso Skanska, en el que se denunció el uso de facturas falsas para pagar sobornos a funcionarios públicos. La causa principal, en la que estaban involucrados varios funcionarios, entre ellos el ex secretario de Energía Daniel Cameron, terminó con su sobreseimiento, ya que no se pudo determinar que se hubiese pagado sobreprecios.

En una causa aledaña, sin embargo, se condenó a varios acusados por asociación ilícita para vender falsos comprobantes, que habrían sido utilizados por Skanska. Entre los miembros de la asociación se encontraban funcionarios de la propia AFIP, como Hernando Fandiño, funcionario de la Agencia Nº 9 de la AFIP-DGI, quien contribuyó a que se le dieran beneficios fiscales a la empresa.

Otro caso en el que hubo participación de funcionarios públicos en el uso de falsas facturas fue el de la marca de ropa Ralph Lauren, que reconoció frente a la comisión reguladora de la bolsa de los Estados Unidos, que había usado facturas falsas para pagar sobornos a funcionarios para importar sus productos a la Argentina y evitar controles aduaneros.

Otro caso, anterior a esta gestión, es el de IBM-Banco Nación, en el que se investigó a funcionarios y directivos de la empresa de tecnología que debía informatizar el banco público. En este caso se descubrió el pago de sobornos por parte de la empresa privada a funcionarios públicos gracias a la presencia de falsas facturas en la contabilidad de IBM (aquí se puede ver un resumen de la causa).

El director de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, aseguró a Chequeado que hoy no hay en las bases de datos “funcionarios publicos imputados en causas donde se investigan usinas apócrifas”, aunque agregó que tienen “una causa muy grande en la que hemos pedido información a AFIP, y aun no recibimos la respuesta”.

Más allá del involucramiento directo de funcionarios en estos casos, Carrara recordó que el hecho de que sea entre privados no quita que se trate de un delito económico, o “que no exista una responsabilidad más amplia de los distintos organismos y poderes del Estado en la prevención, la investigación y la persecución de estos delitos. Por ejemplo, la ineficiencia en la investigación también es algo que resulta funcional al fenómeno criminal, por más que se pueda decir que es un delito ‘solo entre privados’”, precisó.