Garavano: “Por cada 100 delitos que se cometen, menos de una persona está cumpliendo prisión efectiva”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se refirió en una entrevista con el canal A24 a los problemas de la Justicia penal y a las pocas condenas de prisión que hay en la Argentina: “Por cada 100 delitos que se cometen, menos de una persona está cumpliendo prisión efectiva”, graficó. ¿Qué dicen los datos?

Sobre el total de delitos que se judicializan, sólo el 1,4% llega a una condena de cumplimiento efectivo, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Si a esto se suman los delitos no denunciados, menos de una de cada 100 personas que cometen un delito van a prisión, como mencionó el ministro.

Desde la cartera a cargo de Garavano explicaron que la fuente de esa afirmación son las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación y los datos de sentencias judiciales que brinda el Registro Nacional de Reincidencia, que depende del Ministerio de Justicia.

Las estadísticas sobre delitos muestran que en 2017 se cometieron casi 1,5 millones de hechos delictivos. La mayor parte pertenece a la categoría de delitos contra la propiedad, como los robos, y en segundo lugar a los delitos contra las personas, como los homicidios y las lesiones.

Por su parte, los datos del Registro Nacional de Reincidencia muestran que en 2016 en todo el país se dictaron 37 mil sentencias condenatorias, sumando todas las causas de la Justicia federal, nacional y provincial. De este total, 20.872 están calificadas como “condena a cumplir”, es decir que se trata de condenas de cumplimiento efectivo, como señala Garavano, y por ende los enjuiciados van a prisión.

Por lo tanto, del total de 1,5 millones de hechos delictivos que se cometen en un año, en casi 21 mil se aplica una condena de prisión efectiva. Esto quiere decir que no se producen penas de prisión en el 98,6% de los delitos, un porcentaje similar al mencionado por Garavano. Si se utilizan para ambos indicadores (delitos y sentencias) los datos de 2016, el porcentaje es idéntico.

Esta situación es aún más grave, ya que “la mayoría de los delitos no se denuncian y por ende ni siquiera se judicializan”, explicó a Chequeado Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Y, además, destacó que -incluso contando sólo los delitos que sí llegan a una autoridad judicial- “la cantidad de condenas sigue siendo muy baja”.

La última Encuesta de Victimización publicada por el INDEC no tiene la estadística del total de delitos. Sin embargo, sostiene que el 47,5% de los delitos contra el hogar y el 66,3% de los delitos contra las personas no se denuncian. La anterior encuesta, publicada en 2011 por el Ministerio de Justicia de la Nación, destacaba que casi el 70% del total de delitos no se denunciaban. Es decir que si se incluye en el cálculo a la llamada “cifra negra” del delito, las condenas privativas de la libertad son menos al 1%, como afirmó Garavano.

“La Argentina, debido a los problemas de administración de Justicia, tiene una muy baja tasa de condena”, describió a Chequeado Diego Gorgal, especialista en seguridad y docente de la materia Política de Seguridad y Justicia de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). “Quienes efectivamente son sancionados por el sistema penal son los delincuentes amateurs o de menor nocividad”, destacó Gorgal y concluyó que la baja expectativa de sanción “afecta la capacidad disuasoria de la policía”.

El problema es estructural pero se pueden alegar algunas razones, señala Bergman. “Hay delitos menores que no deberían ser judicializados. En muchos casos, además, las causas que se resuelven no son los expedientes complejos, sino los de investigación más fácil. Los fiscales están entrenados para acusar, no para investigar”, explicó.

Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó en este chequeo que el indicador mencionado por el Ministro “resume un conjunto muy heterogéneo de información en tanto reúne fenómenos delictivos de distinto tipo“.

Y concluyó: “La tasa de resolución de delitos es baja pero el problema no son las leyes penales sino una mala política de prevención del delito y el mal funcionamiento del sistema de Justicia. Los aparatos de investigación criminal, que recaen principalmente en la policía, el Ministerio Público Fiscal y los jueces de instrucción, tienen pocos recursos y una capacidad limitada de resolver casos complejos”.