Ingreso democrático: sólo en el Poder Judicial

“La Presidenta se llenó la boca con los concursos, (que) obviamente no (se aplican) en el Poder Ejecutivo pero sí (lo harán) en el Poder Judicial”, destacó la diputada Liliana Parada (Unidad Popular-FAP) en la sesión parlamentaria del último miércoles, respecto del proyecto que prevé el ingreso por concurso público para los empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

La mayoría de quienes ingresan al Poder Ejecutivo (PE) acceden por contrato, y no mediante concursos públicos. El sistema de concursos existente en el Ejecutivo se aplica en pocos casos. En el Legislativo tampoco se utiliza este mecanismo para incorporar personal (ver recuadro).

El proyecto de ley con media sanción de la Cámara baja propone los concursos públicos para acceder a cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Regula el ingreso de los funcionarios letrados, los empleados y el personal de maestranza y oficios, con requisitos de ingreso para cada cargo.

En el PE hay un total de 328.589 mil empleados, de los cuales 51.396 (el 16%) son contratados (ver datos oficiales acá), ya sea para trabajos temporales o para consultorías profesionales. En la práctica éstos terminan revistando con características similares a las de los trabajadores permanentes, y se trata de las dos modalidades que más ha utilizado el PE para incorporar personal en los últimos años.

La normativa vigente para estos dos casos (Ley Marco de Empleo Público y decreto 2345/08) no exige explícitamente la implementación de concursos públicos para el ingreso, sino más bien “condiciones de conducta e idoneidad para el cargo”.

Tal modalidad de contrataciones “configuró una burocracia paralela al aparato administrativo, conformada por un lado por expertos con calificaciones técnicas; y por otro, por una burocracia clientelar, en la que priman los criterios de lealtad política o afiliación partidaria para ingresar al Estado”, diferenció a Chequeado.com Diego Pando, profesor-investigador de la Universidad de San Andrés y especialista en gestión de la Administración Pública.

Otro de los mecanismos para el ingreso de personal es el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Creado por decreto en 2008, reemplazó al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) de los años 90, cuyo objetivo principal era homogeneizar los 58 regímenes laborales entre los que hoy se distribuye el personal civil.

Este sistema incluye distintos mecanismos de selección meritocráticos, como los concursos públicos. De todas maneras, según Pando, “menos del 10% del personal civil del gobierno nacional y los organismos descentralizados revista bajo las condiciones del SINEP”.

A ello se agrega que “existen casos puntuales de empleados que entraron por concursos públicos” en el marco del sistema, aunque “en los últimos años no hubo llamados para personal de baja jerarquía”.

Para los casos de jerarquías medias y altas, que también se rigen por el SINEP, “el sistema es laxo”, remarcó Guillermo Schweinheim, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. “El sistema no especifica el periodo al que está obligada la administración para llamar a concurso, y prevé que hasta tanto éste no se sustancie, un director puede ser designado de manera transitoria, mecanismo que se hizo regla desde el 2001 hasta hoy”, recordó.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Trabajo de la Nación abrieron en los últimos años concursos para el ingreso a planta permanente, pero “en la mayoría de los casos tienden a confirmar a los empleados que ya están contratados”, sostuvo Schweinheim.

Tradicionalmente, los funcionarios se designan con criterios más políticos que meritocráticos. El especialista señaló, sin embargo, que hay algunos casos excepcionales donde el ingreso es por mérito, como selección por examen, cursos de formación-selección o criterios gerenciales. Son el Banco Central, el Banco Nación, el Cuerpo de Administradores Gubernamentales y la AFIP, según Schweinheim.

Pando reconoció que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se impulsó la “estabilización de las relaciones laborales en el Estado” y la creación del SINEP, pero concluyó que “han sido débiles los intentos por profesionalizar la burocracia a partir de la generalización de concursos públicos”.