Coronavirus y el Poder Judicial: qué medidas tomaron distintas jurisdicciones para seguir funcionando

En el medio de la pandemia del coronavirus, los 3 poderes nacionales se vieron afectados en su funcionamiento. El Poder Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso que la administración pública nacional funcionara de forma remota y sólo presencialmente en el caso de las actividades exceptuadas, a la vez que el mandatario mantuvo diversas reuniones por videoconferencia. En el Poder Legislativo se realizaron distintas comisiones por video, aunque todavía siguen debatiendo sobre la posibilidad de sesionar de forma virtual (ver esta nota para más información). ¿Qué pasa en el Poder Judicial?

La Corte Suprema de la Nación publicó una acordada el lunes último en la que prorrogó la feria judicial extraordinaria que se determinó por el coronavirus hasta el 10 de mayo -en línea con lo que anunció Fernández sobre el aislamiento obligatorio-. En esa misma acordada, los jueces de la Corte pidieron a los tribunales que tomen “las medidas pertinentes” con el fin de adecuar su funcionamiento “de forma de garantizar la prestación del servicio de justicia”.

“La suspensión de ciertas actividades jurisdiccionales, aun cuando necesaria, impacta de forma directa en el rol insustituible que tiene el Poder Judicial en la resolución de vulneraciones de derechos -muchas de las cuales se seguirán profundizando fruto de este cese de actividades-, y en el control sobre los otros poderes del Estado, el que no puede quedar virtualmente suspendido durante un período indefinido de tiempo”, sostiene un comunicado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el que consideró “importante” que los poderes judiciales “busquen las vías y mecanismos de trabajo remoto que les permitan reanudar -de forma paulatina pero célere- con la actividad jurisdiccional”. 

Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), destacó a Chequeado que “ha sido dificultoso acoplar esta actividad judicial con las medidas de restricción establecidas en los decretos del Poder Ejecutivo por razones sanitarias”, pero aclaró que “es indudable” que el sistema judicial está funcionando y descartó el pensamiento de que el Poder Judicial “no brinda una respuesta” durante la pandemia. 

¿Qué sucede en las provincias?

Ariza aclaró que la Justicia tuvo que entender “que los modos de peticionar ante los tribunales no podían ser los habituales, es decir, los presenciales”. En este sentido, aunque afirmó que sigue habiendo problemas -como los sistemas informáticos o la conectividades- destacó que hubo una adaptación impuesta por la situación, ya sea “de manera programada o improvisada”, con innovaciones en distintos puntos del país como “audiencias por medios digitales, la utilización de sistemas que ya estaban preparados para el uso del expediente electrónico o mesas de entradas digitales, así como el envío de escrito judiciales por correos electrónicos o incluso avalar notificaciones por Whatsapp”.

Hubo distintas medidas que tomaron los organismos judiciales de todo el país. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, creó una comisión para estudiar alternativas sobre su funcionamiento durante la pandemia, mientras que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires publicó una resolución en la que busca una reanudación paulatina de la actividad. 

En el caso de la provincia de Córdoba, entidades profesionales y tribunales crearon un protocolo específico para las audiencias a distancia. ACIJ, por su parte, destacó la decisión del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que habilitó para ciertos casos “la realización de audiencias digitales en reemplazo de las presenciales”. Ariza también destacó el caso de San Luis o Mendoza, que ya había avanzado en su proceso de digitalización, lo que facilitó el trabajo en tiempos de pandemia.

Sin embargo, ACIJ también aclaró en su comunicado que “son muchos los pasos que aún deben darse para poder restituir la prestación del servicio de justicia en forma adecuada en las distintas jurisdicciones del país”. Si bien sostuvo que la digitalización es un proceso complicado, consideró “imprescindible” dar ese salto, al que consideró “fundamental en la gestión judicial y la transparencia”.

 

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