Macri: “Impulsar la ley del arrepentido”

En el debate presidencial que se realizó en 2015, el entonces candidato de Cambiemos y hoy presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció medidas para luchar contra la corrupción. Entre ellas, prometió “impulsar la ley del arrepentido”.

Fue uno de los anuncios de Macri que más rápido se cumplió. A menos de un año del inicio de su Presidencia, el Congreso nacional sancionó una norma que unificó todas las legislaciones que existían sobre “arrepentidos” e incorporó a los delitos contra la administración pública (es decir, los de corrupción). La ley se transformó en una pieza clave de la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno por coimas vinculadas a la obra pública.

La figura del “arrepentido” es una herramienta del derecho penal por la que un imputado o procesado en una causa puede obtener beneficios procesales a cambio de aportar información que contribuya al esclarecimiento de un delito. Esos beneficios pueden ser una reducción de la pena al final del juicio o excarcelaciones durante el proceso judicial.

El Poder Ejecutivo Nacional envió en abril de 2016 un proyecto al Congreso para regular esta figura, que ya existía para algunos delitos. Por ejemplo, la llamada “ley de lavado” contemplaba reducción de penas para personas que aportaran información para la investigación de este tipo de delitos. Lo que proponía el proyecto del Ejecutivo era unificar todas las legislaciones existentes e incorporar a los delitos contra la administración pública, es decir, los de corrupción.

Durante el proceso legislativo se introdujeron cambios y el proyecto que tuvo consenso fue finalmente uno redactado por el Frente Renovador, liderado por el diputado nacional Sergio Massa. En octubre de 2016 el Congreso sancionó la norma, que fue luego promulgada por el Ejecutivo.

Una de las condiciones fijadas por la ley es que los denominados “arrepentidos” deberán aportar información de sujetos comprometidos en delitos con pena igual o mayor a la del propio arrepentido. Es decir que para alcanzar el acuerdo se debe apuntar a la parte superior de la pirámide de la organización delictiva.

Por otra parte, se excluyó de la posibilidad de declararse arrepentidos a los funcionarios más importantes de la administración pública, los que son susceptibles de juicio político, como el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La nueva norma tuvo su mayor exposición durante 2018, con el surgimiento de la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, en la que se investiga el pago de sobornos vinculados con la obra pública. En total, 31 imputados celebraron acuerdos de colaboración con el fiscal federal Carlos Stornelli. Esto le permitió, a la mayoría de ellos, permanecer en libertad durante la investigación.

La ley exige que la Justicia, además, investigue y valide la veracidad de la información aportada por los arrepentidos. Así sucedió el 5 de septiembre último: el juez federal Claudio Bonadio, a cargo del expediente, dio por probados los aportes de los 31 arrepentidos.

La norma se aplicó en otros casos de corrupción relevantes. Alejandro Vandenbroele firmó un acuerdo de colaboración en llamada causa “Ciccone”, en la que fue el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Luego de aportar información, Vandenbroele, sindicado como el testaferro de Boudou, fue incluido en el Programa de Protección de Testigos e Imputados y recibió una pena de sólo 2 años de prisión, por lo que permanece en libertad.

En el último tiempo, la norma también tuvo eco en Brasil en el caso judicial conocido como “Lava Jato”. La “delación premiada”, como se la conoce en ese país, tiene algunas diferencias con la ley argentina. Allí no sólo se puede obtener una reducción de condena, sino que el juez también puede determinar el “perdón judicial”, es decir, la extinción de la pena. Además, a diferencia de la ley argentina, el texto brasilero no impone ningún tipo de restricción a funcionarios para declararse arrepentidos.

CUMPLIDA: el compromiso de campaña se llevó a cabo en el plazo previsto.