Micheli: “Cada vez hay más trabajadores en negro en nuestro país”

“Cada vez hay más trabajadores en negro en nuestro país”, dijo en una entrevista, en el programa “Encendido” de Rock & Pop, Pablo Micheli, secretario general de la CTA opositora, una de las tres centrales de trabajadores que organizan un paro nacional de 24 horas en reclamo de mejoras laborales y otros planteos sindicales, como la derogación del impuesto a las Ganancias.

El trabajo no registrado aumentó entre 2013 y 2014 en la Argentina. Pero la tendencia muestra que la proporción de trabajadores que se encuentra en esta situación no crece -como dijo Micheli- sino que está estancada desde hace cuatro años.

¿De qué hablamos cuando hablamos de “trabajadores en negro” o “no registrados”? En general, se considera que los “trabajadores en negro” son los que cobran un salario pero no reciben de los empleadores sus aportes para su futura jubilación. Así, tienen un vínculo frágil con sus “jefes” y no están protegidos por el Estado.

Los datos de trabajo no registrado (que miden el trabajo en negro dentro del sector asalariado) se encuentran en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que utiliza la información de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) realizada por el INDEC. Este gráfico cronológico detalla las tasas desde el cuarto trimestre de 2003, dos trimestres después del inicio del ciclo de gobierno kirchnerista en el país:

La frase de Micheli es ENGAÑOSA, de acuerdo con las cifras disponibles. El trabajo en negro creció casi en un punto entre 2013 y 2014. Pero desde 2010 el porcentaje no aumenta sino que está estancado en torno al 34 por ciento.

Si bien no se registra la fuerte caída que hubo entre los años 2003 y 2007, la tasa no aumenta año a año como dijo Micheli. Este mismo comportamiento del trabajo no registrado es descripto por el Observatorio del Derecho Social, que depende de la CTA que lidera el propio sindicalista, en su último informe correspondiente al cuarto trimestre de 2014.

La medición del Ministerio de Trabajo en base a la EPH sólo contabiliza a los trabajadores no registrados dentro del sector asalariado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, calcula lo que llama la “tasa de empleo informal”, que incluye, además de los asalariados en negro, a los trabajadores cuentapropistas (como los gasistas y electricistas), trabajadores familiares, miembros de cooperativas de productores informales y dueños de sus propias empresas del sector informal, entre otros subgrupos.

Esta última tasa muestra, según los cuadros estadísticos de la OIT, una reducción de la informalidad en la Argentina desde 2009, pasando del 49,2% al 46,8% en 2013 (último dato disponible). El promedio de América Latina es el mismo que nuestro país para ese año, pero otras naciones del continente, como las limítrofes Brasil (36,5%) y Uruguay (33,1%), se ubican por debajo.

Luis Beccaria, especialista en mercado laboral de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), explicó a Chequeado que la permanencia de este problema se explica principalmente por el peso de las pequeñas empresas en el mercado laboral.

“En una estructura productiva sesgada hacia establecimientos o empresas pequeñas, la capacidad de supervisión se vuelve difícil y eso, en cualquier lugar, favorece el empleo no registrado”, observó el también doctor en Economía de la Universidad de Cambridge, y agregó que existe el problema de “presionar demasiado a las firmas para incentivar el blanqueo, pero al mismo tiempo afectar su capacidad económica para que sigan operando”.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) calculó, en un informe publicado en 2013, que los establecimientos con menos de diez trabajadores alcanzan a casi el 70% del empleo privado total de la Argentina.

En 2014, el Congreso de la Nación aprobó una ley que tiene como principal objetivo reducir esta problemática laboral. Se trata de la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.

Sin embargo, según pudo confirmar Chequeado, el Ministerio de Trabajo de la Nación aún no cuenta con datos sobre el impacto de la norma, que establece reducciones a los aportes patronales de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tenga cada empleador.