Es engañosa la cita adjudicada a Roberto Castellano sobre la ley de vacunas contra el coronavirus
- Circula en Facebook un posteo que sostiene que no se puede saber qué contiene la potencial vacuna contra la COVID-19 y que si un paciente “queda tetrapléjico no puede ir a la Justicia”.
- Si bien es cierto que el proyecto de ley que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados plantea la “confidencialidad de los componentes de la vacuna”, esto no rige ni para la Anmat ni para el Ministerio de Salud de la Nación.
- Es falso que si un paciente sufre eventos adversos atribuibles a la vacuna no podrá recurrir a la justicia para demandar a la empresa que la fabricó.
Circula en Facebook una publicación con una frase que indica: “Diputados ha decidido que Ud no puede saber qué contiene la vacuna del COVID. Y que si queda tetrapléjico no puede ir a la Justicia” (sic). La imagen está acompañada de la foto del “Dr. Roberto Castellano” presentado como el presidente de la ONG Pro Vida. Sin embargo, el posteo es engañoso ya que una parte de la información que plantea es verdadera pero otra es falsa.
La confidencialidad de la vacuna
Es cierto que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto denominado “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID 19” y que en su artículo 4º refiere a la “confidencialidad” de los componentes de la potencial vacuna.
Como explicó Chequeado en una nota anterior, el proyecto establece “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”, siempre y cuando éstas respeten “las leyes 27.275, de Acceso a la Información Pública; 26.529, de Derechos del Paciente; y normas concordantes, complementarias y modificatorias”. Sin embargo, esto no significa que las autoridades de salud no puedan acceder a los datos sobre cómo está elaborada la vacuna, sino que no pueden publicar esa información.
El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos), autor del proyecto de ley que recibió media sanción, explicó a Chequeado: “Para que la la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) registre la vacuna y el Ministerio de Salud de la Nación la autorice, toda la fórmula estará absolutamente expuesta, las fases 1, 2 y 3 [de los ensayos clínicos], los efectos colaterales, cuáles son los menores y cuáles los peores. Inclusive el último átomo de la vacuna va a ser evaluada”.
Las “cláusulas de confidencialidad” establecidas en el proyecto se refieren exclusivamente a que los datos de la fórmula de la vacuna no se publiquen, en base a los acuerdos de confidencialidad del mercado internacional. Pero éstas no rigen ni para la ANMAT ni el Ministerio de Salud de la Nación, que estarán informados sobre la transparencia en la gestión y la evaluación técnica de la misma.
La posibilidad de recurrir a la Justicia
El posteo sostiene que si un individuo que recibe la vacuna “queda tetrapléjico no puede ir a la Justicia”. Sin embargo, esto es falso.
El proyecto de ley, tal como previamente explicó este medio, no tiene el objetivo de perjudicar a los ciudadanos sino establecer marcos legales que faciliten el trabajo de investigación y desarrollo en el contexto de crisis sanitaria por la pandemia.
Yedlin explicó a Chequeado que la propuesta “no otorga ninguna protección jurídica” a los laboratorios sino que permite la “prórroga de jurisdicción”, lo que “significa que, si hay un problema legal y si esta prórroga de jurisdicción es exigida en alguno de los contratos [entre el Estado y estas compañías], puede resolverse en los tribunales del país o la ciudad que el contrato establezca”.
En esa línea, la prórroga de jurisdicción es para los contratos entre el Estado y estas compañías por la venta de vacunas, no por efectos adversos que se podrían suscitar en algunas personas que se vacunen.
En caso que exista la intención de un ciudadano de iniciar un proceso judicial contra la empresa proveedora de la vacuna está contemplado en el mismo proyecto de ley: “En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.
Roberto Castellano fue contactado por Chequeado para confirmar el origen de sus dichos pero al momento de publicación de esta nota no respondió a la solicitud.
Si querés estar mejor informado sobre la pandemia, entrá al Especial Coronavirus.
Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. En los casos de fotos y videos trabajamos con imágenes trucadas o sacadas de contexto y siempre analizamos en conjunto las imágenes junto con el texto con el que fueron presentadas.
Fecha de publicación original: 21/10/2020
Comentarios
Valoramos mucho la opinión de nuestra comunidad de lectores y siempre estamos a favor del debate y del intercambio. Por eso es importante para nosotros generar un espacio de respeto y cuidado, por lo que por favor tené en cuenta que no publicaremos comentarios con insultos, agresiones o mensajes de odio, desinformaciones que pudieran resultar peligrosas para otros, información personal, o promoción o venta de productos.
Muchas gracias