Son falsas las afirmaciones sobre el proyecto de ley de vacunas de la médica Pamela Mas

Circula en WhatsApp y en Facebook un video protagonizado por una mujer que se presenta como “la Dra. Pamela Mas con matrícula provincial 2858 de la ciudad de Bahía Blanca” en el que critica el proyecto que tuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la “Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19”.

El video llegó en reiteradas ocasiones al número de WhatsApp (+54 9 11 3679-0690) de Chequeado, fue compartido más de 1000 veces en posteos de Facebook (ver acá, acá y acá) y cuenta con más de 7 mil reproducciones, según los datos aportados por la red social.

En sus declaraciones sostiene que, en caso de aprobarse este proyecto en la Cámara de Senadores, “los laboratorios pueden obviar contarnos los excipientes de las vacunas. Esto es confidencialidad de excipientes. O sea que nos pueden inyectar cualquier cosa, que no lo sabemos”. 

Además, agrega que “nuestros gobernantes le otorgan a estos laboratorios inmunidad legal en caso de que haya algún efecto adverso propiciado por la vacuna. O sea, si a mí me agarra un cáncer de acá a 3 años provocado por esa vacuna, el laboratorio no me paga sino que me paga el Estado”. Sin embargo, todo esto es falso.

La confidencialidad

Pamela Mas, que según la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps), cuenta con la matrícula 2858 habilitada para la Provincia de Buenos Aires, argumenta que “los laboratorios pueden obviar contarnos los excipientes de las vacunas. Esto es confidencialidad de excipientes. O sea que nos pueden inyectar cualquier cosa, que no lo sabemos”.  

Sin embargo, respecto a la “confidencialidad” de los componentes de la potencial vacuna, el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara Baja y tratará el Senado autoriza a “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”, siempre y cuando éstas respeten “las leyes 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias”.

El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos), autor del proyecto de ley en cuestión, explicó a Chequeado que el artículo 4º del proyecto de ley “maliciosamente se interpretó que eso significa que los argentinos se aplicarán una vacuna que nadie sabrá cómo está hecha”.

“Para que la la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) registre la vacuna y el Ministerio de Salud de la Nación la autorice, toda la fórmula estará absolutamente expuesta, las fases 1, 2 y 3 [de los ensayos clínicos], los efectos colaterales, cuáles son los menores y cuáles los peores. Inclusive el último átomo de la vacuna va a ser evaluada”, agrega Yedlin.

Las “cláusulas de confidencialidad” establecidas en el proyecto se refieren exclusivamente a que los datos de la fórmula de la vacuna no se publiquen, en base a los acuerdos de confidencialidad del mercado internacional. Pero no rige ni para la ANMAT ni el Ministerio de Salud de la Nación, que estarán informados sobre la transparencia en la gestión y la evaluación técnica de la vacuna.

La “inmunidad” de los laboratorios

La médica Mas agrega falsamente en su video que “nuestros gobernantes le otorgan a estos laboratorios inmunidad legal en caso de que haya algún efecto adverso propiciado por la vacuna. O sea, si a mí me agarra un cáncer de acá a 3 años provocado por esa vacuna, el laboratorio no me paga sino que me paga el Estado”.

Sin embargo, Chequeado también explicó en una nota que el espíritu de estas leyes, que también se discuten en otros países, no es perjudicar a los ciudadanos sino establecer marcos legales que faciliten el trabajo de investigación y desarrollo en el contexto de crisis sanitaria por la pandemia.

En este sentido, Yedlin explicó a este medio que la propuesta “no otorga ninguna protección jurídica” a los laboratorios sino que permite la “prórroga de jurisdicción”, lo que “significa que, si hay un problema legal y si esta prórroga de jurisdicción es exigida en alguno de los contratos [entre el Estado y estas compañías], puede resolverse en los tribunales del país o la ciudad que el contrato establezca”. “Ese lugar puede no ser necesariamente la Argentina”, completó.

Este punto está indicado en el artículo 2º del proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a incluir “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero”. La prórroga de jurisdicción es para los contratos entre el Estado y estas compañías por la venta de vacunas, no por efectos adversos que se podrían suscitar en algunas personas que se vacunen.

Y, en caso que exista la intención de un ciudadano de iniciar un proceso judicial contra la empresa proveedora de la vacuna, está contemplado en el mismo artículo: “En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

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Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. En los casos de fotos y videos trabajamos con imágenes trucadas o sacadas de contexto y siempre analizamos en conjunto las imágenes junto con el texto con el que fueron presentadas.