Reforma laboral: cuál es la situación de la informalidad en la Argentina y cuáles son sus causas, según especialistas

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), anunció que su gobierno impulsará una reforma del régimen laboral con el objetivo de “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”.

“Por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo ha empujado a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”, señaló el mandatario. 

¿Cuál es la situación actual del mercado laboral en la Argentina y cuáles son, según especialistas, las causas de este fenómeno? 

Casi la mitad de los trabajadores tienen empleos informales

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral (es decir, puestos de trabajo que no cuentan con estabilidad, aportes jubilatorios, obra social o vacaciones pagas) alcanzó al 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025, lo que implica un aumento 1,6 puntos con respecto a igual período de 2024 y 1,2 puntos sobre el primer trimestre de 2025. 

Según la consultora Invecq (que dirige el economista Esteban Domecq) esto implica “la ausencia de aportes y contribuciones al sistema previsional, lo que tiene múltiples consecuencias: por un lado, los trabajadores informales perciben salarios más bajos y carecen de acceso a vacaciones, cobertura de salud, indemnización por despido, seguridad social, entre otros derechos. Por otro lado, se erosiona la base de ingresos del sistema previsional”.

Los datos oficiales muestran que el 36,1% del total de trabajadores asalariados (es decir, quienes trabajan para un empleador) es informal, mientras que en el caso de los cuentapropistas (personas que realizan trabajos por su cuenta, sin depender de un jefe) el número asciende al 62,4%. 

Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad: casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años se encuentra trabajando fuera de la formalidad, número que se reduce al 36,5% en las personas de entre 30 y 64 años. 

Al interior del sector registrado también se da una mayor precarización laboral. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre enero de 2012 y junio de 2025 el empleo privado creció un 3,1%, mientras que el monotributo aumentó 64,8% y el empleo estatal, un 33,7%. 

Visto de otro modo, de los 2 millones de puestos de trabajo formales creados en ese período, el 42,9% fueron empleos estatales; el 42,5%, monotributistas; y el 9,4%, privado. 

Es decir que la creación de trabajo en los últimos años estuvo relacionada con las formas más precarizadas de empleo, en detrimento de los trabajos “de calidad” (por poseer aportes, estabilidad y derechos laborales). 

En este contexto, Invecq señaló que el aporte de los trabajadores formales sólo llega a cubrir el 70% de los gastos previsionales (pagos de jubilaciones y pensiones). Y agregó: “Para equiparar los aportes y contribuciones previsionales de un solo trabajador en relación de dependencia se requieren 27 monotributistas”.

El debate sobre los costos de contratación y los juicios laborales

Invecq señaló que un factor determinante para el aumento de la informalidad está relacionado con “los elevados costos de contratación. Argentina presenta los costos más altos de la región, en torno al 70% (ligeramente por encima de Brasil)”.

En el mismo sentido, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostiene que el peso de las contribuciones patronales en el costo laboral total de la Argentina ascendió al 21,2% en 2024, lo que ubica a nuestro país en el décimo lugar sobre una muestra de 39 países. 

Por su parte, el think tank Fundar desarrolló una propuesta de reforma del régimen de contribuciones patronales que si bien “la cuestión tributaria y la presión impositiva deben ser atendidas, hay que entender que la creación de empleo registrado está fundamentalmente vinculada a las condiciones de crecimiento económico sostenido de la economía”.

“Una reforma laboral no llevará a un salto en la cantidad de empleo de la economía, pero puede contribuir a mejorar su calidad y a la formalización de muchas relaciones laborales”, sostiene el documento.

Por otro lado, Invecq señaló que la litigiosidad laboral también repercute en el aumento de los costos laborales, y advirtió sobre un incremento en los juicios laborales en el primer cuatrimestre de 2025. 

Si bien la consultora destacó la eliminación de las multas laborales por despido como una “medida que redujo los incentivos a la litigiosidad al finalizar una relación laboral”, aseguró que “persisten zonas grises en torno al cálculo de los créditos laborales, con empresas aún expuestas a la discrecionalidad judicial y a la posibilidad de afrontar pagos hasta un 80% superiores a los que resultarían de un ajuste por inflación”.

En contraposición a esto, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, aseguró en X que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”.

El especialista aseguró en este sentido que “la enorme mayoría de los reclamos laborales son sencillos y se evitarían si los empleadores cumplieran con la ley”, pero señaló que “el problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores: tipo de cambio, infraestructura deficiente, mercado interno cada vez más pequeño, etc”. 

Y completó: “Al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”. 

El Gobierno nacional había impulsado su primer intento de modificación de la legislación laboral mediante el Decreto 70/2023, pero el capítulo laboral de este DNU fue declarado inconstitucional por la Justicia. Luego, el Congreso aprobó la Ley Bases, que incluyó algunas modificaciones al régimen laboral. 

Por ejemplo, modificaciones al período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral, el agravamiento de las indemnizaciones por despidos discriminatorios y habilitación a un trabajador independiente a contratar a otros trabajadores independientes, sin generar una relación de dependencia.

Este contenido forma parte de un proyecto conjunto entre Chequeado y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) para contribuir a elevar la calidad del debate público a través de la verificación de datos.