La Justicia de Estados Unidos revirtió el fallo por la expropiación de YPF y Argentina ya no deberá pagar US$ 16 mil millones

La Justicia de Estados Unidos revirtió la sentencia que obligaba a Argentina a pagar más de US$ 16 mil millones por la expropiación de YPF. 

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó el fallo de primera instancia de la jueza del Distrito Sur, Loretta Preska, quien en 2023 condenó a nuestro país a pagarle a 2 fondos una indemnización de US$ 16.100 millones (que, con intereses, hoy ascendería a US$ 18 mil millones) por considerar que incumplió el contrato de YPF al estatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas.

Por qué la Justicia falló a favor de Argentina 

En el fallo (que puede ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos), la Cámara de Apelaciones aseguró que Preska interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que pidió a la magistrada que revise sus conclusiones. 

El tribunal identificó 2 razones para revocar la condena. Por un lado, indicó que el estatuto de YPF no constituye un contrato que genere una responsabilidad por daños en caso de incumplimiento, por lo que al Estado no le corresponde el pago de una indemnización.

Esto era uno de los puntos principales del reclamo judicial contra nuestro país: los demandantes aseguraban que el Gobierno había incumplido con una cláusula que obligaba a quien comprara más del 15% de las acciones de la compañía a hacer una oferta similar al resto de los accionistas. 

En segundo lugar, el tribunal consideró que la ley argentina de expropiación tiene prioridad sobre el estatuto de la empresa. Por lo que, aún si el estatuto hubiera generado una obligación válida al país, esta no tendría efecto debido a que la ley de expropiaciones tiene mayor estatus jurídico. 

Un juicio millonario contra Argentina

La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y el proceso se extendió durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) Alberto Fernández (Frente de Todos) y el actual mandato de Javier Milei (La Libertad Avanza).

El caso fue iniciado por el fondo Burford Capital, que adquirió el proceso de quiebra de 2 empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi): Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en 2 operaciones en 2008 y 2011.

Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno argentino consideró “fraudulenta” esta operación, por lo que alegó que no debía continuarse con el litigio.

El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

La quiebra de las 2 compañías del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.

La demanda de Burfod Capital contra nuestro país sostenía que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. 

Además, se alegó perjuicio porque tras entrar en la compañía (los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido), el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

En marzo de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes, y el 15 de septiembre de ese año condenó al Gobierno al pago de US$ 16,1 mil millones por la estatización de YPF: US$ 14,4 mil millones correspondientes al Grupo Petersen y US$ 1,7 mil millones a Eton Park.

Nota en Desarrollo